La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó un informe en el cual detalla los efectos adversos de las demandas por despidos, acciones disciplinarias y otras transacciones de personal, motivadas por discrimen político-partidista, acoso laboral y hostigamiento sexual, sobre las finanzas del Gobierno.
El estudio analizó la documentación de 79 de las 81 entidades gubernamentales que fueron solicitadas para proporcionar información. Según el informe, entre 2019 y 2023 se resolvieron nueve demandas sin costo para las entidades, mientras que 13 funcionarios presentaron demandas por un total de 2 millones 320 mil dólares contra seis departamentos y agencias, alegando motivos político-partidistas, acoso laboral y hostigamiento sexual.
Al 31 de enero de 2024, estaban pendientes de resolución 20 demandas civiles contra 12 departamentos, por un total de 52 millones 82 mil 544 dólares, presentadas por 60 empleados y funcionarios. Estas demandas están siendo evaluadas por el Tribunal Federal y el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico.
El informe también reveló que 25 demandas civiles, con un reclamo total de 19 millones 70 mil 400 dólares, presentadas por 89 funcionarios, estaban detenidas al 31 de enero de 2024. Estas demandas se encuentran en pausa debido a razones administrativas, motivos no especificados y la Ley Promesa.
El estudio, que cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2023, indicó que 48 entidades certificaron no haber tenido demandas o querellas durante el periodo evaluado. Sin embargo, el Área Municipal para el Desarrollo Económico en Coamo y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario no entregaron la documentación solicitada.
El Informe Especial recomendó al secretario del Departamento de Justicia orientar a los funcionarios principales de la Rama Ejecutiva sobre los efectos adversos de las acciones tomadas contra empleados por motivos político-partidistas, hostigamiento sexual y acoso laboral, así como sobre su responsabilidad como funcionarios públicos.
