En un extraordinario desarrollo, un juez estableció el viernes que la fecha de sentencia del presidente electo Donald Trump en el proceso que se le sigue por hacer pagos para ocultar información desfavorable será el 10 de enero, poco más de una semana antes de que Trump regrese a la Casa Blanca, pero prometió que no lo mandará a la cárcel.
Sin embargo, este desarrollo deja a Trump en camino de ser el primer presidente de Estados Unidos en asumir el cargo habiendo sido condenado por delitos graves.
El juez Juan M. Merchan, quien presidió el juicio de Trump, señaló en una decisión escrita que sentenciaría al ex y futuro presidente a lo que se conoce como descargo condicional, en el que un proceso se cierra sin tiempo en prisión, multa o libertad condicional.
Merchan rechazó la solicitud de Trump de desestimar el veredicto y desechar el caso por motivos de inmunidad presidencial y debido a su inminente regreso a la Casa Blanca. El juez dijo que no encontró “ningún impedimento legal para sentenciar” a Trump y que le “competía” a él sentenciar a Trump antes de su toma de posesión el 20 de enero.
“Solo al finiquitar este asunto” se servirán los intereses de la justicia, escribió Merchan.
En mayo, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificar registros comerciales. Estos involucraban un supuesto ardid para ocultar un pago a la actriz porno Stormy Daniels en las últimas semanas de la primera campaña de Trump en 2016. El pago se realizó para evitar que Daniels publicara afirmaciones de que había tenido relaciones sexuales con Trump años antes, cuando ya estaba casado. Trump dice que la versión es falsa y que no cometió ningún delito.
Después de la elección de Trump el 5 de noviembre, Merchan suspendió los procedimientos y pospuso indefinidamente la sentencia para que la defensa y la fiscalía pudieran opinar sobre el futuro del caso.
Los abogados de Trump instaron a Merchan a desecharlo. Dijeron que de lo contrario representaría interrupciones inconstitucionales para la capacidad del presidente entrante de dirigir el país.
Los fiscales reconocieron que debería haber algún tipo de adaptación para su próxima presidencia, pero insistieron en que la declaración de culpabilidad debería mantenerse.
Sugirieron varias opciones, como congelar el caso durante su mandato o garantizarle una sentencia sin cárcel. También propusieron cerrar el caso mientras se dejaba constancia tanto de su declaración de culpabilidad como de su apelación no resuelta, una idea extraída de lo que algunos tribunales estatales hacen cuando los acusados fallecen mientras apelan sus casos.
Merchan falló que el actual estatus de Trump como presidente electo no le otorga el mismo tipo de inmunidad que se concede a un presidente en funciones y no requiere que el veredicto sea anulado ni que el caso sea desestimado, una noción que el juez describió como “drástica” y “rara”.
Hacer eso “socavaría el Estado de derecho de maneras inconmensurables”, escribió Merchan. Opinó que tampoco abordaría las preocupaciones de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial.
Trump asume la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero.
Su declaración de culpabilidad lo dejaba enfrentando la posibilidad de un castigo que iba desde una multa o libertad condicional hasta cuatro años de prisión.
El caso se centró en cómo Trump contabilizó el reembolso a su abogado personal por el pago a Daniels.
El abogado, Michael Cohen, le pagó a Daniels con su dinero. Luego lo recuperó a través de una serie de pagos que la compañía de Trump registró como gastos legales. Trump, ya en la Casa Blanca, firmó la mayoría de los cheques él mismo.
Los fiscales dijeron que la designación tenía como objetivo ocultar el verdadero propósito de los pagos y ayudar a encubrir un plan más amplio para evitar que los votantes escucharan afirmaciones poco halagadoras sobre el republicano durante su primera campaña.
Trump dijo que Cohen recibió pagos legítimos por servicios legales, y que la historia de Daniels fue suprimida para evitar avergonzar a la familia de Trump, no para influir en el electorado.
Trump era un ciudadano privado, haciendo campaña para presidente pero ni elegido ni juramentado, cuando Cohen pagó a Daniels en octubre de 2016. Era presidente cuando reembolsó a Cohen, y Cohen testificó que discutieron el arreglo de reembolso en el Despacho Oval.
Trump, un republicano, ha descrito el veredicto como el resultado “amañado, vergonzoso” de una “cacería de brujas” llevada a cabo por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata.
Antes de la elección de noviembre de Trump, sus abogados buscaron revocar su condena por una razón diferente: una decisión de la Corte Suprema federal en julio que otorgó a los presidentes una amplia inmunidad frente a procesos penales. Esa solicitud aún estaba pendiente cuando la elección planteó nuevos problemas.
El caso de los pagos a Daniels fue el único de los cuatro procesos penales contra Trump que llegó a juicio.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
