La falta de acceso a un servicio energético confiable y sostenible en Puerto Rico es un problema grave. Tan grave, que luego de los embates de los huracanes Irma y María, en 2017, el archipiélago entero quedó incomunicado y completamente a oscuras. La respuesta inadecuada fue producto de la negligencia del gobierno en la “recuperación” de estos huracanes y resultó en la muerte de alrededor de 5,000 personas. El pueblo no lo olvida y lejos de sentirse que el servicio energético ha mejorado con la privatización, se siente indignado con un servicio privado que es pésimo, menos eficiente y más costoso.
Desde 2017, a Puerto Rico lo gobiernan administraciones del Partido Nuevo Progresista (que no es nuevo ni es progresista) y aunque la gobernación la han ocupado tres personas del PNP, solo hemos tenido una comisionada residente durante todo este tiempo: Jenniffer González. No importa cuánto quiera negarlo, González fue parte de la vergonzosa administración de Ricardo Rosselló y es parte de la administración actual de Pedro Pierluisi. Rosselló fue el gobernador destituido por el pueblo en el verano de 2019, entre otras cosas, por divulgarse su ejecutoria corrupta, de manipulación de la opinión pública y de persecución política, mediante un chat del cual participaron personas que ahora son parte de la campaña política de González. Es decir, una extensión del gobierno del destituido Rosselló.
En su campaña primarista a la gobernación, González prometió la cancelación del contrato de LUMA. Sin embargo, ahora, en un acto de deshonestidad, afirmó que no lo cancelará y propuso la creación de un ente gubernamental o “zar” para fiscalizar al ente privado. Es absurdo invertir fondos públicos en la creación de una entidad burocrática como un zar, funciones que por ley recaen sobre la Autoridad de Alianzas Público Privadas y sobre el Negociado de Energía, para lograr que LUMA funcione. No olvidemos que un voto por Jennifer González es un voto por LUMA y por la continuidad de los pasados 8 años de gobierno.
