El próximo miércoles, 31 de julio, a las 9:30 a.m., la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain presidirá una vista ómnibus relacionada con los casos bajo el Título III de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que aborda la reestructuración financiera de la isla.
En esta audiencia, se considerarán asuntos relacionados con los deudores y las reclamaciones pendientes, incluyendo los casos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).
Uno de los temas destacados que aún aguarda la consideración de la jueza Swain es el acuerdo alcanzado entre la AEE, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y Cobra Acquisitions, empresa involucrada en la recuperación post-María, el cual está sujeto a aprobación judicial.
Antes de este acuerdo, Cobra, subsidiaria de Mammoth Energy Services, Inc., buscaba recuperar aproximadamente $359.1 millones de la AEE por servicios de restauración de la red eléctrica.
El acuerdo actual establece que Cobra podrá reclamar $170.0 millones como gastos administrativos permitidos, además de recibir $18.4 millones en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) retenidos por la AEE; sumando un total de aproximadamente $188.4 millones que la corporación pública pagará a Cobra.
En cuanto al Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE (PAD-AEE), el abogado Rolando Emmanuelli señaló que durante esta vista no se anticipan avances significativos, puesto que el caso permanece bajo una moratoria de 60 días, decretada por Swain, el pasado 10 de julio, para facilitar las negociaciones entre la JSF y los bonistas opositores.
Sobre la mediación, Emmanuelli indicó que “aparentemente, los bonistas están negociando con la Junta”, mas explicó que “no hay visibilidad de eso porque son confidenciales”.
Sin embargo, el experto en PROMESA sostuvo que “la Junta siempre ha dicho que no es posible dar ni un centavo más de lo que ya ofreció. Los peritos de la Junta dijeron, en el juicio de marzo, que aumentar más la tarifa ocasionaría un downward spiral (espiral descendente) de la Autoridad y un fracaso de las finanzas de la Autoridad”.
“Lo que piden los bonistas es que le suban sustancialmente lo que ya la Junta ofreció. Así que, para que la Junta pueda ofrecer dinero adicional, tendría que demostrar un cambio sustancial en las proyecciones que hay sobre la Autoridad, sobre la demanda de energía, etc., y, hasta ahora, eso no ha ocurrido”, continuó.
Si no se llega a un acuerdo en la mediación, Emmanuelli anticipó que las partes tendrían que acudir a la jueza para determinar el valor real de la reclamación.
Previo a la audiencia, se les ordenó, al ente fiscal y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), presentar, antes del 30 de julio, informes detallados sobre el estado actual de sus gestiones y relaciones con los gobiernos estatales y federales.
La AAFAF debe ofrecer una visión general de su estado actual y los trámites que está llevando a cabo, incluyendo detalles sobre las actividades relacionadas con la salud pública y la restauración de infraestructura.
Mientras, la JSF debe proporcionar un informe que describa el estado general interno, así como informar sobre las relaciones con el gobierno estatal y el federal, e incluir el progreso en la conciliación y resolución de reclamaciones pendientes.
El licenciado indicó que es posible que, en dichos informes, se aborde alguna actualización en cuanto a la mediación.
La audiencia física se llevará a cabo en la Sala 17C del Daniel Patrick Moynihan Courthouse, en Nueva York, con transmisión directa en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, ubicado en Hato Rey, San Juan.
