Dos organizaciones demandantes en el pleito de clase del caso Rosa Lydia Vélez contra el Departamento de Educación (DE) catalogaron como “insensible” que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) decidiera no revisar su propuesta transaccional unilateral, que pretendía liquidar y despachar las reclamaciones presentadas por los estudiantes de educación especial, sus padres y personas encargadas, en la fase de daños y perjuicios en el pleito.
El pasado 11 de diciembre, la jueza Laura Taylor Swain le solicitó al ente fiscal revisar nueve aspectos de la propuesta, entre los cuales se destacaban los siguientes:
1. Catalogar todos los reclamantes como una familia “household” y de manera uniforme a base de una cuantía de $25 mil dólares, lo que equivale a una remuneración de $5,100 bajo el plan de ajuste del Título III. (Los más de 6,500 reclamantes esperan recibir los $75 mil por persona que concede la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado).
2. La falta de definición del concepto “household”.
3. Los plazos tan cortos que tendrán las familias para notificar la aceptación o rechazo de la propuesta transaccional y la necesidad de una campaña y esfuerzo concertado para contactarlos y explicarles sus opciones.
4. Las consecuencias de no responder, responder de manera incompleta o que cada reclamante responda de manera diferente el formulario de aceptación o rechazo de la propuesta transaccional.
El 10 de enero, Carmen Warren, portavoz del Comité Timón, y Joyce M. Dávila, directora de la Alianza de Autismo de Puerto Rico, informaron a la magistrada que la JSF se negó a la revisión, lo que catalogaron como un “atropello e insulto para los reclamantes cuyas vidas fueron dañadas por la negligencia reclamada en el caso”.
Ante esto, Dávila indicó a través de declaraciones escritas lo siguiente: “Repudiamos que la Junta de Supervisión Fiscal, por conducto del Bufete Proskauer de Nueva York, haya desacatado a la jueza Taylor Swain y continúe mostrando su insensibilidad y urgencia de liquidar a la población más vulnerable de Puerto Rico para probablemente reservar esos fondos para inversionistas y bonistas. Su indignante propuesta transaccional constituye una afrenta a las miles de personas con impedimentos y sus familiares que han sufrido por más de cuarenta (40) años daños irreparables debido a los incumplimientos diarios con las leyes que protegen a los y las estudiantes de educación especial”.
La Junta optó por mantener su propuesta de oferta transaccional al amparo de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA), por lo cual los representantes legales de la mayoría de los reclamantes solicitaron a Taylor Swain que refiera este asunto al proceso de mediación bajo Título III.
Entre otras cosas, la propuesta de la JSF establece que las familias que acepten recibir los $25 mil dólares, quedarían fuera del caso. Sin embargo, los que la rechacen deberán continuar con la evaluación de sus reclamaciones bajo PROMESA.
Por ello, Warren y Dávila solicitaron una “reunión urgente” con la gobernadora, Jennifer González Colón; el designado secretario de Educación, Lcdo. Eliezer Ramos Parés; el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica; los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez; y la designada secretaria de Justicia, Janet Parra, para atender el reclamo de los demandantes.
“Hacemos un llamado urgente a todos los puertorriqueños a que nos unamos como Pueblo y exijamos a la Junta de Supervisión Fiscal el trato digno que merecen los reclamantes de este importante caso de derechos humanos de los que son más desventajados, víctimas inocentes de un sistema insensible y elitista. Llegó el momento en el cual el Gobierno de Puerto Rico y nuestra clase política, sin distinción de colores, se una al Pueblo en la defensa de los miles de adultos y menores con impedimentos y sus familiares en el caso Rosa Lydia Vélez”, destacó Dávila.
El próximo 5 de febrero se celebrará una audiencia ante la jueza Taylor Swain, en la cual se espera que se atiendan los aspectos reclamados por los demandantes en el caso, que lleva en pleito 44 años.
