El Zar de Energía y director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón, presentó ayer ante la Legislatura una enmienda al proyecto presentado por la gobernadora Jenniffer González para extender la quema de carbón como fuente de generación eléctrica.
La propuesta de Colón es más agresiva que la presentada por La Fortaleza y plantea extender la quema de carbón hasta el año 2035 con posibilidad de prórrogas de cinco años adicionales. El ingeniero depuso sobre el proyecto de la Cámara 267 que plantea aplazar por dos años el término dispuesto en la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” (Ley 17-2019) que fijaba el fin del uso de esta fuente de energía para el año 2028.
Colón planteó que es prácticamente imposible cumplir con la sustitución de la generación de la planta de AES en un término de dos o tres años.
“El que la ponencia de Colón sea tan distinta al proyecto que la Gobernadora presentó es altamente preocupante, y levanta serios cuestionamientos. En primer lugar habría que preguntarse ¿La Gobernadora estaba al tanto de todas las enmiendas? En segundo lugar, ¿La ponencia presentada por el Zar se discutió en La Fortaleza? Y en tercer lugar, ¿Cuál de los proyectos aprobará la asamblea legislativa del PNP?”, cuestionó el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago.
El legislador popular apuntó a que la medida legislativa bajo evaluación también eliminaría las metas intermedias de energía renovable para el 2025 y el 2040, dejando solo la del 2050.
Choque por la fiscalización
De otra parte, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés Otero cuestionó en vistas públicas la necesidad del Proyecto de la Cámara 268 para aumentar las multas a operadores privados y garantizar su cobro efectivo.
A juicio del legislador, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) no ha sido eficaz en la fiscalización con las herramientas en ley disponibles al momento, lo que provocó debate con el presidente del organismo regulador, Edison Avilés, quien era uno de los deponentes en la vista pública. La medida bajo estudio propone enmendar la Ley de Transformación y Alivio Energético (Ley 57-2014) para darle más garras al NEPR.
“La percepción que hemos tenido todos es que el Negociado ha sido poco efectivo en poder ejercer una función que por ley tiene”, cuestionó Parés.
A esto, Avilés, no tuvo la oportunidad de responder. Sin embargo, enfatizó que la aplicabilidad de estas sanciones es fundamental para mejorar el desempeño de los operadores en el sistema eléctrico. “Tiene como propósito aumentar el monto de las multas que el negocio de energía puede imponer por violaciones a las leyes y reglamentos que está facultado para implementar, así como por el incumplimiento a las entidades bajo su jurisdicción, a las leyes y resoluciones que emitan […] Permitir un verdadero disuasivo es fundamental para incentivar mejoras en el desempeño”, sostuvo.
El presidente del NEPR también detalló que las multas deberán ser cubiertas con fondos propios de las empresas sancionadas y no podrán ser trasladadas a la tarifa que pagan los consumidores.
“Se establece que al imponer una multa, el Negociado de Energía podrá ordenar que cualquier entidad del gobierno de Puerto Rico que tengan acreencias a favor de las entidades en cuanto a las cuales se imponga la multa, deposite los fondos con el Negociado de Energía hasta cubrir el monto de la penalidad. Una vez la sanción sea final y firme, el Negociado de Energía podrá cobrar el uso de estos fondos”, indicó.
Según expresado en la ponencia del NEPR, se propone aumentar las sanciones hasta un máximo de $250,000 en caso de reincidencia, eliminando el tope de $500,000 que existía previamente. Además, se plantea que el incumplimiento grave de las regulaciones pueda ser considerado un delito
