El Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico llevó a cabo una actividad de entrega de proclama, donde reiteraron sus reclamos sobre las precarias condiciones laborales que afectan a miles de trabajadores sociales en la isla, esto como parte del Mes del Profesional de Trabajo Social.
La presidenta del colegio, Krystal Pérez Martínez, lideró la jornada y subrayó la necesidad urgente de cambios en materia de recursos, salarios y carga de trabajo.
Pérez Martínez destacó que, aunque el Mes del Trabajo Social está reconocido bajo la Ley 12 de 2023 como una celebración anual que visibiliza la importancia de la profesión, los retos para estos profesionales siguen siendo cada vez más desafiantes.
“Nos estamos enfrentando a una sobrecarga laboral significativa. En agencias como el Departamento de la Familia y el Departamento de Educación, hay trabajadoras sociales que tienen que atender hasta 700 estudiantes o gestionar 50 casos al año, cuando lo recomendado es un máximo de 20 casos. Esto es insostenible”, afirmó a Metro Puerto Rico.
Uno de los principales reclamos que surgió fue la necesidad de un salario digno. La presidenta del colegio denunció que algunos profesionales con maestría están recibiendo sueldos que no superan los $1,050 mensuales, lo cual asegura es insuficiente para cubrir los costos de vida en la isla.
“Sabemos que las rentas están por las nubes y con esos salarios es imposible mantener un nivel de vida adecuado. Esto está forzando a muchos de nuestros profesionales a abandonar la profesión o incluso emigrar”, advirtió Pérez Martínez.
Además de la sobrecarga laboral y los bajos salarios, los trabajadores sociales enfrentan otras dificultades que comprometen su desempeño. Pérez Martínez mencionó la falta de recursos materiales, como la ausencia de oficinas adecuadas donde puedan realizar sus intervenciones de manera confidencial, y la carencia de transporte o apoyo financiero para los desplazamientos a las comunidades.
“El trabajo social no se limita a una oficina. Necesitamos movilizarnos para ayudar a las comunidades, pero no contamos con los recursos mínimos, como transporte o dietas”, explicó.
Otro problema señalado es la falta de supervisión adecuada por parte de profesionales del mismo campo. En muchas ocasiones, los trabajadores sociales son supervisados por personas de otras profesiones, como enfermeros o psicólogos, lo que dificulta el entendimiento completo de la labor que realizan.
La falta de recursos y el exceso de carga laboral impactan en la calidad de las intervenciones que los trabajadores sociales pueden brindar. Pérez Martínez explicó que, debido a estas limitaciones, las intervenciones tienden a ser “superficiales”, resolviendo problemas momentáneos sin abordar las causas profundas.
En Puerto Rico hay alrededor de 7,600 trabajadores sociales, pero muchos de ellos se ven obligados a buscar trabajo en otros sectores o emigrar, debido a las condiciones laborales adversas. “Las condiciones en las que nos encontramos están provocando que menos trabajadores sociales se queden en la isla, lo que a su vez afecta la cantidad de casos que podemos atender”, señaló Pérez Martínez.
Llamado al Gobierno
Finalmente, la presidenta del Colegio hizo un llamado al gobierno de Puerto Rico, tanto al actual como al próximo, y a la Junta de Supervisión Fiscal para que inviertan en la profesión. “Invertir en los trabajadores sociales es invertir en el futuro del país. Si mejoramos las condiciones de trabajo de estos profesionales, el país puede crecer y prosperar”, concluyó.
El Colegio de Profesionales de Trabajo Social continuará abogando por mejores condiciones laborales y salarios justos, con la esperanza de que sus reclamos sean atendidos para poder ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía puertorriqueña.
La presidenta del Colegio también informó sobre las gestiones que han realizado para mejorar la situación de la profesión, incluyendo la comunicación directa con agencias públicas y legisladores. Entre los logros más destacados mencionó la elaboración de dos proyectos de ley: la Carta de Derechos de los Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico (P.S. 893) y la Ley de Salario Base para los Trabajadores Sociales (P.S. 894). Ambos proyectos buscan garantizar la protección de la profesión y establecer condiciones salariales justas.
No obstante, Pérez Martínez lamentó que el proyecto de la Carta de Derechos fue vetado por el gobernador, lo que atribuyó a un desconocimiento y desinterés hacia la profesión.
“No fue el Colegio quien nos rechazó y les negó a los 7,600 trabajadores sociales poder posicionar nuestra profesión. Fue el gobierno actual, el sistema actual”, enfatizó.
