La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico entregó una ponencia en contra de la medida que da licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa tras negársele la oportunidad de deponer en la vista senatorial en la que se consideró el Proyecto del Senado 1.
“Por más de un mes, las entidades que conformamos la Federación, exigimos participar en estas vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1, que pretende dar licencia para discriminar bajo la excusa de la libertad religiosa. Hoy se nos negó la participación, pero entregamos nuestra ponencia a la comisión senatorial en oposición a tan peligrosa medida y la compartimos, ahora, con el País”, aseveró el doctor Juan F. Caraballo Resto, miembro del Consejo Asesor de la Federación.
“La libertad religiosa no puede convertirse en una herramienta de odio, exclusión, desigualdad o discriminación. Como hombres y mujeres de fe, nos oponemos a esta medida y urgimos a cada líder religioso y a cada una de nuestras comunidades a levantar sus voces en contra de este proyecto tan peligroso. Nuestra fe nos llama al amor y la solidaridad, no al prejuicio ni al discrimen”, indicó la reverenda Agustina Luvis Núñez, miembro del Consejo Asesor de la Federación.
El pasado 13 de enero, día de la sesión inaugural de esta Asamblea Legislativa, la Federación hizo una conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio exigiendo vistas públicas. Sin embargo, no se les permitió deponer cuando han solicitado turnos para participar. El pasado 21 de febrero, la Comisión de Innovación, Reformas y Nombramientos, presidida por Thomas Rivera Schatz, convocó a la vista pública de hoy, pero al sol de hoy, no invitó a ninguna de las organizaciones que hemos solicitado participar.
“Es menester que el Senado analice profundamente los peligros de una medida que vulnera a muchas poblaciones en Puerto Rico, no tan sólo la comunidad LGBTQ+. Para poder aquilatar los alcances de dicho proyecto que pretende abrir una puerta al discrimen. Por eso pedimos que los senadores y senadoras, tanto de minoría como de mayoría, exijan que las partes que se oponen a esta medida sean escuchadas”, dijo, por su parte, el doctor Luis Rivera Pagán, miembro del Consejo Asesor de la Federación.
“Hoy nos conformamos como un panel de voces de fe, para oponernos a una medida que, en vez de proteger algo que ya está protegido, abre la puerta para que se use una creencia religiosa como excusa para discriminar. Confiamos en que este Senado actúe en defensa de la dignidad de todo ser humano y en contra del discrimen. Es su deber, pues es parte del juramento que hicieron al acceder al cargo”, añadió Sumayah Soler, miembro del Consejo Asesor de la Federación.
El panel religioso que representó a la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico estuvo compuesto por Sumayah Soler del Colectivo Interreligioso de Mujeres de Puerto Rico; el pastor George González Medrano de la Iglesia Comunitaria Metropolitana Cristo Sanador; la teóloga doctora Agustina Luvis Núñez; el doctor Luis Rivera Pagán, profesor de la Universidad de Princeton; y el doctor Juan F. Caraballo Resto, profesor de Antropología de la Universidad de Puerto Rico.
Por último, el reverendo George González Medrano, aseguró que “como cristiano, Jesús nos enseñó que quienes entran primero en su reino, son aquellas personas que la sociedad margina y vulnera. Jamás podemos utilizar nuestras creencias para negarle un servicio a una persona que no profese nuestra fe. Por eso, como líderes de fe, nos oponemos a este proyecto que es lo opuesto al amor, la empatía y la compasión a la que somos llamados las y los cristianos”.
En las afueras del Salón Leopoldo Figueroa en el Senado, el pastor de la Iglesia de Puertas Abiertas de Cabo Rojo, Pedro De Jesús Colón, manifestó su intención de participar de la audiencia pública, pero como no le fue permitido dio a conocer su postura con la medida.
“El proyecto es tan malo, que es como ellos mismos tirarse una bala en el mismo pie de ellos. Sabes, yo creo que a estas alturas Puerto Rico no necesita que las iglesias estén haciendo todo este circo hoy aquí, porque aquí lo más que hay son iglesias, porque ellos tienen unas creencias sobre la homosexualidad. Que realmente es el tema que los trae aquí a ellos, no se crean que es otra cosa. Y creo que Puerto Rico ya está cansado de ver a las iglesias haciendo este circo que están haciendo aquí hoy y al partido que tenemos de turno ahora, siguiéndole el juego a todas estas iglesias, porque le deben por los votos que le prestaron para ganar”, expresó.
Según la Federación LGBTQ+, la libertad religiosa está reconocida en la Constitución, pero con este proyecto buscan concederle privilegios adicionales a este sector fundamentalista. La medida deroga la ley aprobada el pasado año sobre libertad religiosa que experimentó cirugía mayor en la Cámara al excluir a los maestros y directivos de su alcance por las implicaciones excesivamente amplias del lenguaje propuesto tanto en el salón de clases y la dinámica escolar. La ley que pretende ser derogada (Ley 95-2024) solo protege a los estudiantes. El PS1 restituye aquel proyecto original y concede -en pleno vigor- las disposiciones excesivamente amplias de aquella medida para estudiantes, maestros y directivos.
Uno de los puntos señalados como preocupantes en el proyecto es la Sección 5, que tiene varias disposiciones excesivamente amplias. Según la Federación, esta sección otorga una licencia para discriminar al proteger el derecho de “no actuar” sin definir su alcance, lo que podría implicar que un servidor público puede negarle servicios a una persona basándose en sus creencias religiosas. También destacan que la Sección 15 reconoce una inmunidad a profesionales de servicios esenciales como médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos y abogados para que puedan discriminar sin consecuencias legales. Otras secciones de la medida permiten que empleados públicos ignoren leyes vigentes sin supervisión adecuada y sin que se pueda cuestionar la sinceridad de sus creencias religiosas.
La Federación también advierte que la medida podría afectar el acceso a servicios esenciales en áreas sensibles como la salud, la justicia y la educación. Ejemplos incluyen la negativa de un empleado del Registro Demográfico a atemperar el certificado de nacimiento de una persona trans, la negativa de un policía a atender una querella de violencia doméstica de una persona LGBTQ+, o la negativa de un profesional de la salud a atender a una persona LGBTQ+ cuya vida esté en peligro. Además, señalan que la medida podría abrir la puerta a que empleados públicos de diversas religiones se nieguen a ofrecer servicios a personas que no compartan sus creencias.
