El abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, estudioso de la “Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” o “PROMESA” (por sus siglas en inglés), dijo en Metro al Mediodía que no se debe pagar toda la deuda de los bonitas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), luego de la determinación del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston.
En el día de ayer, miércoles, el tribunal apelativo determinó que los bonistas tienen derecho para cobrar los $8,500 millones de dólares en bonos emitidos por la agencia pública, pero solo tendrán acceso a los ingresos netos de la AEE. El licenciado explicó que las reglas de las leyes de quiebra establecen que “si no hay ingreso neto, pues entonces los bonistas no cobran”.
“No es correcto (que hay que pagar toda la deuda) porque la decisión solamente atiende el aspecto técnico de la naturaleza de los bonos y lo que resuelve, que es importante y que cambia el juego, es que la garantía de los bonistas se extiende al flujo de efectivo neto de la Autoridad, tanto presente como futuro. Y eso es diferente a lo que la jueza (Laura Taylor Swain) resolvió, que era que la garantía se extendía a las cuentas donde efectivamente se había depositado ese ingreso neto y lo que hizo ella fue calcular entonces lo que no estaba asegurado. Y ahí, fue que llegó a los $2.3 billones de dólares, pero ya esa suma de dinero, que supuestamente era lo que se debía a los bonistas, se descarta. El Circuito dice que así no es, que se calcula el valor de los bonos, dice que es el valor, el face value de los bonos, más los intereses acumulados”, aclaró Emmanuelli Jiménez.
Continúo diciendo: “Lo que pasa es que la sentencia te dice que los bonistas tienen el bono asegurado. En los ingresos netos, presentes y futuros. Así que hay que primero cubrir todas las operaciones de la Autoridad, lo que se llama los correct expenses. Ahí está la nómina, los gastos operacionales, el mantenimiento, el sistema de retiro, lo que sobre es lo que garantiza a los bonistas. Antes la jueza había dicho lo que se deposita en las cuentas es lo que garantiza, ahora es lo que sobra. Por ende, si la Autoridad tuviese un problema de efectivo, de flujo de efectivo y no tuviera ingresos netos, la garantía de los bonistas es cero, porque así es que funcionan las reglas de quiebra, y es lo que no está aparente en la decisión y hace que se interprete como que entonces hay que pagar completo, no hay que pagar hasta el monto del valor de la garantía”.
El conocedor de “PROMESA” explicó que tras está decisión— que anula la determinación de la jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en Hato Rey, de revocar la demanda de los bonistas— podría ser necesario que se presente otro Plan de Ajuste de la Deuda (PAD-AEE). Detalló que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anticipó que la corporación pública no tiene los ingresos disponibles para pagarle a los bonistas, por lo que a todas luces no está garantizada la retribución.
“La posición de la Junta es ´esto no cambia mucho porque en realidad la Autoridad no tiene ingreso neto y, por tanto, no te tengo que pagar más allá de lo que se reciba como ingreso neto´. Pero los bonistas dicen todo lo contrario y eso es parte de las cosas que la jueza tendría que resolver y que es la encomienda que le dio el Circuito”, reiteró.
Precisamente, esto provocará una incertidumbre sobre cuál finalmente será el impacto en el bolsillo de los puertorriqueños. Emmanuelli Jiménez comentó que, en términos procesales, el pleito se podría extender un año más porque entiende que se comenzará un nuevo proceso.
Asimismo, el abogado puntualizó que positivamente la determinación establece que los bonistas no tienen recurso contra otros bienes y activos de la AEE, ni el gobierno central, ni el Pueblo de Puerto Rico.
Bonitas pueden fiscalizar a la AEE
El licenciado Emmanuelli Jiménez clarificó que los bonistas podrán fiscalizar la contabilidad de las empresas privadas, LUMA Energy y Genera PR, para cuestionar cómo están gastando el dinero, ya que cobrarían el restante, luego de los gastos operacionales.
“Sin duda, un papel (clave) en la fiscalización de ese presupuesto y en señalar cosas que podrían ser ilegales, arbitrarias y caprichosas, porque mientras más cosas descubran los bonistas en ese presupuesto, más cobran al final del camino”, culminó diciendo el licenciado.
