El pueblo de Puerto Rico enfrenta una crisis múltiple. Además, tiene muchas necesidades urgentes. Enfrenta la crisis climática, de salud, de vivienda, de energía, de cuidos, de educación, democrática electoral y fiscal, entre otras. Este año 2025, comenzó la tercera administración consecutiva del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyas políticas, lejos de atender estas crisis, las han agudizado.
Aun reconociendo que existen necesidades urgentes que atender para el bienestar del país, el presidente del Senado, Thomas Rivera, del PNP, ha insistido en querer aprobar —mediante la figura excepcional del descargue— proyectos que no aportan, alivian ni atienden las crisis que sufrimos. A pesar de que la gobernadora reiteró que cancelaría el contrato de LUMA, el año comenzó con un noveno aumento en la factura de la luz y ni la gobernadora ni el presidente del Senado han actuado sobre esto.
Sobre lo que, sí, han querido actuar con premura, por descargue y sin vistas públicas, ha sido para legalizar el discrimen contra las comunidades históricamente marginalizadas, legalizar la destrucción del medio ambiente, incluyendo manglares; quitarnos los derechos y libertades democráticas como las de asociación y expresión; privarnos de bienes y servicios públicos y restringir los derechos sexuales y reproductivos.
Es evidente que el PNP sabe utilizar la táctica de la división de nuestro pueblo. Porque si nos dividimos, nos debilitamos. Pero unidas, somos más fuertes. El presidente Rivera presentó estos proyectos de ley para polarizar y crear controversias. No lo permitamos. Basta ya de que algunos programas de televisión y radio quieran usar la polarización y el odio impulsado por el presidente Rivera, es decir, estas medidas de retroceso, como entretenimiento. Cambiemos la narrativa y apostemos a la unidad. Apostemos a la construcción de un frente único en defensa de nuestros derechos y libertades democráticas y para combatir las políticas antiderechos y los discursos de odio.