El Tribunal Federal llevó a cabo una conferencia de estatus en el caso de corrupción que enfrenta la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini.
En la vista, presidida por la jueza Silvia Carreño Coll, se discutieron los plazos establecidos para la radicación de mociones y la solicitud de tiempo adicional por parte de la defensa. Originalmente, esta conferencia estaba pautada para principios de marzo, pero se adelantó tras una petición del equipo legal de Herrera Velutini.
Una de las solicitudes centrales vino del licenciado Luis Plaza, abogado de defensa de Vázquez Garced, quien explicó a la jueza que recientemente lograron contratar a un nuevo investigador privado y necesitarán más tiempo para la corroboración de evidencia. Esto, luego de que el último investigador privado, Roberto Vizcarrondo, falleciera el año pasado.
“Pudimos conseguir un nuevo investigador privado hace menos de un mes, no puedo prever que podamos cumplir con [el plazo de presentación de mociones dispositivas], tal vez un par de semanas después del 21 de marzo. Quizás podamos hacerlo a tiempo, pero me parece que ellos [las otras partes] estarán en la misma posición, llegaremos un poco tarde”, dijo Plaza.
En respuesta, la jueza Carreño Coll se mostró firme en mantener las fechas ya establecidas.
“Hay una fecha para el 9 de junio, tienes un tiempo considerable, no se ha demostrado que [la extensión] sea necesaria”, afirmó, añadiendo que cualquier solicitud de extensión deberá presentarse mediante moción para ser evaluada.
Por su parte, Christopher Kise, abogado de Herrera Velutini, respaldó la posición de Plaza y argumentó que hay dificultades adicionales con el manejo de la evidencia, en particular con las evidencias encontradas en los teléfonos celulares de el asesor político de la exgobernadora, John Blakeman y la expresidenta de Bancrédito, Frances Díaz, como otros más.
“Necesitamos más tiempo. Tenemos dos desafíos, cosas que están fuera de nuestro control, y lo que se ha producido. Me refiero a problemas de datos y elementos importantes que quedan por producir, los datos de los teléfonos móviles, las extracciones de dispositivos móviles, hay una combinación de datos que deben convertirse y duplicarse… Nuestros ingenieros tecnológicos han estado trabajando en esto desde antes de la conferencia de esta, y ese proceso ha estado tomando más tiempo de lo esperado […] Hay datos corruptos, el FBI no estaba organizado con los datos”, expuso Kise.
El abogado solicitó que al menos se concedieran 30 días adicionales tras el 21 de marzo para cumplir con las fechas límites establecidas, argumentando que “no nos es posible presentar estas mociones en estos plazos”.
Mientras que los abogados de Rossini no objetaron la solicitud, la fiscalía federal sí mostró resistencia a cualquier cambio en el calendario. El fiscal Ryan Crosswell argumentó que extender los plazos en este momento era “muy prematuro” y se opuso abiertamente a la petición.
Ante esto, la jueza coincidió con la fiscalía en que aún es demasiado temprano para determinar si realmente no habrá tiempo suficiente para revisar la información pendiente.
“Voy a dejar las fechas límites como está”, declaró, añadiendo, nuevamente, que cualquier cambio deberá presentarse formalmente mediante moción.
Asimismo, evaluó que cualquier extensión de fechas no debe afectar o perjudicar la fecha para el juicio, pautado para el 25 de agosto de 2025.
