Sunday, November 24, 2024
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Junta de Supervisión Fiscal explica a congresista oposición a ley que crea plan de mitigación para cooperativas

La Junta de Control Fiscal (JCF) respondió a un congresista que cuestionó la oposición del ente fiscal a la Ley 99 que crea un plan de mitigación para que las cooperativas recuperen unos $400 millones por las pérdidas que experimentó el sector con los bonos de Puerto Rico.

En una carta dirigida a Troy E. Nehls, representante por Texas y quien envió una misiva a la Junta el 1 de octubre pasado, el director ejecutivo de la JFC, Robert F. Mujica, Jr., director ejecutivo de la JCF, explica que la Ley 99 establece que la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) debe transferir a las cooperativas los fondos necesarios para compensar las pérdidas no operacionales.

Si, después de la mitigación, COSSEC certifica que sus recursos totales disponibles son insuficientes para mantener una posición neta del 2% de las acciones y depósitos asegurados, la ley ordena al Secretario de Hacienda que transfiera los recursos adicionales necesarios para cumplir con esta obligación, abundó.

Mujica le indicó al congresista que el 5 de junio de 2024, el gobernador de Puerto Rico vetó la medida cuando estaba pendiente como Proyecto de Ley Senatorial 644. “Como reconoció el gobernador en los materiales de la Sección 204(a) de PROMESA presentados a la Junta de Supervisión el 19 de julio de 2024, la medida tiene un impacto fiscal adverso en los gastos del Gobierno y es significativamente inconsistente con los planes fiscales aplicables. El 25 de junio de 2024, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico anuló el veto del gobernador, lo que resultó en la promulgación de la Ley 99, lee la carta.

Expresó que la Junta manifestó sus preocupaciones con el proyecto 644 en varias cartas dirigidas al gobernador y a la Legislatura desde junio de 2022.

Entre las razones para oponerse a la Ley 99, Mujica le indica a Nehls que el estatuto viola el Plan de Ajuste del Título III del Estado Libre Asociado y la orden del 18 de enero de 2022 del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que confirmó el Plan. “El Plan redujo la deuda del Estado Libre Asociado en aproximadamente un 80%, resolviendo las obligaciones de deuda del Estado Libre Asociado y estableciendo el tratamiento y los derechos de los reclamantes”.

No obstante, sostiene el director ejecutivo de la JCF, la Ley 99 requiere que el Estado Libre Asociado “brinde alivio preferencial o compensación a ciertos tenedores de bonos (es decir, cooperativas) fuera del tratamiento previsto en el Plan, según lo aprobado por la Orden de Confirmación, lo que constituye una violación del mismo”.

Mujica dijo además en la carta que la Ley 99 viola el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado y el Plan Fiscal de COSSEC. “El desembolso de fondos del gobierno a COSSEC no está contemplado en el Plan Fiscal de Puerto Rico, y el desembolso de fondos de COSSEC a las cooperativas no está contemplado en el Plan Fiscal de COSSEC. Además, el Plan Fiscal de COSSEC requiere la implementación de ciertos cambios en la estructura de gobernanza de COSSEC y requiere que las cooperativas realicen la transición de los Principios de Contabilidad Regulatoria (“RAP”) a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (“GAAP”) antes del 1 de enero de 2028. La Ley 99 condiciona la implementación de tales reformas a la finalización de la Mitigación”.

Añadió Mujica que, según las estimaciones de la Junta de Supervisión, la Ley 99 tendría un impacto fiscal en el ELA de entre $300 millones y $535 millones. “El gobernador llegó a una conclusión similar, al encontrar que la ley costaría aproximadamente $400 millones”.

“En pocas palabras, la Ley 99 contraviene directamente la Orden de Confirmación, una orden vinculante de un tribunal federal; los Planes Fiscales; y PROMESA y se promulgó a pesar del veto del Gobernador y en claro desprecio por los múltiples esfuerzos de buena fe de la Junta de Supervisión para persuadir en contra de la medida”, enfatiza el director de la Junta al congresista de Texas.

En la carta, Mujica contestó ampliamente una serie de preguntas específicas que el congresista hizo en su carta.



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