Los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA, por sus siglas en inglés) aseguraron este viernes a través de un comunicado de prensa que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos busca “despojar” de derechos fundamentales a los acreedores no asegurados de la entidad.
Según ellos, el tribunal rechazó una ronda adicional de mociones de reexamen presentadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité Oficial.
El conjunto sostiene que, apesar de los apagones continuos y las repetidas pérdidas en litigios, la JSF “hace caso omiso de los intereses de Puerto Rico” y que sus acciones señalan un “plan desastroso para extender la quiebra de PREPA mediante la continuación de litigios costosos”.
Entre los grupos que se expresaron está GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee Corporation.
“El 31 de diciembre de 2024, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito rechazó una ronda adicional sin precedentes de mociones de reexamen presentadas por la Junta de Supervisión Fiscal y el Comité Oficial que representa a los acreedores no asegurados menores de PREPA, buscando erróneamente despojar de derechos fundamentales a los bonistas. Esta es la tercera vez en los últimos seis meses que los bonistas han ganado, y la Junta ha perdido, en la Corte de Apelaciones, que ha confirmado repetidamente que los bonos de ingresos de PREPA, por un valor nominal superior a los $8.2 mil millones (que, con los intereses acumulados antes y durante los ahora siete años del caso, podrían generar una reclamación de más de $11 mil millones), están correctamente asegurados por un gravamen perfeccionado y ejecutable sobre los ingresos netos pasados, presentes y futuros de PREPA”, aseguraron.
Los bonistas creen que tienen derecho legal al interés post-petición sobre su reclamación, lo que aumentaría la misma a más de $11 mil millones de dólares y que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) tiene responsabilidad por cualquier pérdida que tengan.
“Desoyendo el rechazo repetido de la Corte a sus argumentos, la Junta anunció su intención de reanudar su estrategia fallida de imponer un plan de ajuste no consensuado, en lugar de trabajar con sus bonistas asegurados y correctamente perfeccionados en una salida consensuada de la quiebra que reconozca los derechos legales de los bonistas y financie las necesidades de financiamiento inmediatas de PREPA. Después de incumplir tres acuerdos previos, la estrategia de la Junta asegura que PREPA permanecerá en quiebra por el futuro previsible y que las medidas para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico de PREPA se retrasarán indefinidamente, en contra de los mejores intereses de Puerto Rico. Como lo demuestra el apagón en toda la isla a fin de año, el pueblo de Puerto Rico continuará sufriendo mientras los asesores de la Junta suman tarifas récord para una reestructuración municipal, que actualmente superan los $1.5 mil millones”, agregaron.
“Los bonistas tienen la intención de litigar vigorosamente estos y otros temas en ausencia de un acuerdo global. En ese sentido, el equipo de mediación designado en el caso de quiebra de PREPA ha expresado públicamente su escepticismo sobre la posibilidad de forjar un acuerdo sin más litigios, lo que ahora queda subrayado por el compromiso de la Junta de resolución no consensuada”, abundaron.
En su misiva, los bonistas dijeron estar dispuestos a resolver el caso de quiebra de PREPA utilizando tarifas que la Junta ha dicho que serían justas y asequibles.
“Además de acordar aceptar bonos de reemplazo a 50 años que no tendrían pagos fijos de principal e intereses que podrían acumularse en lugar de pagarse si es necesario, la propuesta de los bonistas también proporcionaría $2.5 mil millones de nuevos fondos para pagar la salida de la quiebra de PREPA y comenzar a pagar las mejoras urgentes necesarias en el sistema eléctrico de PREPA”, sostuvieron.
Igualmente, las organizaciones denunciaron que “el plan actual de la Junta para vulnerar los derechos de los bonistas de PREPA será largo e infructuoso”.
“Los bonistas asegurados y correctamente perfeccionados tienen derecho a que se respeten sus derechos, y el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a un sistema eléctrico confiable. El comportamiento costoso y temerario de la Junta debe terminar”, concluyeron.
