James C. Ho, hijo de inmigrantes de Taiwán y ciudadano estadounidense naturalizado, recibió un doctorado en Derecho con altos honores, en 1999, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, donde se unió al ente conocido como el Federalist Society, un bastión de los conservadores. Luego, trabajó en el sector privado, en el Departamento de Justicia y como asesor legal de subcomités de la Comisión de lo Jurídico del Senado a nivel federal. Entre 2005 y 2006, trabajó para el juez del Tribunal Supremo Clarence Thomas. En 2008, se convirtió en procurador general de Texas, sucediendo a Ted Cruz, quien se convirtió en uno de sus partidarios más fuertes en el Senado de los Estados Unidos.
En octubre de 2017, el presidente Trump nominó a Ho para ocupar un puesto en el Quinto Circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans. El Senado confirmó a Ho dos meses después. A finales de 2020, Trump incluyó al juez Ho en una lista de posibles nominados para llenar la vacante en el Tribunal Supremo, lista en la cual supuestamente permanece al día de hoy.
El juez Ho es un conservador cultural acérrimo. Apoya la libertad religiosa, y, en 2022, se comprometió públicamente a no contratar a asistentes legales de Yale, alegando que la escuela no solo tolera, sino que practica activamente la cultura de la cancelación. Se opone enérgicamente a la inmigración ilegal, argumentando que un país que no puede controlar sus fronteras no es completamente soberano.
Pero el juez Ho también es el autor de un artículo de temas legales de 2006, en el que argumentó fuertemente a favor de la ciudadanía por nacimiento, incluso para los hijos de inmigrantes ilegales. En apoyo de su conclusión, citó el texto y la historia de la 14ª Enmienda, así como los casos clave —U.S. v. Wong Kim Ark (1898) y Plyler v. Doe (1982)— en los que el Supremo ha interpretado su aplicación. En Plyler, señaló, los nueve jueces respaldaron la proposición de que los inmigrantes ilegales están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos. Esto es importante, pues la 14ª Enmienda establece estar “sujeto a la jurisdicción” de los Estados Unidos como el requisito mínimo para que los niños nacidos en los Estados Unidos sean ciudadanos al nacer. Ho concluyó su escrito haciendo un llamando a denunciar los esfuerzos para eliminar la ciudadanía por nacimiento “Dred Scott II”.
Hasta hace poco, el artículo escrito por el juez Ho era solo de interés académico. Sin embargo, a semanas de Trump 2.0, el mismo ha cobrado relevancia más allá de la comunidad legal. En el primer día de su segundo mandato, Trump emitió una orden ejecutiva destinada a eliminar la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos de madres que están presentes en los Estados Unidos ilegal o temporalmente, a menos que el padre sea ciudadano estadounidense o residente permanente en el momento del nacimiento. En respuesta a las demandas presentadas por varios estados, un juez federal emitió una orden judicial temporal contra la orden ejecutiva, calificándola como una orden “descaradamente inconstitucional”.
Si un tribunal superior no está de acuerdo, es casi seguro que esta disputa terminará en la Corte Suprema. ¿Y entonces qué? Si los jueces siguen el argumento del juez Ho, o sus propios fallos anteriores, Trump perderá. Pero en una entrevista en noviembre pasado, después de la victoria electoral de Trump, el juez Ho le ofreció a la corte una vía de escape. “La ciudadanía por nacimiento, obviamente, no se aplica en caso de guerra o invasión”, dijo. “Nadie, que yo sepa, ha argumentado que los hijos de los extranjeros invasores tengan derecho a la ciudadanía por nacimiento”. Si la caracterización de Trump de la inmigración ilegal masiva como una invasión es legalmente correcta, implica el juez Ho, la orden ejecutiva podría mantenerse.
Pero, ¿la ola de inmigración es una invasión? Entra en escena el Texas Public Policy Foundation. Esta organización firmemente conservadora fue encabezada por Kevin Roberts antes de que se fuera para convertirse en presidente de la Fundación Heritage. Brooke Rollins, quien fundó el America First Policy Institute y es la nominada por Trump para dirigir el Departamento de Agricultura, es asesora principal de la junta directiva de la fundación de Texas.
En noviembre de 2022, la fundación emitió un informe: “The Meaning of Invasion Under the Compact Clause of the U.S. Constitution”. Después de un cuidadoso análisis textual, legal e histórico, el informe concluyó acertadamente que el término “invasión” implica dos conceptos básicos: entrada y enemistad. “La entrada por sí sola, que es allanamiento, no es suficiente para constituir una invasión”, concluyó el informe. Si bien algunos grupos, como las pandillas afiliadas a los cárteles, pueden caer en la categoría de invasores, la mayoría de los inmigrantes ilegales no. Por sí misma, “la entrada ilegal de personas a Estados Unidos no puede interpretarse como una invasión”. Por lo tanto, el uso del término por parte de Trump para caracterizar la situación en la frontera sur es una metáfora sin validez ni fuerza legal.
El informe cierra de golpe y porrazo la vía de escape propuesta por el juez Ho para evitar que los hijos de inmigrantes nacidos en los Estados Unidos puedan ser automáticamente reconocidos como ciudadanos americanos.
Si el Tribunal Supremo decide atender los casos que impugnan la orden ejecutiva, los jueces se verán forzados a tomar una decisión: pueden elegir respetar el texto y la historia de la 14ª Enmienda, así como las decisiones anteriores del Tribunal, o pueden ignorar la lógica y el sentido común para darle al presidente lo que quiere, como lo hicieron en su decisión sobre el alcance de la inmunidad presidencial.
Muchos estadounidenses han llegado a considerar que el Supremo está dominado por la política en lugar de la jurisprudencia no partidista. La decisión de la corte sobre la ciudadanía por nacimiento acelerará este declive en la confianza pública o comenzará el largo proceso de revertirlo. Queda por verse, depende del buen juicio de los jueces del Supremo.
