Del Centro de Periodismo Investigativo
La propuesta del saliente presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao, de poner en pausa 64 programas académicos fue el último intento de buscar economías que complazcan a la Junta de Control Fiscal (JCF) para que libere fondos necesarios para la operación del sistema universitario, según muestran comunicaciones entre el Presidente, la Junta Universitaria y la Junta de Gobierno de la institución revisadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
En el comunicado de prensa en el que anunció su renuncia este lunes, Ferrao dijo que le resultaba “inaceptable” que “los impactos fiscales y las medidas draconianas que se avecinan” atenten contra “la estabilidad y misión educativa” del centro docente. No obstante, ante la Junta de Gobierno de la UPR, el pasado 30 de enero, y en noviembre, ante la Junta Universitaria, expresó estar dispuesto a reducir la oferta académica bajo la creencia de que eso produciría economías para que la JCF diera acceso a $102 millones reservados en el presupuesto de 2025.
El lunes Ferrao presentó su renuncia al presidente de la Junta de Gobierno de la institución, Ricardo Dalmau. Su dimisión será efectiva el 15 de febrero de 2025, indicó en un comunicado de prensa. Unos días antes de la dimisión, el representante estudiantil, Daniel Fernández González, solicitó a la Junta de Gobierno retirar la confianza a Ferrao, pero la votación se pospuso para el 20 de febrero luego de que el Comité Especial para la Evaluación del Presidente rindiera un informe sobre el desempeño del funcionario.
La JCF sólo liberará los fondos en reserva si la UPR cumple con lo que llaman requisitos de innovación académica, sostenibilidad operacional y financiera. Esto se desprende de la certificación del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2025. Los fondos en reserva son custodiados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y sólo serían transferidos a la UPR “tras una implementación exitosa” de las acciones solicitadas por la JCF.
Ferrao dijo a la Junta de Gobierno que las imposiciones de la JCF son uno de los elementos que consideró al solicitarle a los rectores de los 11 recintos que evaluaran los programas académicos con menos de 10 estudiantes de nuevo ingreso matriculados por tres años consecutivos. El funcionario aseguró que tal solicitud de evaluación de los programas con baja matrícula también surgió de varios estudios sobre el decrecimiento poblacional, el impacto fiscal de la baja en matrícula y los intereses educativos de los estudiantes de nuevo ingreso.
Para cumplir con el hito o acción 22 propuesta por la JCF, que habla sobre sostenibilidad financiera, la UPR debe identificar alternativas que incluyan el aspecto financiero, la operación y los servicios que se ofrecen a los estudiantes y la comunidad universitaria. Entre esas alternativas que presentaría Ferrao estaba detener la admisión de estudiantes a programas de bachillerato y grado asociado del sistema universitario con baja matrícula, según la presentación hecha a la Junta de Gobierno.
Sin embargo, la JCF negó haber requerido específicamente la moratoria de programas académicos como condición para cumplir con los hitos del Plan Fiscal del Gobierno ni del Plan Fiscal de la UPR, acceder a los fondos en reserva “ni como un camino para lograr la sostenibilidad financiera”.
“Lograr la sostenibilidad financiera se puede abordar de diversas maneras”, indicó la JCF al CPI en declaraciones escritas, sin detallar cuáles son esas maneras.
La Junta le ha impedido al sistema universitario el acceso a esos $102 millones hasta que presente “un plan detallado sobre cómo estos fondos apoyan la misión de la UPR hacia los estudiantes, el personal y/o la comunidad”.
Distinto a lo que expresó a la Junta de Gobierno y horas antes de presentar su renuncia el lunes, Ferrao le dijo al CPI que su propuesta de pausar programas académicos no tenía el objetivo de que el ente fiscal liberara la millonaria cifra.
“Todo lo relacionado con la institución se consulta dentro de la comunidad universitaria, de acuerdo con la gobernanza institucional, y no está relacionado con los $102 millones ni con el cumplimiento de los hitos de transformación”, dijo en declaraciones escritas al CPI.
Pero es un hecho que la reducción de programas académicos de baja demanda ha sido una medida pensada para cumplir con lo impuesto por la JCF y así consta en la presentación “Transformación de la UPR: Contexto, Trasfondo y Metodología en la Selección de Acciones y Cumplimiento de Hitos” que hizo Ferrao ante la Junta Universitaria el pasado 20 de noviembre.
Como parte de las medidas para la optimización de recursos académicos, la administración universitaria presentó la reducción de la “oferta de programas con baja demanda y el fortalecimiento de programas afines a las necesidades emergentes de los estudiantes y la industria”. De acuerdo con el informe, la reducción de programas ayudaría, según documentos oficiales, a cumplir con los requisitos de responsabilidad fiscal y sostenibilidad.
Aval para cerrar dos programas en Utuado
El 13 de enero, Ferrao ordenó a los rectores de los 11 campus de la UPR detener la admisión de estudiantes a 64 programas de bachillerato y grado asociado.
