El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, presentó sus propuestas de seguridad, violencia y criminalidad, entre las que se encuentra la eliminación del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Las propuesta, presentada también por Adriana Gutiérrez Colón, secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del PIP, Amanda Soto González, coordinadora del Proyecto Construyendo Equidad entre los Géneros y los doctores, Irma Serrano García, co-cordinadora de Grupo de Desarollo Social y Rafael Boglio Martínez, antropógo y profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, plantean un enfoque integral al problema de la violencia y la criminalidad como al igual establece trabajar con los efectos inmediatos y presentes de etas situaciones.
“No creo que hay que dar muchos detalles del enorme sentido de inseguridad que ocurre en Puerto Rico…basta con ver cómo esta mañana nos levantamos con el asesinato de una mujer en San Lorenzo. Ese es el despertar, desafortunadamente, que diariamente vive le pueblo de Puerto Rico, sin contar las estadísticas de violencia contra la mujer, la niñez, violencia de género, adultos mayores, el traciego de drogas. Nosotros enfatizamos en el área preventiva, remedial y rehabilitacion, entre otros aspectos. Es un proyecto interseccional con otras áreas del programa de Patria Nueva”, comenzó el candidato a la gobernación.
En primera instancia, Dalmau resaltó que, bajo su gobernación, eliminaría el Departamento de Seguridad Pública por ser un “obstáculo burocrático”.
“Como senador me opuse a su aprobación, (el Departamento) menoscaba los presupuestos los presupuestos de la agencias que se encontraban bajo esa sombrilla. Bajo el Departamento se encuentran bajo una misma sombrilla la policía, el NIE, Ciencias Forenses, 911 y bomberos. Esas agencias, no solamente tienen que fiscalizarse mutuamente, el NIE investiga a la policía, Ciencias Forenses investiga acciones que pudieron cometer la policía, sin embargo tapan con una misma sombrilla, bajo una misma supervisión, que los informes que se radican tiene que tener la aprobación final de quien es jefe del Departamento…eso crea un problema de transparencia en las funciones de cada una”, indicó.
El candidato también criticó que el presupuesto del Sistema de Emergencias 9-1-1, la cual presuntamente cuenta con fondos estrictos, se está utilizado para otras agencias bajo el DSP, por lo que la agencia civil “no cuenta con la tecnología ni los recursos necesarios” para contestar llamadas y ejecutar su deber lo más pronto posible”.
En torno a medidas preventivas para la violencia, el proyecto nombrado por el PIP como “Patria Nueva” propone la creación de un Observatorio de Prevención y Manejo de Emergencias, dirigido para atender los factores de riego que estimulan la conducta violenta en la isla.
“Como parte de las funciones del Observatorio, no es solo investigar sino proponer políticas públicas certeras para poder atender esos factores, que van desde los niveles de pobreza, problemas de salud mental, falta de acceso a vivienda…y de esa forma poder atender la causa de las conductas violentas”, expresó, además, que contará con una campaña educativa para así llegar a los jóvenes y adultos, para educar sobre cómo pueden tener el apoyo para enfrentar las diferentes formas de violencia y fomentar el desarrollo de asociaciones comunitarias y la integración de los sectores actualmente marginados de la fuerza laboral.
“Es una propuesta que nace de programas y grupos que trabajan brindándoles servicio a menores víctimas de abuso. Tiene que también estar acompañado de recursos fiscales que fortalezcan estas entidades que dependen de asignaciones legislativas y que tiene que estar rogando que el presupuesto sea acorde con sus servicios”, abundó Gutiérrez.
La secretaria de Asuntos de la Mujer del PIP resaltó que, el Departamento de la Familia todavía no ha atendido sobre 10,000 casos donde se ha comprobado la presencia de abuso sexual hacia un menor y todavía no han sido completamente atendidos desde 2016.
De hecho, el candidato a la gobernación confesó que insisten la aprobación de un estado de emergencia de violencia infantil. El representante del PIP, Denis Márquez Lebrón urgió al Senado en abril a tomar acción sobre el Proyecto de la Cámara 1333, medida de su autoría para declarar dicho estado emergencia, sin embargo no fue aprobado.
Mientras, las medidas remediales se enfocan en el trasiego de la droga, el control sobre la ingresión por consumo personal de droga a los sistemas de corrección en el país y la reestructuración del programa de estudios de la policía de Puerto Rico.
“Se tiene que establecer nexos estrechos entre lo que es nuestro sistema penal, justicia y lo que son herramientas investigativas y tener los recursos necesarios para llevar a cabo ese pico de acción para acabar el narcotráfico en Puerto Rico. (…) Tenemos que tener eso como una prioridad”, indicó Dalmau.
