Los aires de tormenta lo hacen una vez más. Al menos, para mí, siempre son un recordatorio de nuestra historia reciente. De los vientos que lo derribaron todo hace siete años y de que, siete años después, aún no hemos podido completar nuestra recuperación…
Y como quien olvida corre el riesgo de repetir sus errores, recordemos. Hagámoslo para estar vigilantes y evitar, una vez más, pagar las consecuencias.
Recordemos la importancia de estar preparados. Empezando por nuestra responsabilidad individual. La necesidad de preparar nuestros planes familiares. También de hacer caso al llamado de las autoridades. En demasiadas ocasiones, ciudadanos residentes en zonas con potencial de inundación y a sabiendas del riesgo a sus propias vidas y las de los rescatistas, permanecen en sus hogares. Una situación que coloca en escenario de vulnerabilidad al personal gubernamental que más tarde debe arriesgarse para rescatarlos del peligro.
Pero además del ejercicio individual, estas emergencias también nos recuerdan lo que no se espera que vuelva a ocurrir en torno a la respuesta gubernamental.
El Gobierno y sus funcionarios deben actuar con celeridad y sensibilidad. Pero para ello, es necesaria la planificación y un sentido de urgencia que logre trascender la burocracia que nos deja congelados. La vemos en cada esquina. En el paso por comunidades que aún no reciben la ayuda prometida; en cada familia que aun aguarda por ser reubicada bajo el programa R3. De esas que teniendo el dinero aprobado no logran mudarse porque se enfrentan con ese monstruo burocrático que hace que tengan que esperar por meses para completar un proceso que, cuando culmina, en ocasiones es demasiado tarde.
Tampoco podemos olvidar que los escenarios de crisis se han convertido en hervideros de irregularidades y corrupción. Hay que andar con el ojo puesto en los contratos de emergencias. De esos que obvian los procesos regulares con la intención de acelerar la respuesta rápida, pero que en demasiadas ocasiones terminan desfalcando al erario o llevando el dinero público al bolsillo de amigos y dolientes. Como en caso de aquellas pruebas fatulas de COVID que compramos a sobreprecio. Como en los contratos de emergencia a compañías como COBRA o White Fish.
La segunda fue aquella compañía pequeña de Montana que, sin mayor experiencia conocida, se llevó un contrato por $300 millones para restablecer el sistema eléctrico local. La primera sigue en litigio con alcaldes de al menos 13 gobiernos municipales a los que adeudaría $75 millones en arbitrios municipales por los trabajos realizados en los ayuntamientos tras el paso de María. ¿Lo había olvidado?
A todo lo anterior añada que la burocracia federal es aún mayor que la local. Recuerde que a pesar de los miles de millones de dólares aprobados y obligados por el congreso de Estados Unidos para la isla, de esa cantidad se ha desembolsado y gastado muy poco, siete años después de haber tocado fondo. Y que a estas fechas se habla de la posibilidad de perder parte del dinero porque no hemos podido gastarlo.
Recordémoslo todo. A ver si no tropezamos con la misma piedra. Si pasa, indudablemente no será por falta de aviso.
