Un análisis de los donativos a las campañas políticas en los primeros siete meses de 2024 reveló que los inversionistas beneficiados por las exenciones contributivas de la antigua Ley 22— ahora la Ley 60— favorecieron con más de $62,400 dólares a tres de los principales candidatos de las elecciones generales del próximo 5 de noviembre.
La candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón; y los alcaldes de San Juan y Dorado, Miguel Romero Lugo y Carlos López Rivera, respectivamente, fueron los más beneficiados por estos donativos entre los meses de enero a julio de este año, según los datos más recientes de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), que fueron analizados por una coalición de organizaciones comunitarias.
Los donativos electorales de 2024, sumados a los que personas beneficiarias de la Ley 60 han hecho desde el inicio del programa hace más de una década en la Isla, totalizan al menos $1,220,000 dólares.
”Es muy probable que las cifras reales sean más altas, ya que algunos donativos aún no están disponibles en la base de datos de la Oficina del Contralor Electoral, las identidades de algunos beneficiarios no se han podido corroborar y no incluimos candidatos que perdieron en primarias. Lo verdaderamente alarmante es que en nuestro primer informe incluimos 20 candidatos, los cuales totalizaron alrededor de $900,000 en 10 años. Sin embargo, este segundo informe contempla menos (11) candidatos, los cuales totalizan sobre $200,000 en solo 7 meses”, explicó el Lcdo. Julio López Varona, director de campañas de la organización Democracia Popular.
“Este informe no es más que un retrato de los candidatos y gobernantes que no han atendido los reclamos de las organizaciones y comunidades con respecto a la Ley 22 y ya sabemos por qué. Este aumento sustancial en los donativos confirman la pertinencia de nuestro reclamo de transparencia por parte del gobierno, a la vez que demuestra cómo estos beneficiarios influencian nuestros políticos para que continúen defendiendo sus intereses”, agregó.
El gobernador actual, Pedro Pierluisi Urrutia, y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, también recibieron cuantiosas donaciones de dichos inversionistas durante los primeros meses de 2024, sin embargo, tras perder las primarias de sus partidos en junio, fueron excluidos de este análisis.
Otros candidatos beneficiados, aunque con cantidades menores, fueron el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González; los candidatos a comisaría residente por la Pava y la Palma, Pablo José Hernández y William Villafañe Ramos, respectivamente; los representantes novoprogresistas, José “Che” Pérez Cordero y Jorge Navarro Suárez; y el alcalde de Villalba y candidato al Senado por Acumulación por el PPD, Luis Javier Hernández Ortiz.
López Varona advirtió que “estas cifras representan un estimado conservador del total de donaciones, ya que solo se incluyeron las personas beneficiarias de la ley 22 cuya información es verificable. Además, los datos puntuales sobre las donaciones de 2024 no siempre figuraban en la base de datos de la Oficina del Contralor Electoral”.
La coalición de Puerto Rico No Se Vende, Hedge Clippers y Democracia Popular habían publicado en mayo pasado un informe sobre el enorme acceso e influencia que los beneficiarios de la Ley 60 tienen sobre los cargos electivos en Puerto Rico.
Entre 2013 y 2023, los beneficiarios de Ley 60 donaron a candidatos para 21 cargos públicos electos, además de donaciones directas al PPD y PNP. En el informe anterior se descubrió que más de 20 políticos recibieron $902,044 dólares de parte de estos donantes, mientras que los comités del PNP y PPD recibieron $121,547 dólares en conjunto.
De enero a julio de 2024, las nuevas divulgaciones electorales revelan que las personas beneficiarias de la Ley 60 han donado más de $210,000 dólares a figuras políticas de Puerto Rico.
Detalles sobre donaciones
Jenniffer González Colón, comisionada residente y candidata a la gobernación por el PNP
De las figuras políticas actualmente en la papeleta del 5 de noviembre, la principal en recibir donaciones adicionales de beneficiarios de la Ley 60 durante este año fue la aún comisionada residente en Washington D.C. y candidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer González Colón, con $33,900 dólares.
Esta cifra sumada a los $84,900 dólares en donativos que recibió entre 2013 y 2023, totaliza $118,800 dólares.
Entre las mayores donaciones a González fueron de Charles “Charlie” y Kathleen “Kate” Hamilton, quienes fundaron y forman parte de “CapRock Partners”. Los Hamilton recibieron la exención contributiva bajo la Ley 22 en 2014. Charlie Hamilton, también socio gerente de dos empresas de desarrollo de terrenos residenciales en Texas, en 2021 recibió del Gobierno de Puerto Rico la transferencia de los muelles de Bahía Urbana en el Viejo San Juan al consorcio privado mediante un contrato de arrendamiento que podría extenderse hasta 80 años. “CapRock Partners”, fondo de la familia Hamilton, fue parte de este negocio.
