Un recurso legal fue radicado ante el Tribunal de Apelaciones con la intención de que se revierta la validez del aumento en el servicio de agua impuestos por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) desde junio del año 2022.
La presentación de este recurso por parte del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) se da justo en la entrada en vigor de las nuevas alzas a servicios esenciales como el agua (del 2 %) y la luz, lo que ha inspirado que diversos sectores y asociaciones profesionales del país participen en la conversación pública.
“Es un alza en costos que aplica a todo el mundo: tanto al consumidor como al sector empresarial, lo cual a su vez afecta ulteriormente al consumidor debido a que los costos de utilidades forman parte de los precios de los bienes y servicios que adquieren”, expresó José Pou Román, investigador jurídico principal del ICSE.
“Los abonados de la AAA son clientes de una corporación pública que registra pérdidas de agua de 65 %. Por lo que deben tener mecanismos efectivos disponibles para no tener que pagar por las deficiencias operacionales que le son cobradas en sus tarifas. La necesidad es mayor cuando se trata de aumentos a servicios básicos monopolizados por el Estado”, añadió Pou.
El ICSE inició procesos legales en julio de 2022 continuando hasta el presente.
“En todo momento, los tribunales han cerrado sus puertas dejando inmune a la AAA y su patrón de aumentos. En aquel entonces se aumentó la tarifa en un 5 % a todos los consumidores. A partir del 1ro de este mes, entró en vigor un nuevo aumento de 2 % encima del 5 % de 2022. “Dentro del esquema tarifario actual, estos aumentos pueden continuar año tras año sin la consulta del consumidor y de los sectores productivos del País”, dijo Pou.
“Este esquema tampoco ha sido revisado por los Tribunales de Puerto Rico ya que estos se declararon sin jurisdicción (o impedidos) para atender los recursos pasados del ICSE. “A nuestro juicio, es incorrecto que una agencia pueda evadir el escrutinio de las Cortes sobre sus acciones. En Puerto Rico se presume que los Tribunales siempre tienen jurisdicción para revisar las decisiones de las agencias como la AAA. Lo que quiere decir que la pregunta no es si se puede presentar nuestra reclamación ante un tribunal de justicia, sino ante cuál tribunal de justicia. Por lo tanto, consistente con las determinaciones judiciales anteriores, comparecimos esta vez ante el Tribunal de Apelaciones”, explicó Pou.
En el recurso, el ICSE replantea que la AAA tiene que regirse por la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, también conocida como la LPAU (Ley 38-2017). Esta ley vincula a todas las agencias administrativas para establecer salvaguardas de participación ciudadana, transparencia y procedimientos claros y efectivos para acudir a los tribunales de Puerto Rico. A pesar de esto, la AAA aplicó una ley de hace 39 años, la Ley 21-1985, para imponer la tarifa actual, la cual no detalla procedimientos para la revisión judicial de las tarifas, dejando a la ciudadanía sin herramientas para proteger sus intereses.
Del Tribunal acoger el recurso presentado por el ICSE, la AAA tendrá que celebrar un procedimiento de revisión nuevo bajo la LPAU, en donde se permita a todos los puertorriqueños presentar evidencia a su favor, confrontar los testigos de la AAA y poder acudir al Tribunal de quedar inconformes con la nueva revisión tarifaria. Ello permite un proceso no de mero diálogo, sino de influencia directa sobre la gestión pública.
