La gobernadora Jenniffer González Colón propuso, en una cumbre de salud organizado por la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la reactivación de un comité de trabajo dirigido al sector de salud privado para obtener datos actualizados de la industria manufacturera y biomédica.
Según la mandataria, el comité se compuso inicialmente en 2016, cuando era comisionada residente, luego de que el Congreso de Estados Unidos le solicitó la uniformidad de datos dispares que entregaban múltiples cuerpos, como el Departamento de Salud de Puerto Rico, la industria hospitalaria y el sector privado.
“Todo el mundo llevaba data (datos) distinta, con agenda distinta”, aceptó la gobernadora. “Muchas veces, el Gobierno de Puerto Rico no tiene el mismo acceso a la data (datos) que tienen ustedes (Industriales), en términos de industria. Nos tomó unos meses en lo que se logró equiparar datos del Departamento de Salud con los actuarios [y] con ASES (Administración de Seguros de Salud)”, abundó en su ponencia en la cumbre Pathways to Health: Innovation and Solutions Forum.
Abogó nuevamente por una equidad de fondos federales para Medicare Advantage — aclaró que la “paridad” de fondos implica que no es permanente — para alcanzar el mínimo a nivel nacional, que estimó serían “200 o 300 pesos más”.
“El mínimo de allá va a ser, por lo menos, 200 o 300 pesos más de lo que nosotros recibimos acá. La media son $1,099— dame el mínimo. Aún así, vamos a estar por encima de las Islas Vírgenes”, dijo sobre el territorio estadounidense que recibe $837 por beneficiario, comparado con $664 por paciente en Puerto Rico.
“Cuando compara eso (pagos por paciente), uno se tiene que molestar y cuestionar. Los números que se utilizan allá (Islas Vírgenes) son a base del costo de vida […], sin embargo, cuando se iba a hacer ese cálculo en Puerto Rico, en vez de tomar el número de la zona metropolitana, usaron el de Cabo Rojo. Estas son las cosas que uno tiene que corregir en términos de data (datos) y estadísticas”, puntualizó.
Otras estrategias que mencionó que desarrollaría para la retención de médicos son ajustar tarifas a proveedores, ampliar residencias médicas y crear un fideicomiso para el repago de préstamos estudiantiles. Destacó la próxima apertura de la residencia en Neurocirugía en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, que también daría paso a instaurar el Hospital de Trauma de Centro Médico como Nivel 1.
También dijo que va a eliminar barreras “burocráticas” de los administradores de beneficios de farmacias (PBM, en inglés), que negocian los precios de los medicamentos con las aseguradoras; crear una unidad de métricas y costos en el Plan Vital para “mayor transparencia”; reconocer obstetras como médicos primarios de embarazadas hasta un año de posparto; y crear una clínica especializada para jóvenes adultos con salud mental para vida independiente.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