Varios grupos comunitarios y ambientales han expresado su profunda preocupación por este megaproyecto turístico por el impacto de las islas flotantes en la vida marina y los ecosistemas de la bahía. A residentes y pequeños negociantes del Viejo San Juan les preocupa que el proyecto acelere la gentrificación y anteponga los intereses de los negocios extranjeros a los de la comunidad empresarial puertorriqueña.
La familia Hamilton (Charles, Kathleen y sus dos jóvenes hijos Conrad y Carson) donaron en conjunto a las mismas figuras políticas. El 23 de mayo de 2024, tres de ellos donaron la cantidad máxima a González Colón.
El récord de la aspirante a La Fortaleza por la Palma respecto a la Ley 60, de beneficios contributivos a inversionistas, ha sido de evasivas al tema. El año pasado, un rotativo la citó opinando que la Ley 22 (parte de la Ley 60) “ya cumplió su propósito y es hora de derogarla o modificarla considerablemente”. Sin embargo, desde entonces, no ha hecho un compromiso público a tales efectos.
Cuando se aprobó la Ley 22 en el 2012, González Colón presidía la Cámara de Representantes. En 2023, cuando grupos comunitarios, incluidos los de la coalición “Puerto Rico No Se Vende”, se reunieron con su equipo de trabajo en su oficina de Washington D.C., fueron evasivos sobre la posición de la comisionada residente sobre la ley. La candidata tampoco fue incluida como firmante en una reciente carta de una docena de congresistas, incluyendo varias congresistas puertorriqueñas, en la que se pedía una mayor transparencia en la aplicación de la Ley 22 por parte del Servicio de Rentas Internas federal (IRS).
Miguel Romero Lugo, alcalde de San Juan y candidato a la reelección por el PNP
Los beneficiarios de la Ley 60 donaron $151,270 dólares entre 2013 y 2023 al alcalde de San Juan y candidato a la reelección, Miguel Romero Lugo. Este año dieron $10,400 que, sumados a lo anterior, resulta en en total de $161,670 dólares.
Las donaciones destacadas fueron de “Brock Pierce”, multimillonario de criptomonedas que obtuvo las exenciones de Ley 60 en 2018. La revista Forbes lo ubica entre las personas más ricas en criptomonedas y su capital neto se estima en mil millones de las monedas virtuales. Pierce ha sido objeto frecuente de protestas contra la gentrificación en Puerto Rico. Pagó $18.3 millones por un hotel en Vieques que había permanecido cerrado desde el huracán María y es propietario de un edificio histórico de $5 millones de dólares en el Viejo San Juan, el cual describe como su “casa club”.
La administración del alcalde sanjuanero ha enfrentado la presión comunitaria por su inacción en asuntos relacionados con la Ley 60. En 2022, la comunidad de Puerta de Tierra, le pidió que atendiera el acelerado desplazamiento de sus barrios a consecuencia de inversiones bajo la Ley 60. Romero Lugo supuestamente entabló negociaciones con Logan Paul (youtuber, boxeador y beneficiario de la exención contributiva) para vender un antiguo centro comunitario en el histórico distrito de La Perla sin la consulta, ni participación de la comunidad.
Carlos López Rivera, alcalde de Dorado y candidato a la reelección por el PPD
De 2013 a 2023, el alcalde de Dorado y candidato a la reelección por el PPD, recibió donaciones de la Ley 60 de $96,100 dólares. Hasta julio de 2014 había recibido $18,100. En total por los 11 años ha recibido $114,200 dólares.
Los principales donantes al alcalde de Dorado son Michael y Suzanne McCloskey, fundadora de “Fair Oaks Farms” de Indiana, una de las granjas más grandes de Estados Unidos (con 36,000 vacas), además acusada de trato indebido a los animales. Michael, de madre puertorriqueña, al regresar a Puerto Rico recibió las exenciones contributivas de la Ley 60 en 2015 y su esposa recibió el estatus de exenta en 2016. En un momento se rumoró que la administración Trump consideraba a Michael McCloskey para ser secretario de Agricultura.
”Al parecer, la familia McCloskey se pone de acuerdo para hacer las donaciones en conjunto a los mismos políticos, en un mismo día, por el máximo permitido por ley”, opinó López Varona.
El 15 de abril de 2024, cinco integrantes de la familia McCloskey donaron $15,000 dólares en conjunto a López Rivera, según los registros públicos de las declaraciones de financiamiento de campaña y las aportaciones políticas de sus familiares Jackeline, Augustus y John Michael McCloskey.
López Rivera es el alcalde del segundo municipio con más residentes beneficiarios de la Ley 60. El primero es San Juan. De 2013 a 2023, este alcalde recibió 75 donaciones por un total de $96,100 dólares más otros $18,100 en los primeros seis meses de 2024.
El alcalde de Dorado encargó a una firma de arquitectura el desarrollo de “Dorado Vision 2025″. Sus intentos de atraer inversionistas del extranjero y personas beneficiarias de la Ley 60 funcionaron, ya que uno de cada 10 beneficiarios vive en Dorado. En 2022, una mansión fue comprada por un multimillonario de las criptomonedas e inversionista por el precio récord de $40 millones de dólares.
