La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), publicó un informe mediante el cual detalla los efectos adversos en las finanzas del Gobierno de Puerto Rico relacionados con querellas por despidos, acciones disciplinarias y otras transacciones de personal motivadas por razones político-partidistas, acoso laboral y hostigamiento sexual contra funcionarios y empleados de las tres ramas del Gobierno y las corporaciones públicas.
El informe revela que 27 entidades de la Rama Ejecutiva, Legislativa y Corporaciones Públicas reportaron 595 querellas entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2023.
De esta cantidad de querellas, un total de 521 en 20 entidades fueron resueltas por un monto de 101,177 dólares, mientras que aún quedan pendientes 65 querellas en 12 entidades, con un costo estimado de 429,000 dólares. Además, cinco querellas por 141,949 dólares fueron detenidas por la Ley PROMESA, y no se obtuvo información sobre el estatus de cuatro querellas. La Rama Judicial no reportó querellas.
El análisis reveló que el 64 por ciento de las querellas fueron por acoso laboral, el 33 por ciento por hostigamiento sexual y el 3 por ciento por discrimen político-partidista.
Además, el 56.8 por ciento de los querellantes eran mujeres, el 22.4 por ciento hombres, mientras que el 1.3 por ciento de las querellas fueron presentadas por grupos mixtos de hombres y mujeres. En el 19.5 por ciento de las querellas, no se suministró información sobre el género de los querellantes.
De las 159 entidades gubernamentales que participaron en el estudio, 117 informaron no haber tenido querellas durante el periodo analizado, aunque 21 de estas reportaron tener demandas pendientes. Varias entidades, como la Alianza Municipal para el Desarrollo Económico, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, el Fondo del Seguro del Estado, el Senado de Puerto Rico y la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, no certificaron ni entregaron los documentos requeridos.
La OCPR recomendó al secretario de Justicia que considere los resultados del informe y oriente a los funcionarios sobre las consecuencias adversas de las acciones basadas en motivos político-partidistas, hostigamiento sexual y acoso laboral. El estudio también sugiere que los directores y jefes de las entidades gubernamentales aseguren el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la administración del personal.
El informe, que abarca del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023 y contiene cinco anejos, está disponible en www.ocpr.gov.pr.
