Mucho se ha hablado a lo largo de los años sobre el famoso “Barrilito” y su hermano mayor, el “Barril de Tocino”. Dos instrumentos polémicos que han servido más para intereses políticos que para el bienestar de las comunidades de Puerto Rico. Y es que, aunque la intención original era noble – financiar obras comunitarias con el fin de mejorar la calidad de vida – la práctica ha demostrado que el resultado rara vez se alinea con ese objetivo.
Durante la campaña eleccionaria el candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, trajo a la discusión pública la necesidad de redirigir los fondos destinados al llamado barrilito a un uso verdaderamente productivo, el retiro de la policía de Puerto Rico. Luego de comenzada la sesión legislativa, la senadora Rodríguez Veve, portavoz de Proyecto Dignidad en el Senado, presentó el Proyecto del Senado 353, para cumplir con dicha propuesta programática.
No obstante, la semana pasada el P del S353 fue derrotado a viva voz por el PNP y el PPD, sin que el proyecto fuera a vista. La excusa para derrotarlo, “que el retiro de la policía ya estaba atendido con una ley aprobada el año pasado”.
Esta semana, la senadora Rodríguez Veve volvió a la carga impulsando un nuevo proyecto legislativo que busca redirigir los fondos de este nefasto barril hacia el Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico.
Una historia de oscuridad y descontrol
¿Qué ha pasado históricamente con estos fondos? Pues con cada auditoría e informe la trama se complica. La Oficina del Contralor ha evidenciado un récord desastroso. ¿Por dónde empezar? Del uso indebido de casi $9 millones del barril original en los años 90 y primeros años 2000 para cubrir “gastos no autorizados”, al hallazgo reciente sobre mal manejo de los fondos del barrilito en proyectos de rehabilitación de viviendas que, curiosamente, nunca se ejecutaron. Parece que los cheques sí llegaron, pero no a donde deberían.
Entre los capítulos más llamativos, consta cómo legisladores seleccionaron a dedo a beneficiarios de ayudas, beneficiaron a ferreterías específicas para la compra de materiales de construcción o incluso destinaron fondos para cenas navideñas y juguetes. Si crees que esto suena a guion de una mala película, espera, todavía hay más. En algunos casos, se otorgaron fondos para mejoras en propiedades privadas vinculadas a personal que administraba el programa. Sí, leíste bien.
Y lo peor es que esta “creatividad” legislativa parece ser un barril sin fondo.
Barriles inconstitucionales, pero bien resucitados
Hay que recordar el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales estos fondos en 1994 bajo el caso Noriega vs. Hernández Colón, precisamente por la falta de controles y conflictos de interés que permitían su diseño. Pero los muchachos del bipartidismo son creativos. Así, como si nada hubiese pasado, el concepto fue “revivido” en la Ley 173 de 2020. En esencia esta ley le devolvió a los legisladores, a través de la Autoridad de Tierras, el control sobre estos fondos sin la limitación de requerir leyes o resoluciones conjuntas para su desembolso.
Los resultados han sido predecibles. Recientes informes de la Contralor de P.R. señalan beneficiarios fuera de los distritos representativos asignados, contratos sin especificar propósito, y dinero que ni siquiera tiene evidencia de haber salido de las oficinas correctamente. Pero claro, cuando las reglas son vagas, siempre hay espacio para el malabarismo político.
Una propuesta con sentido común
Ante semejante jauja, el nuevo proyecto de ley presentado por la senadora Rodríguez Veve, propone redirigir esos fondos para actualizar la tecnología policial, mejorar los salarios y beneficios de los agentes, y preparar nuevas generaciones de policías con programas de especialización técnica y táctica, además de promover su profesionalización académica.
¿Cambiará el rumbo?
La triste realidad es que seguir financiando un sistema tan disfuncional como el “Barrilito” es perpetuar su corrupción e ineficiencia. Estos fondos, que deberían ser un canal de progreso comunitario, han sido usados como herramientas políticas para ganar adeptos, repartir favores y garantizar lealtades partidistas. Mientras tanto, las necesidades reales de nuestras comunidades quedan desatendidas.
Es hora de exigir un cambio. Priorizar la seguridad y profesionalización policial no solo beneficia a quienes arriesgan sus vidas para cuidarnos, sino que también refleja una intención genuina de transformar el sistema.
¿Será esta la oportunidad de acabar con la jauja del barrilito? Solo el tiempo y nuestra acción como ciudadanos en apoyo a este proyecto de ley lo dirán. Pero una cosa está clara, no hay más espacio para el barrilito.
¡Adelante, con fe!