Mientras, los precios de las propiedades se han disparado en Dorado, donde el precio promedio de venta de viviendas de más de un millón de dólares multiplicó hasta alcanzar los $6.2 millones en 2022 a consecuencia de los decretos de exención, según reportes de prensa.
¿Los beneficiarios de la Ley 60 pueden votar en Puerto Rico?
En entrevista con Metro al Mediodía, la coordinadora de campañas del Centro para la Democracia Popular, Marlyn Goyco, comentó que los beneficiarios de la Ley 60 pueden votar en las elecciones generales de la Isla.
“Sí se les permite votar (a los residentes extranjeros). El requisito de residencia es suficiente para que ellos se puedan registrar (en el Registro Electrónico de Electores)”, afirmó Goyco en entrevista con este medio.
No obstante, la coordinadora de campañas de la organización reiteró que en la Coalición no han logrado acceso al listado de electores para corroborar si estas personas votaron en el pasado o votarán en el proceso electoral que se aproxima.
Recomendaciones políticas
“A la luz de todos estos hallazgos, reiteramos la urgente necesidad de rechazar la influencia política de los beneficiarios de la Ley 22. Tenemos que reformar este sistema y abolir la legislación vigente”, afirmó el director de proyectos para la Democracia Popular.
”Las personas que aspiren a cualquier puesto electivo en Puerto Rico, sin importar su nivel, deben comprometerse a rechazar cualquier aportación a sus campañas proveniente de beneficiarios de Ley 22 debido a la enorme influencia que tienen estos donativos en el sistema electoral puertorriqueño”, añadió.
López Varona además aprovechó para instar a todos los candidatos que recibieron las donaciones a devolver los fondos, “tal como lo permite la legislación vigente”.
La coalición de organizaciones propone lo siguiente:
● El Gobierno de Puerto Rico debe investigar el impacto de la Ley 60 en el costo y accesibilidad de la vivienda, con especial atención a las comunidades marginadas.
● Los departamentos de Desarrollo Económico y Comercio y de Hacienda deben mejorar la supervisión, aplicación y auditoría de los decretos de Ley 60, y publicar la información requerida sobre las personas beneficiarias del programa.
● Como las Leyes 22/60 no han cumplido su objetivo de mejorar el desarrollo económico de Puerto Rico y por el contrario sus repercusiones en las comunidades puertorriqueñas han sido negativas, la Asamblea Legislativa debe abolir el conjunto de Ley 22/60.
Según la Coalición, los problemas de la Ley 22 son los siguientes:
● Priva a la isla de ingresos fiscales: El informe de gastos tributarios de Puerto Rico para 2023 revela que el Gobierno dejó de percibir aproximadamente $2,220 millones de dólares en ingresos relacionados con la Ley 22 entre 2017 y 2023. Aunque se argumenta que la ley estimulará la economía, se calcula que Puerto Rico perderá $4,400 millones en ingresos entre 2020 y 2026 por este concepto.
● Empeora la crisis de vivienda: Las personas de alto poder adquisitivo que se benefician de las exenciones de la Ley 22 están acaparando propiedades y especulando en el mercado inmobiliario. Su codicia está disparando el costo de la vivienda y desplazando a puertorriqueño de sus hogares. Se está desalojando y excluyendo del mercado a residentes de largo plazo para dar preferencia a las inversiones y alquileres vacacionales a corto plazo.
● Daños al medio ambiente: La llegada de inversionistas también ha tenido graves repercusiones ambientales. Estas personas compran propiedades cerca de la costa y otros entornos naturales donde causan daño a las playas y han deforestado manglares en lugares como Salinas y la cueva Las Golondrinas en Aguadilla.
Metodología del estudio
La Coalición informó que los datos sobre el financiamiento de la campaña de 2024 que figuran en este informe se descargaron de la base de datos de donaciones de la Oficina del Contralor Electoral y se analizaron en septiembre de 2024. (https://serviciosenlinea.oce.pr.gov/PublishedDonor/Search) y de la base de datos de la Comisión de Elecciones Federales sobre los cargos federales, como el de la comisionada residente (https://www.fec.gov/data).
Los datos de las personas beneficiarias de la Ley 22/60 se obtuvieron del sitio web del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (https://www.desarrollo.pr.gov/acceso-informacion).
Las declaraciones y los totales de la campaña de 2024 están disponibles en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i31bF7IWoNQSkZdZCFIvleKxyGpHlOt4kpNQYOPf6-I/edit?gid=162645327#gid=162645327.
Para más información sobre los métodos del informe ver el detalle en https://www.populardemocracy.org/news/publications/dolor-y-lucro-la-influencia-de-las-donaciones-bajo-la-ley-22-en-las-elecciones.
Los interesados en obtener datos adicionales, pueden visitar prnosevende.com o textear “Ley22″ al 25463.
