La gobernadora electa de Puerto Rico y aún comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González Colón, aseguró este lunes que impulsará en el Congreso la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
Más temprano, se reveló que la Isla fue incluida en un nuevo proyecto de ley del “Farm Bill”.
“Durante mi trayectoria en el Congreso he impulsado el acceso a más recursos alimentarios para nuestra gente y por lo tanto agradezco el que se continue discutiendo el tema de la transición de Puerto Rico del PAN al SNAP, que nos daría un trato igualitario al de nuestros conciudadanos”, expresó González Colón a Metro Puerto Rico en declaraciones escritas.
Continuó: “La propuesta publicada hoy es un paso más según siguen las discusiones del liderato del Comité, previo a la aprobación de la próxima Ley Agrícola. Yo seguiré impulsando la transición a SNAP en colaboración con Senado y Cámara en mi capacidad de comisionada residente y más adelante como gobernadora”.
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Debbie Stabenow— quien se jubilará al final de este Congreso— presentó la “Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria 2024″. El estatuto, que reemplazaría la “Ley de Mejora Agrícola de 2018″ o “Farm Bill”, incluye 1,397 páginas.
En la sección 4117 de proyecto se busca que los residentes de Puerto Rico, “quienes son ciudadanos estadounidenses”, puedan beneficiar del SNAP “después de más de 40 años de estar excluidos del programa”.
Esta medida podría aumentar la asistencia alimentaria de Puerto Rico de $2,900 millones anuales a $4,500 millones de dólares anuales. Se estima que el proceso de transición tomaría unos 10 años.
La transición al SNAP sustituiría al PAN, que opera con fondos en bloque y limitados, dejando a Puerto Rico en desventaja frente a los estados y otros territorios que cuentan con los beneficios plenos del SNAP. Con esta transición, se espera que la Isla pueda recibir una asignación basada en las necesidades reales de su población, promoviendo mayor equidad y estabilidad para las familias más vulnerables. Además, extiende protección a los beneficiarios en casos de emergencia y desastres naturales.
La medida de la senadora demócrata por Michigan se estructura en doce capítulos que incluyen nutrición, silvicultura, energía, desarrollo rural, seguros de cosechas, entre otros.
Al Congreso aún le quedan varias propuestas importantes sobre la mesa antes de que finalice el 2024, como la medida para financiar el Gobierno. Por esa razón, las expectativas de aprobación de la “Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria 2024″ podrían ser escasas. Además, durante el año, la presidenta ha tenido dificultad para que los republicanos apoyen las medidas presentadas por el comité que lidera. En el Comité de Agricultura de la propia Cámara baja federal se aprobó un proyecto en mayo que todavía no ha contado con el respaldo para bajar al pleno.
Adicional, el 30 de septiembre el “Farm Bill” expiró. La pasada semana, el Congreso retomó las sesiones y deberá decidir si extiende hasta finales de año los programas, que ya se han visto afectados. La aprobación de una nueva ley agrícola podría incluso atrasarse hasta marzo de 2025, cuando los republicanos tomen control de ambas cámaras.
