WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden promulgó el jueves una ley que refuerza la supervisión de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), asolada por la crisis, después de que un reportaje publicado por The Associated Press sacara a la luz la corrupción sistémica, fallas y los abusos en el sistema penitenciario federal.
La Ley de Supervisión de las Prisiones Federales, aprobada por el Senado el 10 de julio y por la Cámara de Representantes en mayo, establece un defensor de derechos humanos independiente para atender e investigar las quejas tras las agresiones sexuales y otros delitos cometidos por el personal, la escasez crónica de personal, las fugas y muertes en las cárceles que han sido ampliamente reportadas.
También exige que el inspector general del Departamento de Justicia lleve a cabo revisones basadas en los riesgos identificados en los 122 centros penitenciarios federales, formule recomendaciones para subsanar las deficiencias y asigne a cada centro una puntuación de riesgo. Las instalaciones de mayor riesgo recibirían inspecciones más frecuentes.
La directora del BOP, Colette Peters, elogió el proyecto de ley en su comparecencia ante el Congreso esta semana. Sin embargo, dijo a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes sobre Criminalidad y Vigilancia del Gobierno Federal que el BOP necesitará decenas de millones de dólares adicionales “para responder eficazmente a la supervisión adicional y lograr ese cambio significativo y duradero”.
El senador Jon Ossoff presentó la iniciativa de ley en 2022 mientras dirigía una investigación del BOP como presidente de la subcomisión de investigación de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado.
Ossoff y los otros dos patrocinadores del proyecto de ley, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el senador Dick Durbin, y el senador Mike Braun crearon el Grupo de Trabajo Bipartidista del Senado sobre Política Penitenciaria en febrero de 2022, en el contexto de la crisis que atravesaba el BOP, en gran parte a raíz de las investigaciones publicadas por AP. Los representantes Kelly Armstrong y Lucy McBath respaldaron la versión de la iniciativa de ley presentada ante la Cámara de Representantes.
Bajo esta propuesta, un defensor de derechos humanos independiente recibiría las quejas relacionadas con el sistema penitenciario federal a través de una línea telefónica segura y un formulario en internet, e investigaría e informaría al secretario de Justicia y al Congreso sobre condiciones peligrosas que afecten la salud, la seguridad, el bienestar y los derechos de los reclusos y del personal.
