El Departamento de Justicia de Puerto Rico confirmó que recibió un referido por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) relacionado con una denuncia de “acceso ilegal” a los datos del Registro General de Electores luego de investigación publicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Según se confirmó, actualmente, Justicia mantiene activas cinco investigaciones de naturaleza electoral. La agencia explicó, a través de declaraciones escritas que en Puerto Rico las investigaciones criminales, tanto estatales como federales, se llevan a cabo de manera confidencial para proteger el proceso de influencias externas, y solo se presentan cuando se ha reunido suficiente evidencia para demostrar los elementos del delito más allá de duda razonable.
El referido provino por parte de la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, quien solicitó que se evaluaran posibles acciones contra el CPI por el acceso a datos del Registro General de Electores. “Referimos el caso al Departamento de Justicia para evaluar exactamente cómo el CPI logró acceso a información privilegiada y confidencial de la Comisión Estatal de Elecciones”, expresó Padilla Rivera en entrevista con Metro Puerto Rico.
El 24 de septiembre, el CPI publicó un reportaje titulado “Amplio esquema de robo de votos corrompe el sistema electoral en Puerto Rico”, en el que se reveló que alrededor de 900 mil fallecidos permanecen registrados en la lista del Registro Electoral y que supuestamente miles de ellos habrían votado en las últimas dos elecciones. Según la investigación del CPI, existe un patrón de fraude electoral en el que estarían implicados tanto el Partido Nuevo Progresista (PNP) como el Partido Popular Democrático (PPD), en colaboración con la CEE, utilizando los datos de electores fallecidos, personas mayores o ciudadanos que no residen en Puerto Rico.
Padilla Rivera calificó como falsa la información presentada en el reportaje del CPI, alegando que fue “sacada de contexto e irresponsable”.
Además, aclaró que el señalamiento es en contra del acceso “ilegal” por parte del CPI y no directamente contra los periodistas que lo llevaron a cabo. “El Registro General de Electores es un documento confidencial que se utiliza exclusivamente para fines electorales, lo que hizo el Periodismo de Investigación con nuestro Registro General de Electores fue un acto ilegal”, afirmó la presidenta alterna.
La divulgación de información confidencial de electores no es un hecho nuevo para la CEE. En el pasado, empleados de la comisión han filtrado datos privados, como ocurrió con la abogada Mayra López Mulero, quien radicó querellas en diversos foros. También se ha reportado la publicación de información privada de electores y periodistas por parte de figuras políticas.
