El Talibán no tienen derecho legal a recibir los miles de millones de dólares en financiamiento reservado para Afganistán porque no está reconocido como su gobierno y está sometido a sanciones, dijo el organismo de control de la ayuda de Estados Unidos a la nación asiática.
En su último informe emitido el pasado viernes, el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán indicó también que el gobierno del presidente Donald Trump y el Congreso podrían querer examinar la posibilidad de devolver casi 4 mil millones de dólares destinados a Kabul a la “custodia y control” del ejecutivo estadounidense.
En 2022, Washington transfirió 3,500 millones de dólares en activos del banco central afgano que habían estado congelados en Estados Unidos al Fondo Suizo para el Pueblo Afgano. El fondo ha crecido hasta rondar los 4 mil millones de dólares desde entonces.
Aunque no se han realizado pagos que beneficien a la población afgana, el fondo tiene como objetivo proteger y estabilizar la economía en su nombre.
“El Talibán quiere estos fondos aunque no tiene derecho legal a ellos, ya que no son reconocidos por Estados Unidos como el gobierno de Afganistán, están en la lista de terroristas globales especialmente designados de Estados Unidos y están bajo sanciones de Estados Unidos y la ONU”, apuntó el reporte.
El informe responde a la decisión de Trump de congelar la ayuda internacional durante 90 días a la espera de revisiones para determinar si se alinean con sus objetivos políticos.
Según el informe, Estados Unidos ha gastado casi 3.710 millones de dólares en Afganistán desde que se retiró del país en 2021. La mayor parte de los fondos se destinaron a agencias de Naciones Unidas.
Hay otros 1,200 millones disponibles para su posible desembolso, añadió el documento.
La ayuda humanitaria estadounidense puede haber “evitado la hambruna” ante el colapso económico, pero no ha disuadido al Talibán de tomar rehenes estadounidenses, desmantelar los derechos de las mujeres y las niñas, censurar los medios de comunicación, permitir que el país se convierta en un “refugio seguro para terroristas” y atacar a exfuncionarios del gobierno afgano, agregó el organismo de control.
Estados Unidos sigue siendo el mayor donante para Afganistán, pero el informe indicó que gran parte de los fondos están sujetos a impuestos o se desvían.
“Cuanto más se aleja el efectivo de la fuente, menos transparencia hay”, dijo Chris Borgeson, inspector general adjunto para auditorías e inspecciones de la entidad, a The Associated Press el pasado agosto.