Asimismo, criticó el ingreso de personas al sistema de corrección en la isla por uso de droga personal. “Estamos llenando nuestras cárceles con personas cuyas atención debe ser con un enfoque salubrista. (…) En muchos casos, dentro de las cárceles, terminan teniendo contacto con muchas drogas mas potentes. Hay que enfatizar en el tema de la rehabilitación, incluir a las universidades de Puerto Rico para los procesos educativos. Hay que buscar avenidas no correccionales para aquellos que tienen dependencia de drogas con trabajadores sociales y psicólogos, al mismo tiempo que se le da más recursos a los que son funcionarios oficiales de corrección”.
Entre los enfoques de la propuesta, se habló sobre la idea de un “policía comunitario”, que logre integrarse a la comunidad y no imponerse ante ella. “Que se vea como un enlace preventivo que pueden ser criminales, que tengan la confianza de las comunidades…hay que culminar el esfuerzo de la reforma de la policía. La conducta policiaca no se estaba ejerciendo para la protección de derechos civiles, no se seguían los protocolos adecuados en caso de violencia de genero, dentro de la comunidad LGBTTQ+ (…) esa reforma de la policía debe tener un elemento de reconstrucción”, añadió.
Dalmau detalló que, también, se centrara en actualizar el currículo de la Academia de la Policía. “Hay que lograr un mejor reclutamiento con las herramientas presupuestarias para poder adiestrar a la policía sobre el concepto del policía comunitario”, indicó.
Con respecto a adultos mayores, Dalmau expresó que se concentrará en combatir la explotación financiera de la que los ancianos sufren. “Eso no solo ocurre intrafamiliar sino también a través de terceros. Para que se catalogue como delito grave y permita tomar medidas preventivas o policiacas, el delito tiene que ser de más de 2,500 dolares. Eso ha provocado que muchos fiscales no puedan utilizar el código penal para encausar a estas personas. Nuestras propuesta va dirigida a que establecer una definición sobre qué es un adulto mayor y reducir esos 2,500 a que sean 500 dolares para que se puedan radicar cargos”.
Bajo el código penal se establece que si el delito no llega a 2,500 dólares, pues sería catalogado como apropiación ilegal y no como un delito grave. La apropiación ilegal cae bajo 500 dólares o menos.
Sobre las comunidades vulnerabilizadas, Patria Nueva propone la creación de un Comité Multisectorial por virtud de una ley. “Ustedes aquí recuerdan que se había creado un comité PARE (El momento del PARE)…La propuesta del Comité PARE no fueron escuchadas, y tan pronto tuvieron la oportunidad resolvió. Yo creo que las personas que formen parte tienen que ser personas con experiencia historial sobre temas de violencia de género… deben tener unas autoridades para generar investigaciones, que puedan generar políticas públicas, y que además, tengan autonomía, para su momento si el gobierno falla,…puedan ejecutar señalamientos desde las agencias”, indicó.
Asimismo, tras ser cuestionado por su opinión sobre el trato de Justicia hacia mujeres que experimentan violencia de género, en específico el proceso de revictimización, Dalmau indicó “que se han establecido talleres y protocolos… que solo haya adiestramiento, yo iría un paso más allá. Aquellos que incumplan el protocolo, que paguen los más altos precios de responsabilidad pública sino por lo mínimo, por negligencia de sus funciones…lo hacen porque piensan que no hay consecuencias”.
Por su parte, Amanda Soto González, coordinadora del Proyecto Construyendo Equidad entre los Géneros, detalló que “lo único seguro que tienen las personas sobrevivientas de violencia de género es el proceso de revictimización… Ciertamente que se llevan a cabo los adiestramientos, no sabemos cuán efectivos son, no tenemos las estadísticas, el contenido de estos procesos. Una manera de remediar esta problemática es tener los fondos suficientes para llevar a cabo las investigaciones suficientes a nivel Puerto Rico”.
No se arrepiente de su postura sobre Venezuela
Tras recibir críticas luego de catalogar como “fallas” el proceso de las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado domingo que dieron como ganador al actual presidente Nicolás Maduro, el candidato a la gobernación no se arrepiente de su postura.
“Venezuela es una sociedad dividida a la mitad. Debemos insistir en que haya un puente de diálogo entre ambas partes. La posición que han asumido muchos ha sido el mismo que yo planteé. (…) Aquí la prioridad tiene que ser el pueblo venezolano”, indicó.
