La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) presentó su Informe Anual del año fiscal 2023-2024, destacando un incremento en la identificación de costos cuestionados, que alcanzan casi $483 millones de dólares, por posibles deficiencias identificadas en las entidades gubernamentales intervenidas.
Desde el comienzo de su operación en 2019, la OIG corrigió una falla estructural en el gobierno, trasladando y centralizando las funciones de auditoría interna de las agencias a una entidad independiente.
A esos efectos, se transfirieron los puestos y el presupuesto de todas las unidades de auditoría interna de las entidades bajo la jurisdicción de la Ley Núm. 15 a la OIG, toda vez que previo a la creación de la OIG, los auditores internos respondían directamente a los jefes de las agencias lo que impedía que pudieran llevar a cabo una gestión independiente y objetiva.
“En 2019, recibimos apenas tres informes en total, al realizar la transición del personal de auditoría interna a la OIG”, señaló la Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera, en declaraciones escritas.
“Hoy, nuestro informe anual detalla la publicación de 179 informes durante el año fiscal 2023-2024, accesibles al público, la prensa y cualquier parte interesada. Desde su creación el 2019 la OIG ha publicado mas de 500 informes de auditorías e intervenciones”, agregó.
El presupuesto de la OIG, como lo establece su ley orgánica, es consolidado, compuesto por las transferencias de las unidades de auditoría internas de las diferentes entidades, incluyendo la porción correspondiente al presupuesto de nómina y los gastos operacionales asociados a los puestos transferidos. Este año, la OIG consolidó su presupuesto bajo una sola entidad.
“La centralización de los recursos de auditoría interna bajo la OIG ha permitido una gestión más eficiente que aseguran visibilizan irregularidades en el uso de fondos públicos y ofrecen recomendaciones específicas a las entidades involucradas para corregir deficiencias y fortalecer los controles internos”, detalló por su parte la agencia.
En el año fiscal 2023-2024, se emitieron 113 requerimientos de acción correctiva con un total de 1,412 recomendaciones para que las entidades enmienden errores y corrijan desviaciones de procesos.
“Además, la OIG, ha concluido investigaciones en colaboración con entidades federales que han logrado identificar y señalar irregularidades relevantes en la gestión pública. La OIG ha logrado la paralización de contratos, restitución de fondos, imposición de sanciones, así como realizar referidos a las entidades federales y estatales por violaciones a las leyes”, añadieron.
La OIG además tiene la responsabilidad de promover la capacitación y participación de los empleados públicos en temas de auditoría, control, cumplimiento de la administración pública y prevención de ineficiencias e irregularidades. En el año 2023-24, capacitaron 12,994 servidores públicos.
El Informe Anual 2023-2024 de la OIG está disponible para su consulta en la página electrónica www.oig.pr.gov.
Cualquier persona que conozca sobre actos que podrían poner en peligro el buen uso de fondos públicos, así como actos que podrían constituir corrupción, puede comunicarse con la línea confidencial de la OIG al 787-679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov o a través de la página electrónica www.oig.pr.gov/informa.
