La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika D. Padilla Rivera, confirmó hoy, jueves, que los fondos aprobados por la Junta de Control Fiscal están destinados a sufragar los gastos de campañas de publicidad dirigidas a la orientación de los electores, como parte de la preparación para las elecciones generales de 2024.
Padilla Rivera explicó que la asignación adicional de $2.1 millones fue aprobada tal como se solicitó, y será utilizada específicamente para cubrir los gastos relacionados con la campaña de concienciación y educación electoral.
“Esta aprobación no guarda relación con la consulta de estatus. Si bien es cierto que la Comisión, en cumplimiento con la Orden Ejecutiva del Gobernador, está atendiendo todo lo relacionado a ese tema, la asignación presupuestaria aprobada ayer miércoles será destinada estrictamente para lo que fue solicitada: las campañas publicitarias de orientación para el evento eleccionario”, manifestó la Presidenta.
La presidenta alterna de la CEE había dicho que contaba con los fondos para imprimir la papeleta adicional y que la consulta de estatus no conllevaba un gasto adicional en la programación de las máquinas de escrutinio electrónico.
La carta de la JSF a la CEE especifica que se aprueba la asignación de $2,105,000 a la CEE para gastos de publicidad en una campaña de educación y publicidad. No se hace referencia directa a la consulta de estatus.
La jueza Padilla detalló la semana pasada que que ya para las elecciones como tal, el presupuesto aprobado por la Junta para la campaña educativa era de $3.2 millones, pero la agencia de publicidad les cotizó $5.8 millones. Sus expresiones surgieron luego del sorteo de posiciones para la papeleta del plebisicito criollo.
Ese mismo día, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges descartaba que la JSF pudiese frenar la consulta criolla.
“En la Ley PROMESA claramente el Congreso de los Estados Unidos determinó que los ciudadanos americanos en Puerto Rico tenemos derecho a resolver el asunto de estatus. Por lo tanto, no le otorgó jurisdicción a la Junta de Control Fiscal con relación al presupuesto en términos de que no pueden intervenir con el presupuesto de la consulta”, opinó Vega Borges. El comisionado estimó que el costo total de la consulta sería $2.3 millones. Dijo que el gobierno debe identificar de dónde cubrir ese costo.
