NUEVA YORK — Una jueza federal declaró a la ciudad de Nueva York en desacato el miércoles por no detener la violencia y brutalidad en sus cárceles, un severo fallo que pone al problemático complejo carcelario de Rikers Island al borde de una toma de control federal.
En un fallo escrito, la jueza federal de distrito en Manhattan, Laura Taylor Swain, dijo que la ciudad había puesto a las personas encarceladas en un “peligro inconstitucional” al no cumplir con 18 disposiciones separadas de las órdenes judiciales relacionadas con la seguridad, el personal, la supervisión, el uso de la fuerza y la seguridad de los detenidos jóvenes.
Las sórdidas condiciones han empeorado significativamente en los nueve años desde que la ciudad resolvió acusaciones de abuso y violencia, escribió, exacerbadas por la “falta de voluntad o incapacidad” del cuerpo gobernante de la cárcel para implementar las reformas ordenadas.
Como resultado, Swain ordenó a la ciudad y a los abogados que demandan en nombre de los detenidos que se reúnan con un monitor designado por el tribunal para analizar un marco propuesto para una administración judicial federal, una intervención extraordinaria que cedería a la ciudad el control de uno de los sistemas carcelarios más grandes y famosos de la nación.
El alcalde Eric Adams, que se ha opuesto vehementemente a una toma de control federal, dijo el miércoles que la ciudad había hecho “importantes avances para abordar la negligencia y los problemas de décadas en Rikers Island”.
“Estamos orgullosos de nuestro trabajo, pero reconocemos que hay más por hacer y esperamos trabajar con el equipo de monitoreo federal para lograr nuestro objetivo compartido de mejorar continuamente la seguridad de todos en nuestras cárceles”, afirmó.
Pero en su fallo, Swain encontró que los esfuerzos de la administración eran “insuficientes para cambiar la tendencia en un período razonable”. La ciudad parece haber actuado en ocasiones de mala fe en su incumplimiento de las reformas ordenadas por el tribunal, repetidamente “ocultando información esencial” al monitor, escribió.
“El Tribunal se inclina a imponer una administración judicial: es decir, una solución que hará que la gestión del uso de la fuerza y los aspectos de seguridad de las cárceles de Rikers Island dependan, en última instancia, directamente del Tribunal”, escribió Swain, y ordenó a las partes que le proporcionen para el 14 de enero un plan para una “administración judicial eficiente y efectiva”.
La sentencia, de 65 páginas, derivó de un litigio que comenzó hace más de una década con acusaciones presentadas por la Sociedad de Ayuda Legal y otros organismos de que el Departamento de Correccionales de la ciudad había participado en un patrón de fuerza excesiva e innecesaria.
La Sociedad de Ayuda Legal y el bufete de abogados Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP celebraron la “decisión histórica” y dijeron que “finalmente creará un camino para la reforma que puede proteger a aquellos a quienes les ha fallado” el cuerpo gobernante de la cárcel.
“El reconocimiento del tribunal de que la estructura actual ha fallado, y de que una administración judicial libre de influencias políticas y externas de otro tipo es el camino a seguir, puede garantizar que todos los neoyorquinos, independientemente de su estado de encarcelamiento, sean tratados con el respeto y la dignidad que les garantiza la ley”, dijeron.
En una declaración separada, Benny Boscio, presidente del sindicato que representa a los oficiales de las correccionales, afirmó que el fallo se basaba en una “narrativa errónea”, y añadió que el personal de la cárcel “carece de financiación y personal suficiente, ha sido convertido en chivo expiatorio y atado de manos” por los legisladores de la ciudad y el monitor federal.
Por ahora, salvo que Swain emprenda acciones posteriores, la ciudad sigue teniendo el control de sus cárceles.
El complejo carcelario, ubicado en una isla de difícil acceso en el East River, ha sufrido durante mucho tiempo de desorden y negligencia rampantes. Pero las tasas de violencia, uso de la fuerza, autolesiones y muertes bajo custodia en las cárceles de la ciudad han empeorado “demostrablemente” desde octubre de 2015, cuando la ciudad y las partes llegaron a un acuerdo, establecieron un decreto de consentimiento y acordaron el nombramiento de un monitor federal, dijo Swain.
“Peor aún, las condiciones inseguras y peligrosas en las cárceles, que se caracterizan por tasas sin precedentes de uso de la fuerza y violencia, se han normalizado a pesar de que son claramente anormales e inaceptables”, escribió la jueza.
Diecinueve personas murieron bajo custodia en Rikers Island en 2022. Nueve más murieron en 2023, y cinco murieron en los primeros ocho meses de este año. Al mismo tiempo, las tasas de apuñalamientos y cortes, peleas y ataques al personal “siguen siendo extraordinariamente altas”, dijo Swain.
No se ha producido una “reducción sustancial en el riesgo de daño que enfrentan actualmente quienes viven y trabajan en las cárceles de Rikers Island”, escribió la jueza.
Según un plan aprobado por el consejo de la ciudad en 2019, la ciudad de Nueva York está legalmente obligada a cerrar Rikers Island y reemplazarlo con cuatro cárceles más pequeñas y modernas para 2027. Pero a medida que ha crecido la población carcelaria en los últimos años, Adams, de tendencia demócrata, ha expresado su resistencia al cierre y ha instado a los legisladores a idear un “Plan B”. Hace unos meses, el director de presupuesto de la ciudad reconoció que probablemente no se cumpliría el plazo obligatorio.
