CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un concurrido refugio para migrantes en el sur de México se quedó sin médico. Un programa para brindar apoyo de salud mental a jóvenes LGBTQ+ que huyen de Venezuela fue disuelto. En Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala cerraron las llamadas “oficinas de Movilidad Segura” donde los migrantes pueden solicitar autorización para ingresar legalmente a Estados Unidos.
Apenas una semana después que inició el nuevo gobierno de Donald Trump, su orden de detener la ayuda exterior de Estados Unidos ya tiene un efecto profundo en un tema que lo impulsó a la Casa Blanca: la inmigración.
En toda Latinoamérica, las organizaciones de base que ayudan a los migrantes han sido diezmadas, el ya peligroso viaje hacia el norte se ha vuelto más confuso, y pende de un hilo el futuro de los programas para erradicar la violencia, la pobreza y las violaciones de los derechos humanos que han impulsado niveles históricos de migración en los últimos años.
Trump, a pocas horas de asumir el cargo el 20 de enero, ordenó un congelamiento de 90 días de la mayor parte de la asistencia exterior estadounidense desembolsada a través del Departamento de Estado. La decisión detuvo de inmediato miles de programas humanitarios, de desarrollo y de seguridad que tenían financiamiento de Estados Unidos en todo el mundo, y obligó a las organizaciones de ayuda y a los socios estadounidenses en el terreno a recortar a cientos de trabajadores humanitarios.
Estados Unidos es, por mucho, la mayor fuente de asistencia exterior del mundo, aunque varios países europeos destinan una parte mucho mayor de sus presupuestos. Si bien la ayuda a África eclipsa los aproximadamente 2,000 millones de dólares que recibe Latinoamérica anualmente, el hemisferio occidental ha sido por mucho tiempo una prioridad de gasto tanto de los gobiernos demócratas como de los republicanos.
La región está estrechamente vinculada con Estados Unidos a través del comercio y la migración, así como por el flujo de narcóticos. Y la creciente influencia de China y Rusia en los últimos años no ha hecho más que aumentar la importancia estratégica de lo que antes se denominaba, despectivamente, “el patio trasero de Washington”.
Ese vínculo cercano es un mensaje que el secretario de Estado Marco Rubio probablemente reforzará cuando a partir del sábado visite Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana en su primer viaje oficial al exterior.
Albergues han pedido fondos alternativos
Trump ha hecho una prioridad el disuadir a los migrantes de entrar en Estados Unidos ilegalmente, y muchos de los programas de ayuda que detuvo son financiados a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, la cual proporciona asistencia humanitaria a quienes huyen de la persecución, la crisis o la violencia.
Uno de esos beneficiarios es el albergue Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito en la ciudad de Villahermosa, en el sur de México. El refugio ha sobrevivido con dificultades para operar desde hace meses mientras las autoridades mexicanas —bajo presión de Estados Unidos para detener los flujos migratorios— trasladan allí a los migrantes detenidos en todo el país.
La congelación de la ayuda asestó otro golpe y obligó a la organización benéfica que administra la instalación a despedir a su único médico, así como a un trabajador social y un psicólogo infantil.
En los días posteriores a la orden de Trump, el refugio ha solicitado al gobierno mexicano fondos alternativos para los programas administrados por Naciones Unidas para pagar los vuelos y viajes en autobús a la frontera sur de México con Guatemala para los migrantes que quieren regresar a su hogar. Actualmente, cuatro familias de Honduras, Ecuador y El Salvador están varadas.
“La crisis se va a recrudecer”, lamentó el refugio en un comunicado. “Los más afectados van a ser la población que atendemos”.
Abuso psicológico, físico y sexual
A unos 2.400 kilómetros (1.500 millas) de Villahermosa, en Bogotá, la capital colombiana, los trabajadores humanitarios también pasan dificultades.
La ciudad es un centro importante para los más de 7 millones de venezolanos que han huido del colapso económico y el abuso del gobierno cada vez más autoritario de Nicolás Maduro. Colombia es también el punto de partida de los más de 800.000 migrantes —la mayoría venezolanos— que en los últimos dos años han emprendido la peligrosa travesía hacia el norte a través del alguna vez impenetrable tapón del Darién que conecta a Centroamérica y Sudamérica en su camino hacia Estados Unidos.
Entre los grupos de migrantes más marginados se encuentran jóvenes LGBTQ+, quienes sufren tasas significativamente más altas de abuso psicológico, físico y sexual. El Human Rights Center (Centro de Derechos Humanos) de la Universidad de California, campus Berkeley, ha preparado durante el último año un proyecto financiado por Estados Unidos para brindar apoyo en materia de salud mental a los adolescentes LGBTQ+ tanto de Venezuela como de Colombia, desplazados internamente por décadas de conflicto armado.
