La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público presentó un análisis sobre el reciente informe de auditoría de la Oficina de la Contralora sobre la legalidad de la deuda pública de Puerto Rico, donde señalan que dicha auditoría se llevó a cabo tarde, que es inconsistente en la revisión de documentos y que no toma en consideración los argumentos legales que se han levantado impugnando la legalidad de porciones significativas de la deuda pública de Puerto Rico.
“Ocho años más tarde, la Oficina de la Contralora (OC) publica este informe que deja sin respuesta a las preguntas más importantes sobre la legalidad de la deuda pública y la crisis fiscal confirmando que son pocos o ninguno los controles que existen en el gobierno para evitar que todo esto vuelva a ocurrir.”, expresó el doctor en economía, José Alameda Lozada, presidente de la Comisión Ciudadana y ex-integrante de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97 del 2015 pero eliminada por el gobierno de Ricardo Rosselló.
Según explican los portavoces de la comisión ciudadana, el informe de la OC, supone ser una auditoría de cumplimiento por lo que debe evaluar si se cumplió con los requisitos jurídicos aplicables, incluyendo si existía la autoridad legal para emitir esa deuda, los requisitos de divulgación inicial y continua de información financiera o legal relevante. Estas auditorías también deben identificar quiénes (bancos, gobierno, abogados, auditores) tienen el deber de cumplir con cuáles requisitos jurídicos y evalúan si los están cumpliendo.
“Siendo una supuesta auditoría de cumplimiento, lo primero que observamos es la inconsistencia en el uso del marco legal aplicable y da por cierto los datos oficiales en estados financieros que su veracidad ha sido cuestionada hasta en los mismos informes de la Junta de Control Fiscal y procesos de quiebra bajo PROMESA”, añadió la licenciada Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana.
En el análisis que hace la Comisión Ciudadana, que pueden acceder en el blog de comisionauditoriapr.org señalan que, pese al informe destacar los graves problemas financieros de muchas corporaciones públicas, no menciona y por tanto, no contesta, la pregunta más importante sobre el incumplimiento de todas estas agencias con su deber legal de mantener un límite de deuda ajustados a sus ingresos, requisito que ya tenían impuestos en sus normas internas como los trust agreements o resoluciones de sus juntas de gobierno.
“Es, cuanto menos, superficial el análisis que hace de las emisiones de la AEE, cuando no hace mención alguna del límite de deuda ya establecido y cómo durante años la AEE reportó como ingresos, dinero que nunca entró a sus arcas por medio de distintos subsidios, señalamiento básico en la publicación de los estados financieros de la corporación pública que lleva años en quiebra”, relató el planificador José Rivera Santana, portavoz de la Comisión.
De igual forma, la licenciada Prados Rodríguez señaló que: “la conclusión que presenta el informe de la Contralora de que la deuda de Puerto Rico es constitucional, sin mucha explicación, asume como ciertos los datos oficiales y no toma en consideración todo el litigio que se ha generado en el Tribunal Federal sobre la legalidad de emisiones de bonos que se debieron contar para evaluar si se violó o no el límite constitucional de la deuda. Estas son preguntas cruciales sin respuestas en este informe sobre la legalidad de la deuda”.