Dos días después, notificó a la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education que este semestre iniciaría un proceso de evaluación de la sostenibilidad financiera de los 11 recintos.
Múltiples sectores de la comunidad universitaria expresaron su rechazo a la medida al entender que no estaba justificada y que no contemplaba estudiantes de traslado o segundas concentraciones.
El 24 de enero el presidente de la UPR rectificó la orden y permitió la admisión de estudiantes en todos los programas académicos. No obstante, puntualizó que la evaluación de los 64 programas sigue y solicitó a los rectores una segunda evaluación para el 21 de mayo.
Una de las recomendaciones de la primera ronda de evaluación fue cerrar los grados asociados en Artes en Humanidades y Tecnología de la Producción Agrícola, ambos ofrecidos por la UPR en Utuado.
El informe de esa primera ronda indica que al menos 32 de los programas evaluados deben atravesar por revisión curricular y en 29 se debe reforzar los procesos de reclutamiento de estudiantes. Solicita excluir 12 programas del proceso de evaluación, debido a que sí han superado los diez estudiantes matriculados anualmente en los pasados tres años.
La comunidad universitaria se manifestó contra Ferrao el pasado miércoles, convocada por el Consejo General de Estudiantes (CGE), la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes.
Sebastián Segarra, presidente del CGE de la UPR en Utuado, repudió el cierre de programas en su campus al ampararse en que la escasez de programas académicos agrícolas podría alejar más a Puerto Rico de acceder a una sustentabilidad alimentaria en el futuro.
“Los programas de agricultura [que se buscan cerrar] son únicos en Puerto Rico. Estamos enfrentando una crisis alimentaria donde Puerto Rico produce solo un 15% de sus alimentos. Sin la agricultura sustentable que promueve el Recinto de Utuado eso solo va a empeorar. A través del trabajo agrícola vamos a echar pa’ lante. Vamos a defender la UPR de Utuado y la agricultura de nuestro país”, dijo durante la manifestación del 29 de enero.
¿Qué son los hitos o acciones correctivas impuestas por la Junta?
En la UPR, la JCF implementó desde el 2023 reservar determinada cantidad de fondos del presupuesto de la institución que se liberarán si la institución realiza cambios y ajustes “que le permitan identificar, refinar, adoptar y poner en práctica iniciativas para mejorar la excelencia académica y la eficiencia operativa”. Ese año, la JCF reservó $40 millones del presupuesto de la UPR sujetos a una reforma en las pensiones de empleados del sistema ($20 millones) y la implementación de un programa piloto para consolidar la operación administrativa de los campus de Aguadilla, Arecibo y Utuado ($20 millones).
“La UPR debe mostrar un progreso significativo hacia el desarrollo de un plan para transformar las operaciones de la UPR y priorizar las inversiones. Esta única solicitud de financiamiento incremental debe incluir objetivos y metas claras destinadas a apoyar el desarrollo económico y lograr la responsabilidad fiscal, al mismo tiempo que aborda las necesidades críticas de los estudiantes, los profesores y la infraestructura. Estos objetivos deben cumplirse para obtener acceso a los fondos”, dice la JCF en el presupuesto certificado del Gobierno para este año.
La JCF decidirá si suelta los fondos luego de evaluar la puesta en vigor de las medidas que la UPR someta para cumplir las acciones requeridas sostiene el ente en la sección 17 de la certificación del presupuesto de 2025 enviada al exgobernador Pedro Pierluisi el 30 de junio de 2024.
Para el año 2025, la JCF también condicionó la entrega de $18.8 millones que la UPR necesita para parear fondos estatales para la reconstrucción de la residencia estudiantil Torre Norte ubicada a las afueras del Recinto de Río Piedras y que quedó destruida tras el huracán María en 2017. Para liberar esos fondos, la Junta exigió a la UPR un estudio de viabilidad, un análisis financiero y un plan operacional. La liberación de esos fondos sigue pendiente de que se someta el estudio de viabilidad.
Una de las medidas fiscales impuestas por la JCF a la UPR eliminó la aplicación de “la fórmula” aplicada por ley desde la Ley 2 de 1996, y que otorga el 9.6% del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico a la universidad.
Un análisis del Centro para la Nueva Economía publicado en el 2021 revela que con la eliminación de la fórmula, la asignación del Fondo General para la UPR se redujo de $911 millones en 2017 a $466 millones en 2022, es decir, un 49%. En el año fiscal 2023-24, la aportación del Fondo General a la UPR rondó los $441 millones, la misma cantidad aprobada para el presupuesto de 2025-26.
“La fórmula” se creó, entre otras cosas, en busca de garantizar la autonomía fiscal de la UPR ante los vaivenes y cambios políticos en Puerto Rico.
Esta historia es posible mediante una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y Open Campus.