Leila Younes, una especialista en género libanesa, acababa de llegar a Bogotá para lanzar el proyecto cuando vio el devastador correo electrónico del Departamento de Estado con la orden de suspensión de trabajos. Tras comunicar la noticia a sus socios locales, regresó de inmediato a su hogar —y ahora el Centro de Derechos Humanos busca urgentemente 300,000 dólares para continuar con la investigación.
“Pasamos un año de preparación con nuestros socios y, de la noche a la mañana, nos dijeron que paráramos”, reportó Younes. “No hubo transición, no hubo tiempo para conseguir otros fondos”.
El primer gobierno de Trump financió varios programas
Aunque la Casa Blanca sólo suspendió la asistencia humanitaria durante 90 días a la espera de una revisión adicional, Younes dijo que no se hace ilusiones de que el trabajo —y un proyecto hermano en Polonia para jóvenes ucranianos que huyen de la guerra con Rusia— se reanude. Trump, durante la campaña electoral, criticó repetidamente a los jóvenes transgénero, y ha emitido órdenes radicales que instruyen al gobierno federal a poner fin a las iniciativas en favor de la diversidad, equidad e inclusión.
“Esto no es solo un recorte de fondos —es parte de un retroceso en los derechos LGBTQI+”, expresó Younes.
El primer gobierno de Trump financió varios programas de Colombia, Ecuador y Perú para integrar a la diáspora venezolana, así como de Costa Rica para reasentar a los opositores del presidente nicaragüense Daniel Ortega. La ayuda se alineó estrechamente con los objetivos de política exterior de Trump de aislar a los gobiernos antidemocráticos y ayudó a disuadir a los migrantes de dirigirse a Estados Unidos, refirió Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria), un grupo de expertos para mejorar la inmigración y generar políticas de integración mediante investigación y análisis, con sede en Washington.
“Es probable que veamos gran parte de la asistencia extranjera en la región entendida a través de un enfoque migratorio”, dijo Selee. “Eso significa dejar de financiar programas que apoyan a los migrantes en tránsito, pero tal vez aumentar la financiación de los esfuerzos para integrar a los migrantes regresados y a quienes ya viven en otros países de la región”.
Lo que es menos probable que se reanude, agrega Selee, es la ayuda exterior que ataca las causas profundas de la migración —una prioridad, al menos inicialmente, del gobierno de Joe Biden. Trump también ha suspendido las operaciones de las oficinas que abrió Biden en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, donde los migrantes podían solicitar asilo y tramitar otras vías legales para ingresar a Estados Unidos en lugar de caminar hasta la frontera.
“La confianza no es algo que puedas encender y apagar”
Tradicionalmente, la financiación estadounidense en Latinoamérica se ha canalizado para apoyar todo, desde la nutrición y la salud infantil, la reforma legal y la libertad de prensa. Pero con mucho, la mayor parte financia la asistencia en materia de seguridad para combatir a las pandillas, erradicar los cultivos ilegales y fortalecer el estado de derecho.
Liliana Ayalde, exembajadora estadounidense en Brasil y Paraguay, dijo que las inversiones a largo plazo en la construcción de estados, como los más de 10,000 millones de dólares gastados en el “Plan Colombia” desde el año 2000, generan una buena voluntad enorme, aunque es difícil medir la cantidad de personas que optaron por no dejar sus hogares como resultado de esa asistencia.
“La confianza no es algo que se pueda encender y apagar en una zona de conflicto”, añadió Ayalde, quien comenzó su carrera diplomática en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y es ahora miembro de la junta directiva de dos organizaciones sin fines de lucro que también vieron recortada su financiación. “Los socios no volverán a confiar en Estados Unidos si no se sienten seguros y consideran que estamos involucrados para el largo plazo”.
Eso puede ser una buena noticia para China, el principal adversario de Washington en el tema de la influencia en Latinoamérica. A medida que Latinoamérica se ha desvanecido de la agenda de política exterior de Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría, China ha hecho grandes avances gracias a miles de millones de dólares en inversiones en infraestructura y préstamos sin condiciones.
“Botellas de champán se descorchan en este momento en Beijing”, dijo Adam Isacson, quien ha estudiado las tendencias de la ayuda exterior durante años y dirige el programa de supervisión de defensa en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). “Es realmente difícil para Estados Unidos competir con un rival geopolítico cuando nosotros nos estamos desarmando unilateralmente”.
