En un mismo día, salió a relucir el escándalo del contrato otorgado por el Departamento de Educación al director de Finanzas de la campaña de Jenniffer González a razón de 35 mil dólares al mes y la gran idea de la candidata de nombrar un zar de la energía para Puerto Rico como solución a nuestro problema energético. En un solo día logró demostrar cómo se vería una administración bajo su gobierno. La otorgación de contratos sin justificación a sus allegados para beneficio propio, y la creación de mayor burocracia para crear mayores capas de gobierno y poder seguir nombrando a los suyos. Todo lo anterior, ante un cuadro que requiere que tomemos en serio la situación energética de Puerto Rico y no venir a improvisar. Primordialmente, cuando el reto mayor que tenemos no es LUMA, ni Genera, ni el proceso de quiebra que se lleva a cabo en la calle Chardón. Esos son de los problemas fáciles de nuestro sistema energético.
El reto mayor que tenemos en cuanto a nuestro sistema de energía es decidir qué vamos a hacer con nuestra red eléctrica mirando al futuro. ¿Cuál es el plan a largo plazo? Esto es lo más importante, pues tenemos billones de dólares de fondos federales asignados, y lo peor que podemos hacer como pueblo es entregárselos en las manos a alguien para que improvise con ellos o simplemente los gaste en contratos para sus allegados.
Para desarrollar ese plan hay unos aspectos críticos que, como pueblo, debemos abordar. Estos son: (1) hacer ajustes en cuanto a la meta de alcanzar el objetivo del 100% de energía renovable para 2050; (2) tomar decisiones difíciles y arriesgadas, que requieren de pericia, capacidad de lograr consensos, valentía y determinación; (3) entender que el costo de las inversiones necesarias para hacer esta transición va a ser de gran envergadura, y no todos los costos van a ser económicos; (4) estas decisiones determinarán quién va a llevar la carga mayor del impacto económico que tendrá este proceso.
A su vez, hay que estar claros en varios asuntos y hacerlos prioritarios. Puerto Rico está comenzando su transición hacia una generación cada vez mayor de fuentes de energía renovable con un sistema eléctrico que es frágil y no cumple con los estándares recomendados. Por eso, la primera prioridad debe ser estabilizar y modernizar el sistema para que cumpla con los estándares de servicio que se requieren actualmente.
Si LUMA no puede implementar efectivamente un programa de desganche y limpieza de vegetación, ¿cómo vamos a continuar entregándole en sus manos la implementación de los programas más complejos? Genera va por el mismo camino.
Por otra parte, hay tanta burocracia, agencias, corporaciones, asesores y organizaciones involucradas, y con algún tipo de autoridad sobre el sistema, que si no simplificamos el proceso y eliminamos la mayor parte de esa burocracia, nada va a pasar a tiempo; continuaremos estancados en el inmovilismo.
A vuelo de pájaro, esa burocracia está compuesta por:
(1) el Departamento de Energía federal (DOE, por sus siglas en inglés), que asignó $1,000 millones para financiar proyectos de energía a nivel comunitario;
(2) la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), quien supervisa los $13,700 millones asignados para la reconstrucción de la red eléctrica;
(3) Vivienda federal, que administra $1,900 millones en fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) para modernizar el sistema energético de Puerto Rico;
(4) la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), que es el principal enlace entre el gobierno de Puerto Rico y FEMA, y el receptor principal de la mayoría de los fondos federales para la reconstrucción;
(5) Vivienda de Puerto Rico, quien supervisa el uso de los fondos CDBG en Puerto Rico;
(6) el Negociado de Energía, quien es el encargado de regular la generación y venta de electricidad, fijar tarifas y planificar el sistema a largo plazo;
(7) la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quien es la corporación pública que está en quiebra y es dueña de los postes, cables, transformadores y la mayoría de las plantas que generan electricidad en la isla;
(8) LUMA, quien opera los cables, postes, transformadores y otros que componen la red de transmisión y distribución de energía;
(9) Genera, quien administra las plantas de generación de electricidad propiedad de la AEE, y que tiene a su cargo la obligación de reemplazar esas plantas y coordinar nuevas fuentes de generación de energía que sean de energía renovable;
(10) AES y EcoEléctrica, quienes son productores de energía independientes que usan carbón y gas natural, respectivamente. La planta de AES debe cerrar en 2028 por ley;
(11) la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), quien se supone supervise los contratos de operación y administración con LUMA y Genera;
(12) la Junta de Supervisión Fiscal, quien supervisa el proceso de quiebra de la AEE y revisa los acuerdos de compra de energía entre proveedores de energía renovable y la AEE;
(13) el Tribunal federal, quien tiene jurisdicción sobre la quiebra de la AEE y determinará cuánto recuperarán los acreedores y cómo esto afectará las tarifas de electricidad.
Puerto Rico ha quedado atrás en el objetivo de implementar un plan para la reconstrucción de nuestro sistema energético debido a problemas burocráticos y de coordinación. Estamos en un momento crucial. Es posible reconstruir nuestra red eléctrica y lograr la transición a otras fuentes de energía más confiables y eficientes, pero, para lograrlo, no necesitamos más burocracia para otorgarle puestos a los amigos del alma, como propone Jenniffer González. Por el contrario, necesitamos pensar estratégicamente, crear buenas políticas, ejecutarlas bien, trabajar juntos a largo plazo y tener un liderazgo fuerte. Definitivamente, el único candidato a la gobernación que tiene la experiencia administrativa y de liderazgo para lograrlo, es Javier Jiménez. ¡Adelante, con fe!
