En pleno año electoral en el que se hacen movimientos de personal en distintas entidades gubernamentales, la Oficina de la Contralora publicó un informe especial sobre el costo de las demandas por discrimen político, acoso laboral y hostigamiento sexual en las corporaciones públicas que reflejó que al 31 de enero de este año habían pendientes 14 demandas civiles contra siete corporaciones públicas por sobre $34 millones.
El Estudio reveló que del 2018 al 2024, se resolvieron 12 demandas, presentadas por 79 funcionarios y empleados que alegaron despidos por motivos político- partidista, acoso laboral y hostigamiento sexual en nueve corporaciones. Los empleados reclamaban $143,703,999.
El Tribunal General de Justicia de Puerto Rico y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, resolvió siete de las 12 demandas a favor de los empleados por $415,000. Cuatro demandas se resolvieron a favor de las corporaciones públicas, y una se cerró y archivó hasta que culminara una querella administrativa con el caso.
“El desembolso y obligación de $415,000, sin recibir ningún servicio a cambio, resulta oneroso y adverso para las corporaciones públicas. Además, la atención de las querellas y demandas conlleva gastos que impactan la administración de los recursos públicos”, concluyó el informe de la Oficina de la Contralora.
En específico, cuatro de las 68 corporaciones públicas evaluadas para el informe efectuaron desembolsos a seis empleados por $415,0009 en cuatro de las demandas resueltas a favor de estos en los tribunales, entre el 14 de mayo de 2018 y el 17 de agosto de 2023. El pago corresponde a salarios, beneficios marginales y otras compensaciones que los empleados dejaron de recibir. De estas, tres corporaciones públicas realizaron desembolsos por $377,500 a tres empleados públicos relacionados con tres estipulaciones acordadas.
Al 31 de enero de 2024, estaban pendientes de resolución por los tribunales 14 demandas civiles o apelaciones por despidos, acciones disciplinarias u otras transacciones de personal por motivos políticopartidistas y de acoso laboral, incoadas contra 7 de las 68 corporaciones públicas. Dichas demandas fueron presentadas por 35 funcionarios y empleados del 13 de noviembre de 2013 al 21 de diciembre de 2022. En estas demandas civiles los funcionarios y empleados reclaman $34,184,164 por daños y perjuicios y otros conceptos.
