La Ley 85 de 2018, conocida como la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, busca transformar el sistema educativo de la isla mediante un enfoque en la equidad, la transparencia y la mejora del rendimiento académico. Uno de los componentes más innovadores de esta reforma es la creación de las Escuelas Público-Alianzas (EPA), un modelo que otorga mayor autonomía administrativa y financiera a las escuelas, permitiéndoles implementar programas educativos personalizados y adaptados a las necesidades específicas de sus comunidades escolares. A través de este modelo, se fomenta la colaboración entre el sector público y organizaciones privadas o sin fines de lucro para maximizar los recursos disponibles y ofrecer una educación de calidad.
La asignación de recursos en el sistema educativo, específicamente a través del presupuesto por estudiante (per pupil), es uno de los pilares de la Ley 85. Este cálculo considera factores como la matrícula, el nivel de pobreza y las necesidades particulares de los estudiantes, con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de los fondos. Además, la ley establece que al menos el 70% del presupuesto total debe destinarse a servicios directos para los estudiantes, promoviendo así un enfoque centrado en sus necesidades académicas y sociales.
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) tiene la responsabilidad de supervisar y evaluar la efectividad de las EPA, asegurando que cumplan con los estándares establecidos por la ley. Esto incluye garantizar la transparencia en la asignación de fondos, publicar reportes anuales sobre el uso de los mismos y medir el impacto del modelo en el rendimiento académico y social de los estudiantes. Aunque la Ley 85 plantea un marco ambicioso, su implementación ha enfrentado desafíos, especialmente en lo relacionado con la transparencia y consistencia en los datos sobre el presupuesto escolar.
A pesar de que la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico exige que al menos el 70% del presupuesto del DEPR se destine a servicios directos a los estudiantes en las escuelas, desde su promulgación, el departamento ha fallado en presentar a la Asamblea Legislativa los informes anuales requeridos bajo la ley.
Según datos del National Center for Education Statistics (NCES), en 2021, se estima que el departamento en Puerto Rico invirtió aproximadamente $7,100 por estudiante, cifra inferior a la de todos los estados de EE.UU., donde el gasto por estudiante varió entre $8,800 y $28,000, con un promedio de $15,000. De hecho, en 2021, el departamento destinó solo el 38% de su gasto total a gastos de instrucción, que incluyen actividades directamente asociadas a la interacción entre maestros y estudiantes, como salarios, beneficios y materiales educativos. Esta proporción es significativamente menor que el promedio nacional de EE.UU., que ronda en 60%, y representa la proporción más baja entre todas las jurisdicciones reportadas.
Según el “Perfil Escolar de Puerto Rico 2022-2023″, la matrícula en las escuelas públicas ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años. Por otro lado, informes de la Junta de Supervisión Fiscal indican que el presupuesto consolidado para el año fiscal 2023 incluía $4,600 millones destinados a Educación. A pesar de la reducción en la matrícula, una proporción significativa del presupuesto del DEPR se destina a gastos administrativos.
La matrícula estudiantil ha disminuido significativamente en los últimos años, pasando de aproximadamente 473,000 estudiantes, en 2006, a menos de 265,000 en 2023. Sin embargo, esta reducción no se ha reflejado en un aumento proporcional del gasto por estudiante ni en mejoras visibles en las condiciones del sistema educativo. El DEPR cuenta actualmente con aproximadamente 75,000 empleados, de los cuales más de 41,000 son maestros. Esto implica que cerca de 34,000 empleados desempeñan funciones administrativas o de apoyo. Esto resalta un desbalance en la distribución de los recursos, donde el gasto en administración limita la capacidad de aumentar significativamente el per pupil o de invertir en mejoras estructurales y académicas en las escuelas públicas.
La falta de transparencia y el incumplimiento de las obligaciones legales impiden evaluar si los recursos asignados son adecuados y se utilizan eficientemente para beneficiar a los estudiantes. La inversión por estudiante en Puerto Rico es considerablemente menor que en otras jurisdicciones, lo que podría afectar la calidad educativa. Además, la baja proporción de gastos destinados a instrucción sugiere que una parte significativa del presupuesto se destina a áreas no directamente relacionadas con la enseñanza, lo que podría limitar el impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes.
Es esencial que el DEPR mejore la transparencia en la asignación y uso de los fondos, cumpla con las obligaciones legales de informar sobre el presupuesto destinado a servicios directos a los estudiantes y reevalúe la distribución de recursos para garantizar que una mayor proporción se invierta en actividades de instrucción. Esto es crucial para asegurar que los estudiantes reciban una educación de calidad y que los recursos disponibles se utilicen de manera efectiva en su beneficio.
