SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — California y Carolina del Sur podrían ser los próximos estados en limitar el uso de teléfonos celulares en las escuelas, y funcionarios de ambas entidades están sopesando planes.
El gobernador de California, Gavin Newsom, envió cartas a los distritos escolares, llamándoles a restringir el uso de los teléfonos inteligentes por parte de los alumnos cuando estén en la escuela. La Junta de Educación de Carolina del Sur debatía directrices para ordenarles, a los distritos locales, a que prohíban el uso de teléfonos celulares en horas de clase, pero postergó una votación final hasta el mes próximo para tener más tiempo para redactar la propuesta.
Se trata de una campaña ya emprendida por funcionarios de Utah, Florida, Luisiana y otros lugares para limitar el uso de los celulares en escuelas, a fin de reducir las distracciones en el aula y evitar los efectos nocivos que tienen los celulares en la salud mental de los menores de edad.
Pero el progreso puede ser difícil. Ya rigen prohibiciones de usar celulares en varias escuelas, mas no siempre se hacen cumplir.
Los distritos deben “actuar ahora” para ayudar a los alumnos a concentrarse en la clase al restringir el uso de los celulares, dice Newsom en su carta. Citó además los riesgos al bienestar de los jóvenes, un tema que atrajo atención en junio cuando el director de salud pública nacional, Vivek Murthy, le pidió al Congreso aprobar leyes para exigir etiquetas de advertencia en las plataformas de redes sociales.
“Toda aula debe ser un lugar de concentración, aprendizaje y crecimiento”, dice Newsom en su carta. “Trabajando juntos, educadores, administradores y padres pueden crear un ambiente en que los estudiantes están plenamente concentrados en su educación, libres de las distracciones de los teléfonos celulares y las presiones de las redes sociales”.
Este verano, los legisladores de Carolina del Sur aprobaron una norma temporal de un año en el presupuesto estatal que obliga a las escuelas a prohibir el uso de celulares a los estudiantes o perderán la financiación estatal. Las escuelas tienen hasta principios de 2025 para implementar sus normas específicas y los castigos por infringirlas.
