BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal de Argentina condenó a un productor agropecuario a tres años de prisión por la matanza de más de 200 pingüinos Magallanes y la destrucción de sus nidos en una de las mayores reservas de esta especie en el planeta, en un fallo considerado como un hito para la justicia medioambiental.
El ganadero Ricardo La Regina deberá cumplir una pena de tres años de prisión de ejecución condicional —no irá a la cárcel— por los delitos de daño ambiental agravado y crueldad contra los animales por los hechos ocurridos entre el 10 y 14 de septiembre de 2021 en la reserva faunística de Punta Tombo, sobre la costa del Atlántico, en la Patagonia argentina, según la resolución difundida el jueves.
La Regina es propietario de una estancia aledaña a la reserva. En 2021, utilizó una máquina topadora para trazar un camino y destruyó más de 175 nidos ocupados por pichones, huevos y adultos, según la acusación del ministerio Público Fiscal de Chubut.
A su vez, el productor colocó un alambrado electrificado de seis hilos a una altura inferior a la de los animales, lo cual les impedía la libre circulación en medio del ciclo reproductivo de la especie y varios pichones murieron de inanición.
Se destruyeron 2.049 metros cuadrados de la reserva y el daño es irrecuperable, estimó la fiscalía.
El pingüino Magallánico es una especie clasificada como “Casi Amenazada” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En un comunicado, el Ministerio Público Fiscal de Chubut destacó que este fallo inédito “no solo es un hito en la protección de la fauna, sino que también sienta un precedente para la justicia ambiental en el país” porque “demuestra que es posible lograr condenas en casos de delitos contra el medio ambiente, incluso cuando existen presiones económicas en juego”.
Si bien el ganadero no irá a prisión —para ello la pena debería superar los tres años—, los tres jueces de un tribunal colegiado de Rawson, capital de la provincia patagónica de Chubut, dispusieron el decomiso de la máquina retroexcavadora que La Regina utilizó para cometer el delito.
Además, dispuso que organismos competentes ingresen a su establecimiento para realizar la recomposición del medio ambiente afectado y lo controlen cada cuatro meses. “La Regina deberá colaborar con la realización de estas actividades y ponerse a disposición de la autoridad competente”, resolvió el tribunal.
Tampoco podrá transitar con vehículos de gran porte en zonas sensibles al ecosistema ni realizar obras sin autorización e informes de impacto ambiental aprobados por las autoridades provinciales.
Según Greenpeace Argentina, también querellante, el fallo contra el productor ganadero “envía un mensaje claro: la destrucción del ambiente y el daño a la fauna no quedarán impunes”.
