Veintiocho grupos comunitarios, Iglesias y organizaciones sin fines de lucro solicitaron el jueves a la Junta de Control Fiscal que retire su demanda contra la Ley 10-2024, que regula la medición neta en Puerto Rico.
“Persistiremos en nuestra lucha hasta que se anule la demanda de la junta o se mantenga intacta la Ley 10 de medición neta”, expresó David Ortiz, director del Programa de Puerto Rico de Solar United Neighbors, en declaraciones escritas.
La solicitud surge luego de que el Tribunal Federal denegara la participación de Sierra Club Puerto Rico y Solar United Neighbors en defensa de la ley. “Defender esta ley significa proteger el acceso a la energía limpia y garantizar un futuro sostenible”, agregó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club Puerto Rico.
Las organizaciones advierten que cambiar la Ley 10 afectaría a más de 120,000 hogares que han adoptado la energía solar y limitaría recursos económicos para otros servicios esenciales.
El programa de medición neta fue creado en el 2007 con el propósito de incentivar que clientes residenciales y comerciales a instalar sistemas de energía fotovoltaica. Mediante dicho programa, el cliente recibiría una compensación por el exceso de electricidad que genere su equipo, y mediante un crédito, sólo pagaría por la electricidad neta que le suministre la AEE.
El pasado 18 de septiembre, una petición con firmas de 7 mil ciudadanos fue entregada a la Junta de Control Fiscal durante la reunión pública del día de hoy exigiendo que se anule la demanda a nivel federal que se radicó para anular la Ley-10 del 2024 que extiende la medición neta.
Según explicó el director de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, en inglés), Javier Rúa Jovet, mediante las firmas se exige a la Junta que detenga su intención de acabar o alterar el programa de medición neta y no se anule la ley que protege la medición neta hasta el 2023.
