Recientemente, la comisionada residente, acompañada por los senadores de San Juan, anunciaron— como algo positivo— la nueva fase de canalización del río Piedras.
En un contexto en el que las olas de calor extremo y los eventos atmosféricos son cada vez más fuertes y frecuentes, los gobiernos deberían— con urgencia— hacer uso de la ciencia para combatir y mitigar los efectos del cambio climático, unidos de la participación democrática de la ciudadanía y con el fin de no solo preservar los ecosistemas, pero fomentar la reforestación. Esta no fue la vía escogida por el Partido Nuevo Progresista (PNP). La tendencia mundial indica que las canalizaciones de los ríos terminan siendo revertidas al “no cumplir con los objetivos propuestos de manejo de inundaciones y gestión integral de la cuenca”. Pueden verse “25 Ejemplos internacionales de canalizaciones revertidas o modificadas” publicadas el 17 de abril de 2024 por el semanario Claridad.
Además de las terribles consecuencias ambientales provocadas por la canalización de los ríos (y de que no mitigan inundaciones), hay un elemento humano, social, económico y de salud mental que el PNP despacha sin vergüenza alguna: adquirir sobre 150 propiedades y viviendas, que de negarse quienes allí residen, pueden ser expropiados forzosamente de sus residencias.
Las historias de expropiaciones en el pasado han tenido consecuencias desastrosas. No existe plan alguno para el desplazamiento de estas familias. Jenniffer González y el PNP celebran que van a desplazar sobre 150 familias sin contar con residencias disponibles, sin un plan para atender la separación forzosa de sus comunidades, sus lugares de trabajo, de sus familias, de sus redes de apoyo, su red de cuidado médico, escuelas y de su vida en general. Si las mudanzas planificadas son difíciles, imagínese hacerlas sin planificación. Las comunidades se oponen a la canalización del río Piedras, con razón. La Alianza es la única fuerza política que asumió sus reclamos y está comprometida con la defensa de la gente y el ambiente.
