La periodista dueña de la plataforma informativa multimedios Carmen Enid Acevedo tuvo que recurrir al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que se ordene a seis agencias del gobierno de Puerto Rico, incluidos la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y el Departamento de Seguridad Pública, entregar información pública sobre los empleados de confianza con sus nombres, puestos y salarios, desde año 2021 hasta el presente.
Las otras agencias incluidas en el “recurso especial de acceso a información pública” son: la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) – que administra el plan Vital -, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSEC), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Planificación de Puerto Rico.
La periodista sostiene en la demanda que entre las fechas del 29 abril y el 2 de mayo de 2024 “envió solicitudes de información a las entidades gubernamentales recurridas” requiriendo “una lista de sus respectivos empleados de confianza para el período comprendido desde el año 2021 hasta el presente”, pero ninguna de las agencias ni sus respectivos oficiales de prensa ha provisto la información solicitada.
El documento sometido el viernes 6 de junio pasado explica que todas las solicitudes de información cumplieron “con los requisitos de forma y contenido establecidos en el artículo 6 de la ley número 141 del 2019 o Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública de Puerto Rico, y que “fueron remitidas a las y los oficiales de prensa de las partes recurridas de conformidad con lo dispuesto” en ese mismo estatuto, “quienes tienen el deber de entregar la información solicitada”.
El alegato recuerda que en sus expresiones más recientes sobre este tema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que “las restricciones impuestas por el aparato gubernamental [al acceso a la información] deben responder a un interés apremiante del Estado”, y no meramente a un interés importante o sustancial”, y agrega que “en aquellos casos en los que el Estado logre invocar exitosamente algún reclamo de confidencialidad, procede entonces determinar si el interés público en divulgar la información excede el reclamo de privacidad” para lo cual debe “presentar prueba y demostrar la existencia de intereses apremiantes de mayor jerarquía que los valores protegidos por este derecho de libertad de información de los ciudadanos”.
Carmen Enid y Bonita Radio sostienen que “la información solicitada no está protegida de forma alguna por algún privilegio o reclamo de confidencialidad y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información, igualmente, las partes recurridas no han levantado ningún privilegio o reclamo de confidencialidad”.
El recurso legal pide al tribunal que ordene a las agencias recurridas entregar a Bonita Radio la información solicitada y actuar de conformidad en el futuro ante solicitudes similares de acceso a información pública.
Bonita Radio y la periodista Acevedo con interés en que se provea el acceso a la información pública están representadas por los licenciados Luis Torres Ascencio, Steven P Lausell y Jeffrey Martinez Aguiar, de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
