La Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSSRE) acudió al tribunal para reclamar incumplimientos sobre las tarifas a los proveedores de remedios provisionales para los estudiantes de educación especial, fijadas por el Departamento de Educación (DE) desde 2015.
La acción se realizó mediante una petición de intervención en el longevo caso de Rosa Lydia Vélez. El organismo lleva más de un año reclamando tarifas justas para los servicios de remedio provisional a los estudiantes de educación especial.
Al plantear su legitimación activa para intervenir en el pleito, la APPSSRE expuso que sus miembros prestan servicios de terapias relacionadas a aspectos de salud y desarrollo a estudiantes de educación especial bajo la Unidad de Remedio Provisional del Departamento de Educación (URP) como parte del cumplimiento con las estipulaciones del caso Rosa Lydia Vélez en las áreas ocupacional, física, habla y lenguaje, educativa, acuática, psicológica, audiológica, visual y en optometría.
Sostuvieron en su recurso legal que las acciones y omisiones del DE han tenido el efecto consistente de mantener desprovistos de servicios necesarios a un número sustancial de niños elegibles bajo las leyes y reglamentos.
En su súplica al tribunal, la APPSSRE plantó que las tarifas que paga el DE a los proveedores de servicios bajo remedio provisional “se han mantenido casi absolutamente estancadas desde el año 2015, sin que con el paso de los años se hayan considerado ajustes razonables por el efecto inflacionario acumulado de nuestra economía, y sin que se hayan utilizado para mejorarlas los fondos asignados para las emergencias (tormentas, terremotos y pandemia) destinados a servicios a los niños, entre otros, lo que ha resultado en remuneración inferior al promedio de los honorarios cobrados por especialistas que prestan servicios de terapias a otras agencias del gobierno de PR, o a través de instituciones educativas que contratan con el DE”.
Estimaron la depreciación en el valor de lo que se paga por sus servicios en un 30 % desde hace casi una década.
“Es imperativo que este Honorable Tribunal intervenga y escuche a las partes de este histórico caso, así como a los comparecientes, para no continuar dejando al arbitrio del DE mantener virtualmente estancados por debajo del justo valor en el mercado el pago por servicios a los niños de educación especial elegibles a Remedio Provisional”, esbozó el organismo mediante su representación legal.
La organización ha realizado desde el año pasado manifestaciones y comunicaciones por sus reclamos, pero no se ha resuelto el asunto.
La presidenta de la APPSSRE, Ruth Concepción explicó que a través de la petición de intervención ante la jueza a cargo del pleito Rosa Lydia Vélez buscan justicia tarifaria que apoye la rentabilidad de sus corporaciones lo que simultáneamente señala que redundaría en un aumento en la oferta, calidad y estabilidad de los servicios a los estudiantes del programa de Educación Especial.
Concepción alegó que el gobierno ha delegado sobre los Proveedores la responsabilidad de garantizar los servicios durante la pandemia al no dar acceso a las ayudas federales destinadas a la continuidad de estos servicios. “Mientras todavía estamos recibiendo el impacto económico de la pandemia, de la inflación y otros, el DE ha operado bajo una bonanza nunca vista y ha utilizado fondos especiales de la pandemia para subvencionar servicios obligados y recurrentes no presupuestados en el Fondo General. De otra parte, de manera contradictoria y cuestionable, el gobierno ha defendido y está avalando contrataciones y gastos dentro del DE que desangran el presupuesto las cuales tienen poca o ninguna relevancia para la razón de ser del DE, los estudiantes”, dijo Concepción a Metro.
En cuanto al inicio del nuevo año escolar, la presidenta de la APPSSRE dijo que no tienen grandes expectativas. “Anticipamos que el DE continuará con su cultura de violaciones de derecho hacia los estudiantes del programa de Educación Especial, donde cada vez más se superarán en su capacidad para sistematizar la obstaculización del acceso de los servicios y demostrar un falso cumplimiento con sus obligaciones para con una población tan vulnerable.
Escucharemos durante las primeras dos semanas un DE justificando y/o minimizando su incapacidad para otorgar a los estudiantes un inicio de año escolar digno y distinto a como concluyó”, señaló.
Concepción lamentó que algunos políticos se fijen de manera momentánea en las situaciones del DE. Agregó que estos son también responsables de la crisis que impera en el DE. “Mientras prevalezca la impunidad ante las violaciones de derechos de los estudiantes de educación especial y se continue normalizando el uso de los fondos del DE para contrataciones que benefician a todos menos a los estudiantes, la población que servimos y sus familias continuarán sufriendo el peor de los maltratos institucionales que pueda existir”, lamentó.
El reto de educación especial
La semana pasada, la secretaria del DE, Yanira Raíces, reconoció en entrevista con Metro Puerto Rico el reto de recursos para la corriente de Educación Especial. Específicamente, se refirió a la contratación de maestros con especialidad en niños con autismo. Algo que igualmente fue reconocido por el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, quien hizo un llamado a las escuelas de pedagogía sobre la necesidad de formar más maestros especializados en esta población.
Sobre los T1, que trabajan asistiendo a los estudiantes de educación especial, Raíces dijo que estaban en un 85 % de reclutamiento.
“Educación Especial siempre es un reto”, dijo Raíces la semana pasada.
Caso Rosa Lydia Vélez
El pleito que lleva más de cuatro décadas, nació en el 1980 cuando Rosa Lydia Vélez demandó al DE porque no le brindaba los servicios educativos que necesitaba su hija, Isamar Malaret, quien nació con perlesía cerebral. En el 1981, el pleito se certificó como una demanda de clase que afectaba a todos los estudiantes de la corriente de educación especial.
Poco más de dos décadas más tarde, en el año 2002 el Tribunal ordenó al DE a informar cada año el cumplimiento de acciones relacionadas con la provisión de los servicios a los integrantes de la clase. El incumplimiento de esta orden representaba multas diarias de miles de dólares. Sin embargo, en octubre del año pasado el DE se anotó una victoria cuando se eliminó la vigilancia directa de 11 estipulaciones.
En ese momento, tanto los padres como estudiosos del proceso levantaron bandera sobre las repercusiones de menguar la vigilancia al DE sobre los servicios que deben brindar a la comunidad de estudiantes de educación especial.
Puerto Rico cuenta con sobre 80,000 estudiantes en la corriente de educación especial.
