A pesar de que el Gobierno saliente insiste en que han sembrado las bases para sacar en los años futuros a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de Puerto Rico, el Gobierno entrante expresó la tarde del domingo preocupaciones sobre todo por los proyectos incluidos en la sesión extraordinaria convocada por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia .
El pasado jueves, el primer ejecutivo adelantó que en la sesión extraordinaria incluiría una medida de incentivo reintegrable tras la Junta brindarle “el visto bueno”, puesto que los recaudos del Gobierno nuevamente sobrepasaron las proyecciones del año fiscal. Aunque no precisó detalles de con cuánto dinero se beneficiaría la clase trabajadora, dio a entender que podría ser como el incentivo del pasado verano.
Además del incentivo reintegrable, Pierluisi Urrutia incluiría en la convocatoria una medida sobre el impuesto mínimo global (IMG) y unos incentivos para desarrollos en cascos urbanos.
Ante esto, el alcalde de Bayamón y presidente del Comité de Transición, Ramón Luis Rivera Cruz, dijo a los medios de comunicación en una conferencia de prensa lo siguiente: “Hay una serie de preocupaciones genuinas, no solamente con ese tema, con varios temas, pero en cuanto a los proyectos que están incluidos en la convocatoria de la extraordinaria que hizo el gobernador, a lo cual tiene derecho, no tienen o por lo menos no pudieron suministrar que hayan hecho un análisis económico del impacto que pueden tener esos proyectos. Dos, tampoco tienen ninguna carta, ni siquiera alguna conversación donde la Junta del Control Fiscal le haya avalado el proyecto. Si eso es así, esa convocatoria tiene por lo menos tres iniciativas legislativas que el impacto económico puede ser gigantesco”.
Según el líder novoprogresista, lo importante es que la sesión extraordinaria presenten medidas que tengan estudios que validen que se pueden “convertir en una realidad” y que “no representa un problema para Puerto Rico” porque “no haya los recursos para poderlo cubrirlas”.
“De hecho, en uno de los proyectos de los $250 millones que el año pasado se le dio ese beneficio a la gente, yo me comuniqué con un contacto en la Junta de Control Fiscal y me dijo: ´Mira Ramón Luis, el año pasado nos pusimos de acuerdo y le dijimos va a ser en una sola ocasión un ‘one shot deal’, fue lo que dijeron, porque había un superávit donde podían justificarlo. Pero para un proyecto ley como este no hay ningún tipo de aval, ninguna conversación con la Junta de Control Fiscal. Y yo creo que es bueno que el pueblo lo sepa y que los legisladores también sepan eso para que tengan cuidado”, añadió.
Por su parte, el secretario del Departamento de Hacienda (DH), Nelson Pérez Méndez, respondió a preguntas de Rivera Cruz en las vistas que la Junta no presentó objeción a la medida cuando se le planteó.
De otra parte, el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero Díaz, insistió en que no es necesario presentar un informe de impacto fiscal sobre la medida del incentivo reintegrable.
“Distinto una reforma contributiva que requiere o conlleva una reducción permanente de los ingresos, aquí no se está llevando una reducción permanente. Lo que estamos diciendo es que si sobra dinero, dáselo de vuelta al pueblo, particularmente a esos individuos contribuyentes que son el jamón del sandwich. Así se hizo el año pasado. Y cuando se hizo el año pasado se hizo como una contraoferta a la oposición de la junta a una reforma contributiva. Y más importante que eso fue que se estableció desde ese momento que había una posibilidad de repetirlo el año que viene y de repetirlo el otro año. Así lo hacen muchos estados en los Estados Unidos donde si sobra dinero, devuélveselo a los contribuyentes que lo pagaron. De eso que estamos hablando. Así que esta medida de los $250 millones como crédito reintegrable no requiere un impacto más allá de poder determinar si hay sobrante. Si hay sobrante, se paga. Si no hay sobrante, no se paga”, sostuvo Marrero Díaz.
En declaraciones escritas, el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica sostuvo que “la agenda para la sesión extraordinaria convocada para la semana entrante incluye dos piezas legislativas que tienen un impacto significativo en el presupuesto de 2025. Debido a su impacto fiscal, sería más apropiado incluir esta legislación como parte de una discusión más amplia sobre el presupuesto y el sistema contributivo.
El superávit del Gobierno en el año fiscal 2024 fue significativamente inferior al del año fiscal 2023, y vemos señales de que la economía ha comenzado un periodo de desaceleración. De igual forma, existe incertidumbre sobre el futuro de Medicaid y otros fondos federales.
El Gobierno deberá mantener un gasto disciplinado para evitar que Puerto Rico recaiga en déficit y que se revierta el progreso logrado para alcanzar la responsabilidad fiscal”.
Con el componente fiscal culminaron las vistas públicas de transición, pero hay otros asuntos que se pueden discutir en vistas ejecutivas, según explicó Rivera Cruz.
