En lo que va del año, el Departamento de la Familia (DF) registró 39 menores desaparecidos, los cuales la agencia clasifica como “evadidos”, que tienen entre 18 y 20 años. Según los datos provistos por la agencia, 24 de estos son varones y 15 féminas. Además, dos de ellos tienen órdenes de arrestos.
La administradora auxiliar de la Administración de Cuidado Sustituto y Adopción del DF, Liz Sano Rodríguez, aseguró que en 2024 no se reportó como desaparecido ningún menor de 16 años bajo la custodia del departamento.
Sano Rodríguez explicó los procedimientos y dinámicas detrás de los incidentes de menores desaparecidos bajo la custodia del DF. La funcionaria aclaró que la mayoría de los casos corresponden a jóvenes que deciden evadirse por diversas razones, siendo los mayores de edad los más propensos a hacerlo.
“Cuando se conoce de la evasión de un menor, tenemos un lapso de hasta 24 horas para notificar a la Policía de Puerto Rico, aunque el reporte puede realizarse antes, según lo establece la Ley de Asistencia en la Búsqueda de Menores”, señaló Sano Rodríguez, y añadió que existe una ley federal que prohíbe periodos de espera para reportar desapariciones de menores.
Este protocolo también contempla la notificación inmediata al National Center for Missing & Exploited Children y, en casos específicos, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), especialmente si se sospecha de tráfico humano.
La mayoría de las evasiones involucran jóvenes de más de 18 años que buscan trasladarse a Estados Unidos, donde son reconocidos como adultos y pueden gestionar beneficios por su cuenta. Para prevenir estas situaciones, Familia establece visitas mensuales obligatorias por parte de trabajadores sociales a los lugares donde los menores están ubicados.
“Estas visitas no solo tienen el propósito de ver al menor, sino también de dialogar con él y evaluar el ajuste que está teniendo en ese lugar. Esto nos da señales si el menor está teniendo algún problema de ajuste para poder prevenir situaciones”, dijo la portavoz.
Además, se explicó que los trabajadores sociales pueden interactuar con los menores más de una vez al mes, dependiendo de circunstancias como citas médicas o judiciales, pero al menos una visita mensual en el lugar de ubicación es obligatoria, según el manual de procedimientos.
“Es nuestra prioridad garantizar que los menores estén seguros y evitar fugas, pero muchos escapes ocurren en momentos que están fuera de nuestro control, como en horarios escolares”, explicó Sano Rodríguez.
Esta destacó que los datos recopilados al momento del escape incluyen detalles como la dirección desde donde el menor se evadió, su condición de salud, vestimenta y cualquier diagnóstico relevante que pueda ser útil para localizarlo.
Respecto a las razones de los escapes, la funcionaria mencionó que muchos menores desean regresar al entorno familiar. “En ocasiones, lamentablemente, algunos menores son utilizados en actividades delictivas, lo que hace más difícil garantizar su protección”, señaló.
En los casos en que los menores son localizados, la agencia gubernamental realiza una evaluación para determinar las causas de la evasión, y se toman decisiones sobre su posible reubicación. Sano Rodríguez comentó que, en ocasiones, algunos menores se escapan luego de haber sido recuperados.
“Cuando el menor ya se recupera, obviamente se da un proceso de conocer las causas que motivaron el que ese menor se evadiera para tratar de trabajar con ellas. Si es necesario hacerle una reubicación y no regresarlo al lugar de donde se evadió, se hacen las coordinaciones para buscar otro lugar donde el menor pueda estar. Siempre se evalúa ese ajuste del menor y, si el menor trae alguna situación específica que motivó la evasión, se trata de trabajar con esa situación en vías de su seguridad”, aseguró.
