La organización cívica Somos Mas aseguró que fiscalizará el cobro de dinero mediante una demanda radicada ayer por el Departamento de Justicia a más de treinta convictos por corrupción, amparándose en el “Código Anticorrupción”.
Del mismo modo, exigieron que se realicen enmiendas a la ley para que el recobro de fondos públicos a funcionarios declarados culpables por corrupción no dependa de la decisión del titular de Justicia y se realicen por obligación de la ley.
“Uno de los objetivos de Somos Más es fiscalizar a los gobiernos de turno. Tomar la decisión de recobrar más de $30 millones para el erario es algo que se debió haber hecho hace tiempo. Somos Más, junto a la organización Sembrando Sentido, se encuentran impulsando una enmienda a la ley vigente para que este recobro de dinero no dependa de la discreción del Secretario de turno, y sí que sea una obligación en ley. Esperamos que eventualmente sea aprobada por el Gobierno”, dijo Johnny F. Rullán Schimdt, director ejecutivo de Somos Más.
Ayer, el secretario Domingo Emanuelli anunció la radicación de demandas contra treinta convictos por corrupción, en un esfuerzo para recuperar los fondos públicos malversados y los daños ocasionados al pueblo mediante esquemas ilegales que han provocado pérdidas millonarias.
“Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de los fondos públicos”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en conferencia de prensa.
El Departamento de Justicia presentó 15 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fundamentadas en el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, por una cuantía total que supera los treinta millones de dólares. Entre los demandados figuran exalcaldes como Ángel Pérez Otero, Luis Arroyo Chiqués, Félix Delgado Montalvo, Abel Nazario Quiñones y José Luis Cruz Cruz, así como exlegisladores y otros funcionarios públicos.
“Con esta acción enviamos un mensaje claro y contundente de que la corrupción tiene consecuencias severas en Puerto Rico. Esperamos que sea un disuasivo el tener que devolver con creces lo que le han robado al pueblo”, añadió Emanuelli Hernández.
El Código Anticorrupción permite al Estado solicitar al tribunal órdenes provisionales para asegurar el pago de las sentencias, incluyendo embargos y prohibiciones de enajenar bienes. Esta medida se alinea con la política pública del gobernador Pedro Pierluisi para combatir la corrupción y garantizar la seguridad y justicia en la administración pública.
Además de los exfuncionarios, la demanda incluye a corporaciones como J.R. Asphalt, Inc. y Waste Collection Corp, en un esfuerzo integral por recuperar los fondos públicos y restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales.
