El candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez presentó hoy sus propuestas basadas en la anticorrupción gubernamental, junto a un grupo representativo del liderato de su partido.
Jiménez expuso una supuesta necesidad de reenfocar la lucha contra la corrupción a una más agresiva en cuanto a la educación, prevención, fiscalización e integración de recursos, dotando a las agencias fiscalizadoras de mayores recursos y herramientas tecnológicas.
“Lo primero que vamos hacer es, que ya lo hemos hecho, es examinar todas las agencias que tienen que ver con las regulaciones, leyes, y tienen que ver con el comportamiento que se debe exhibir cuando uno es funcionario público”, detalló el candidato.
Asimismo, describió que evitará la “dualidad” de funciones en la mala utilización de fondos. “Porque cuando ustedes hacen procedimientos dos veces lo que estás es botando fondos”.
El candidato propone reasignar el presupuesto de la Oficina del Inspector General (OIG) y al personal de auditoría en las diferentes agencias, corporaciones públicas y otras entidades gubernamentales a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). Y disponer, además, que las unidades de auditorías internas de los municipios también le respondan a la OCPR.
“Estableceremos un ejército de auditores que velarán constantemente por la utilización de los fondos públicos y dotaremos a nuestras entidades fiscalizadoras de mayores herramientas para lograr nuestra misión como sociedad”, señaló Jiménez.
Al igual, insiste en aumentar el presupuesto de la OCPR para reclutar a 100 nuevos auditores, como las auditorías realizadas anualmente por auditores externos a cada entidad gubernamental tendrán que ser coordinadas con la OCPR.
“Con esta práctica el Contralor en coordinación con los auditores externos planificarán las auditorías de controles internos y otros, evitando así, la duplicidad de procedimientos de auditorías en áreas específicas y enfatizar en otras”, afirmó el comunicado de las propuestas.
Este plan también planifica establecer que toda subasta realizada por la Administración de Servicios Generales (ASG) o cualquier entidad gubernamental, incluyendo que los municipios tengan la presencia de auditores de la OCPR. Y, mediante legislación, impulsar para que ningún contrato, tenga una vigencia mayor al término por el cual fue electo el gobernador, alcalde o el funcionario designado.
En torno a la educación y prevención, Jiménez propone establecer, por ley, que el Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, sea responsable de coordinar todos los esfuerzos y desarrollar un programa de educación continua para la rama ejecutiva.
Conforme al comunicado, este programa abordará temas como la contratación gubernamental, la ética, la prevención de delitos contra la función pública y los controles internos, asegurando una oferta académica ‘integrada y coherente”. Además, plantea que la OCPR, en coordinación con la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), diseñará una academia para capacitar a niveles gerenciales y de supervisión.
Esta propuesta incluye la coordinación con el Tribunal Supremo para que los jueces de nuevo nombramiento reciban adiestramientos especializados en delitos relacionados con la función pública como parte del currículo de la Academia Judicial.
Por otro lado, para la fiscalización y coordinación interagencial, buscan enmendar la composición del Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, limitando su integración a entidades clave como la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la OCPR, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y el Departamento de Justicia (DJ).
Asimismo, Jiménez propone que, por ley, se establezca la obligación de este grupo de trabajo de adoptar planes dirigidos a la prevención de la corrupción en coordinación con el Departamento de Educación, las universidades, organizaciones profesionales y empresariales, la OATRH, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y las áreas de cumplimiento que supervisan el uso de fondos federales.
En cuanto a la OEG, Jiménez sugiere una revisión integral de su Ley Orgánica para enfocar las investigaciones en “conductas conflictivas” desde una perspectiva ética, además de incrementar su asignación presupuestaria.
“Con estas medidas, nosotros vamos a tener la vigilancia de nuestros fondos públicos. Estoy segura, que si nosotros logramos esto, vamos a tener unas economías y unos ingresos adicionales, que hoy se están perdiendo por malas decisiones”, afirmó el candidato.
Por consiguiente, el plan busca ampliar y promover de manera decidida los acuerdos colaborativos con el gobierno federal, incluyendo el Departamento de Justicia, el FBI y Homeland Security Investigation (HSI), para asegurar la investigación y procesamiento de delitos federales relacionados con el mal uso de fondos públicos.
“La corrupción ha sido el cáncer que ha frenado nuestro progreso por tanto tiempo. Mi compromiso es claro, cada acto de corrupción será perseguido y castigado con todo el peso de la ley. No habrá impunidad ni inmunidad para los conspiradores y participantes de estas acciones. No descansaremos hasta que eliminemos este mal”, señaló el candidato.
