BUENOS AIRES (AP) — Familiares y organismos de derechos humanos reclamaron el martes en el centro de Buenos Aires la inmediata libertad de 16 personas que todavía permanecen detenidas bajo graves acusaciones por manifestarse hace una semana frente al Congreso contra un paquete de reformas económicas del presidente ultraderechista, Javier Milei.
“Libertad, libertad, a los presos por luchar”, expresaron las familias desde un escenario móvil ubicado en la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, ante unas 500 personas que acompañaron su reclamo, entre ellos, representantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
Un total de 33 personas fueron detenidas el pasado miércoles durante los graves disturbios entre la policía y manifestantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda, mientras en el Senado se debatía el llamado proyecto de Ley Bases, una serie de reformas económicas, laborales, administrativas y fiscales con las que Milei pretende desregular la tercera economía de América Latina.
Del total de arrestados, 17 fueron liberados. El resto sigue en prisión por riesgo de fuga.
Con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma, las fuerzas de seguridad dispersaron a los activistas, pero los choques continuaron a varias cuadras del Parlamento.
Un grupo de manifestantes prendió fuego a dos vehículos particulares, uno perteneciente a una radioemisora que cubría las protestas, según imágenes de la televisión local.
El mismo miércoles Milei tildó a los manifestantes de “terroristas” y los acusó de buscar “perpetrar un golpe de Estado” en su contra. El proyecto finalmente fue aprobado y enviado a la Cámara de Diputados.
Si bien no fue la primera protesta con disturbios contra el gobierno de Milei, es la primera vez que la justicia imputa graves delitos contra manifestantes, desde incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones a delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, atentado contra la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.
Los cargos contemplan penas severas, desde los nueve años hasta prisión perpetua.
Las autoridades además impulsaron acciones civiles contra organizaciones sociales y políticas por los daños causados.
Familiares y organismos de derechos humanos calificaron los arrestos de “arbitrarios” y que su objetivo es amedrentar a quienes se oponen a las políticas liberales de Milei.
“Siento que están intentando marcar precedente para que la gente no tenga la libertad de decir lo que piensa, para que agachemos la cabeza. Estamos retrocediendo años de democracia, esto no puede suceder”, afirmó dijo a AP Grisel Lyardet, hermana de Sasha, una estudiante de 24 años detenida a varias cuadras del Congreso.
Relató que su hermana “salió de la universidad y fue a manifestarse pacíficamente a la Plaza del Congreso. Cuando el clima se estaba poniendo tenso se retira… Una chica se cae, ella se vuelve a buscarla y tres motos de la policía de la ciudad se suben a la vereda y las agarran”.
“Es para meternos miedo, que la gente no salga, para que la gente no participe, para que no mire al costado, para que no mire al otro”, señaló Margarita Gómez, madre de Nicolás Mayorga, también estudiante universitario que sigue detenido.
“Me dijo: ‘Mamá yo no tiré piedras, no me resistí’. Él fue como un estudiante. No está en una organización política, sino en una organización barrial de ayuda. Y si estuviera en una organización política, tampoco sería un delito protestar para rechazar una ley”, recalcó Gómez.
