El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dr. Luis A. Ferrao, enfrenta críticas por la reciente propuesta de eliminar programas académicos con baja matrícula, contenida en un documento oficial emitido el 13 de enero de 2025.
Tanto la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) como la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) denunciaron que la medida no fue consultada con los sectores afectados, lo que pone en evidencia, según señalaron, una administración desconectada de las necesidades de la comunidad universitaria.
“Esta comunicación y esta decisión de poner en moratoria programas se hacen totalmente a espaldas de la comunidad universitaria. No hubo diálogo, solo un anuncio al final del semestre pasado”, indicó el vicepresidente de la APPU, Jorge Lefevre.
El académico cuestionó la metodología empleada para justificar el cierre de programas, destacando que los análisis se basaron únicamente en el número de estudiantes que solicitan admisión desde la escuela superior, sin tomar en cuenta a aquellos que se transfieren desde otros programas durante el bachillerato.
“Estos números no reflejan cuántos estudiantes realmente están inscritos en los programas. Muchos se cambian al programa después de iniciar en otros, y eso no se contabiliza”, afirmó.
Mientras que el presidente de la HEEND, Carlos De León advirtió que la eliminación de programas académicos podría tener un impacto devastador en los recintos más pequeños, afectando tanto a los estudiantes como a los empleados. “Si eliminas programas medulares en recintos grandes como Mayagüez y Río Piedras, desestabilizas al resto de los recintos. Esto puede derivar en el cierre de recintos pequeños, lo que sería nefasto no solo para los trabajadores, sino también para las comunidades adyacentes”, explicó.
Además, resaltó que la falta de fondos y la precarización de las condiciones laborales han debilitado a la institución. “La UPR es la única agencia de gobierno que mantiene empleados por debajo del salario mínimo de $10.50 por hora. Esto ha provocado que muchas personas prefieran no trabajar en la universidad o busquen mejores ofertas laborales fuera de ella, dejando áreas críticas desatendidas”, afirmó.
Lefevre también advirtió sobre el impacto que estas medidas podrían tener en recintos más pequeños, señalando que el cierre de programas podría llevar al eventual cierre de unidades completas. “Sabemos que ha habido rumores sobre el cierre de recintos como Utuado. En un momento en que los colegios regionales son más importantes que nunca para brindar educación en toda la isla, estas decisiones parecen contradecir esa necesidad”, expresó.
Por otro lado, criticó que las medidas se justifican con argumentos financieros mientras ignoran factores como el aumento de los costos de matrícula, que, según estudios, han contribuido significativamente a la disminución de la matrícula estudiantil.
“La matrícula se ha triplicado desde la llegada de la Junta de Control Fiscal. La gerencia universitaria parece seguir un modelo privatizador, en contraste con la educación pública y accesible”, puntualizó.
El vicepresidente de la APPU instó a que se tomen acciones para revertir los recortes presupuestarios, reducir los costos de matrícula y considerar el impacto cultural, científico y social de los programas que se proponen cerrar.
Según De León, el presidente Ferrao dejará un legado marcado por la inestabilidad administrativa y laboral. “Su administración no ha defendido el presupuesto de la UPR ni ha resuelto los problemas que enfrentan los sectores laborales. No ha cumplido con los convenios colectivos, incluyendo el nuestro, que aún está en disputa porque no lo quieren implementar”, afirmó.
Un llamado a la comunidad universitaria
Tanto Lefevre como De León hicieron un llamado conjunto a la comunidad universitaria, subrayando la necesidad de que estudiantes, exalumnos, docentes, no docentes y comunidades aledañas se unan para defender los programas en riesgo y discutir las implicaciones de estas medidas.
Coincidieron en que una universidad pública fuerte y accesible es esencial para el desarrollo de Puerto Rico y enfatizaron la urgencia de exigir respuestas claras y un compromiso real del gobierno con una financiación adecuada antes de tomar decisiones que podrían tener un impacto irreversible.
