Ante las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald J. Trump, líderes de distintas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron sobre las medidas, mostrando preocupación sobre los efectos que podrían tener en la ciudadanía.
Entre las órdenes de la administración Trump, se encuentra el cierre de la frontera y la deportación masiva de inmigrantes que no tengan su estatus legal en regla. A finales del mes de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por sus siglas en inglés, realizó varios operativos en la isla interviniendo y deportando parte la población dominicana del país.
Según el presidente del Comité de Derechos Humanos Dominicanos, José Rodríguez, esto ha traído una “crisis humanitaria y económica”.
“Esto va a traer una crisis humanitaria, una crisis económica y una crisis de derechos civiles en Puerto Rico y en República Dominicana, porque estas personas trabajan para enviarles dinero a su familia, si cuidaban a una anciana, limpiaban casas, llevaban niños a la escuela y tienen miedo de hacerlo. Y esos puertorriqueños que iban a trabajar tampoco van a poder trabajar”, señaló en entrevista con Metro Puerto Rico.
Además, apuntó a los acercamientos hechos a la gobernadora Jenniffer González Colón para trabajar el problema.
“Le hemos hecho un llamado a la gobernadora para ver si buscamos alguna ayuda, salud humanitaria o algo para parar esto. Hay asuntos humanitarios aquí, pero ni el consulado ni el gobierno dominicano han dicho nada ni la gobernadora. Estamos volviendo a la época, como te dije anteriormente, de cuando los negros estaban luchando por sus derechos civiles, que fueron asesinados por luchar y ganar derechos adquiridos, que ahora no quieren quitar”, manifestó.
Debido a esta crisis de deportaciones en la comunidad inmigrante, Rodríguez mencionó las estrategias y recomendaciones si algún miembro de esta comunidad se topara con ICE.
“Estamos haciendo un llamado a los inmigrantes para que tengan precaución en lo que deben hacer en una intervención. Primero, que, si tocan a su puerta, que no la abran, que mantengan la calma, y que si piden entrar a su casa, pregunten si tienen una orden de un juez, no un documento de inmigración, sino una orden de un juez, y que se la pongan por debajo de la mesa, y que esté en español, que ellos la puedan entender si no saben inglés. Entonces, que hagan silencio si lo detienen en la calle, que no tienen que dar ninguna explicación en su contra, porque lo pueden usar en su contra. Y cuatro, que si no tienen documentación para estar en Puerto Rico, que nos den información sobre su estatus migratorio, ciudadanía o lugar de nacimiento”, aconsejó.
Por su parte, Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, resaltó las actividades que están realizando en la comunidad.
“Estamos pendientes a la. La orden ejecutiva, a las redadas, apoyando en lo que uno juega a la comunidad, especialmente a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de crimen. Que estamos trabajando con directorios legales, con bancos de alimento que le podemos dar información donde pueden irlo a buscar e integrándonos en grupos y en coaliciones que están apoyando a la comunidad inmigrante en este momento”, expresó en entrevista con Metro Puerto Rico.
Otra de las órdenes ejecutivas plantea la congelación de fondos federales, situación que representaría un recorte de fondos para la Red de Nacional Albergues de Violencia de Género, los cuales son subvencionados en 70 a 95 porciento por estos fondos.
La presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Coraly León, detalló los “retos” que podrían traer estos recortes.
“Así que definitivamente esto implica un impacto grande de materializarse los potenciales recortes. Otro de los retos es que la semana pasada también se dio el cierre de todas las convocatorias de fondos que la justicia federal tenía abiertas, así que en septiembre del 2025 y pues hasta que no sepamos si se van a reabrir las convocatorias, si no se van a reabrir, pues hay mucha incertidumbre”, expuso en entrevista con Metro Puerto Rico.
Al mismo tiempo, desglosó las medidas y estrategias que están tomando para poder continuar con los servicios.
“Nosotras hemos estado primero tocando base con las organizaciones que son integrantes de la red para conocer el estatus de cada cual y entender también el impacto específico que tiene el potencial recorte de fondos. Hemos estado también comunicando sobre esta situación a donantes, en realidad haciendo un llamado a que en este momento y en este instante que puedan apoyar a las organizaciones que brinden servicios a sobrevivientes. Y otra de las cosas que hemos estado haciendo que para nosotras es bien importante es que actualmente existe la resolución conjunta del senado número 11 que en este contexto otorgaría un millón de dólares a repartirse entre los albergues integrantes de la red nacional de albergues de violencia de género”, agregó.
De igual forma, otro sector que se ha visto afectado con el cambio de gobierno ha sido la comunidad LGBTQ+. El activista de derechos humanos y presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, indicó los problemas que está enfrentando la comunidad en estos momentos.
“En el plano local, nosotros estamos pendientes a siete medidas que han sido presentadas en la legislatura, que para nosotros son preocupantes. Una de las más preocupantes es ciertamente el proyecto del Senado 1, porque da una licencia para discriminar con la excusa de la libertad religiosa, que ya está protegida en la Constitución y que no necesita legislación adicional como está para que se pongan en función. En cuanto a las órdenes ejecutivas, pero para nosotros son órdenes fascistas de Trump, nosotros estamos aquí en Puerto Rico, estamos activamente identificando personas que puedan ser afectadas por estas órdenes para, con organizaciones tanto puertorriqueñas como estadounidenses, unirnos a cualquier pleito que se haga para impugnar estas órdenes” , comunicó en entrevista con Metro Puerto Rico.
Igualmente, anunció las estrategias que implementará la Federación LGBTQ+.
“En términos de las estrategias, nosotros ya tuvimos nuestra primera asamblea anual, tuvimos 214 personas participando presencial y virtualmente y determinamos crear 20 secretarías que se están conformando en estas dos semanas. Estas secretarías van a ser el trabajo de la Federación, donde se van a tocar, hay secretarías que tienen que ver con asuntos legislativos, asuntos jurídicos, diversidad funcional, adultos mayores, niñez y juventud, género y sexualidad, entre otros. De ahí van a ser unos planes de trabajo para atender los diferentes asuntos que tenemos que atender como comunidad, por las amenazas que se presentan”, añadió.
Próximamente, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) estará anunciando una marcha en unión con más de 60 organizaciones de su frente unido para protestar ante las nuevas políticas públicas que afectan estas comunidades.
