Cada vez que pienso en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), viene a mi mente el ya fallecido abogado y analista político, fundador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Benny Frankie Cerezo. Escucho su voz declarando que el problema principal de Puerto Rico era la AEE. Día tras día, denunciaba la olla de grillos y de corrupción en la que habían convertido a esa corporación pública el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD). Todo el mundo sabía que tenía razón. La historia demostraba que el problema era estructural, y nadie se atrevía a meterle mano. Hoy, la AEE permanece como monumento a la incompetencia y la corrupción política de Puerto Rico. Por más que quieran enterrar la quiebra y pasar la página, la quiebra de la AEE saca la cabeza para vergüenza de todo aquel que tuvo el poder y la capacidad de hacer algo y no lo hizo.
Desde 2014, se maneja la quiebra de la AEE. De hecho, fue la situación tan deplorable de las finanzas de la AEE la que disparó toda la quiebra del gobierno. Desde 2017, la corporación pública ha estado en quiebra formal bajo el Título III de la Ley PROMESA y, a pesar de años de negociaciones y planes fiscales, la quiebra permanece.
La AEE tiene una deuda acumulada de aproximadamente $9 mil millones en bonos, además de $3.8 mil millones en pensiones. A esto se suman $700 millones que debe a prestamistas de combustible y millones más a otros acreedores no asegurados. Según el Plan Fiscal 2023 de la AEE, si no se reestructura la deuda, los puertorriqueños enfrentarían un aumento de hasta 26% en sus facturas eléctricas durante los años fiscales 2024 a 2027. En términos prácticos, esto significa pagar entre 6 a 7 centavos adicionales por cada kilovatio hora (kWh) consumido. Peor aún, sin reestructuración, la AEE necesitaría alrededor de $1,000 millones al año solo para el servicio de su deuda durante las próximas dos décadas.
En junio de 2023, la jueza Swain determinó que los bonistas solo podían cobrar de un pote específico y limitado, provenientes de ciertos ingresos designados para el servicio de la deuda, lo que redujo en teoría sus reclamaciones iniciales de $9 mil millones a $2,600 millones. Sin embargo, los bonistas apelaron, y la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston le tiró una piedra al avispero al resolver que la reclamación “permitida” a los bonistas es por un monto de $8,500 millones, aunque dejó claro que esto no implica necesariamente que reciban dicho pago. La clave ahora radica en cuánto valen realmente sus garantías y si la corporación puede cubrir esas demandas.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), encargada de las finanzas de Puerto Rico, certificó recientemente un nuevo plan fiscal para la AEE. Según Robert Mujica Jr., director ejecutivo de la JSF, operar y mejorar el sistema eléctrico requiere recursos que superan la capacidad actual de la AEE. Eso quiere decir que hoy, sin hacer un solo pago a la deuda, la AEE gasta más chavos de los que recibe. Estamos en quiebra dentro de la quiebra. Aun así, la JSF rechazó imponer cargos adicionales en las facturas eléctricas de los abonados para pagar a los bonistas, lo que habría incrementado entre 7 y 8 centavos el costo por kWh, y otros 2 centavos más para cubrir pensiones.
Ante estas limitaciones, la JSF ha revelado que buscará alternativas externas para recaudar los $2,600 millones que necesita la AEE para cerrar el acuerdo con los bonistas. Esto podría incluir apoyo desde el gobierno central o fuentes externas que aún no se han identificado. Mujica Jr. no detalla esas fuentes externas, pero no hay más fuentes externas que jugar el “power ball”, buscar un amigo con chavos que nos coja compasión o ir a la financiera de la esquina y que nos hagan un préstamo. La AEE no puede coger prestado, así que esas fuentes externas de las que Mujica Jr. habla son fuentes externas a las que el gobierno central tendrá que acudir. Que me expliquen esa.
Lo que, sí, Mujica Jr. declara con claridad es que el pueblo de Puerto Rico “no puede pagar más”. Eso lo sabemos usted y yo, pero les importa poco a los bonistas. Por lo que el director ejecutivo de la JSF también advierte que cualquier solución debe garantizar que los bonistas estén seguros de recibir su pago, ya que podrían optar por continuar litigios si no se logra un entendimiento. Eso quiere decir: yo no puedo pagar más, pero nos pueden pasar por la piedra y ponernos a pagar más.
Mientras, la desconexión masiva de abonados que optan por sistemas de energía renovable, los problemas de infraestructura y los altos costos operacionales siguen apiñándose y haciendo de este gran monumento una mole de postes, cables y acero. Según Mujica Jr., reforzar el sistema eléctrico requerirá ajustes en las tarifas y un manejo más honesto de los recursos disponibles. Para 2030, se proyecta que los gastos anuales de la AEE aumenten a $5,600 millones, un 58% más que el presupuesto de 2023. Sí, leyó bien, y sepa que el 2030 está a cinco añitos.
El futuro económico de Puerto Rico depende de resolver la crisis de la AEE. Ahora mismo, no existe solución a esta crisis que no nos cueste la calidad de vida de nuestra gente. De esta quiebra se puede hablar de manera teórica, pero va encaminada a encarnarse en el golpe más devastador para la familia puertorriqueña. Un golpe infringido por la incompetencia y la corrupción de los líderes que nos han gobernado. He ahí el monumento a la incompetencia y la corrupción en la que convirtieron a la AEE. Benny Frankie tenía toda la razón.
¡Adelante, con fe!
