No hay duda de que la LUMA Energy, empresa encargada del sistema de transmisión y distribución de energía en la isla, es uno de los temas más importantes de campaña para todos los candidatos de las próximas elecciones en noviembre. No obstante, particularmente los candidatos a la gobernación tienen el reto más complejo de cara a las elecciones: elaborar una estrategia eficaz para manejar la empresa privada a cargo de nuestra red eléctrica.
Para Jorge Colberg, analista político y exrepresentante por parte del Partido Popular Democrático (PPD), ningún candidato tiene un propuesta lo suficientemente completa para dirigirse al pueblo.
“(…) yo te diría que hasta este momento, lo que yo he escuchado, me parece que las políticas públicas, uno encaminado a fiscalizar y el otro a cancelar, pues cualquiera de las dos puede ser una decisión correcta. Pero creo que las respuestas fundamentales, el día después, ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿quién se va a hacer cargo?, no se han profundizado, y entonces yo lo que creo es que cuando uno toma una decisión de política pública, uno tiene que tomarla teniendo todas las cartas sobre la mesa”, dijo el exrepresentante.
Actualmente, todos los candidatos a la gobernación han sugerido alternativas para manejar el tema del contrato de LUMA. El candidato a la gobernación por el PPD, Jesús Manuel Ortiz propuso la cancelación del contrato y el retorno de la gestión a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mientras se elabora un nuevo acuerdo con otra empresa privada; el candidato por la Alianza de País, Juan Dalmau impulsa la cancelación del contrato y la creación de una nueva corporación pública; mientras que el candidato por Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez dicta que pondrá presión ante LUMA para que cumpla los debidos acuerdos, de no hacerlo tras un periodo de 90 días, se reemplazará la empresa a una nueva organización no partidista.
Por su parte, la candidata a la gobernación por Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González comenzó su campaña impulsando la cancelación del contrato, pero ahora motiva la creación de un “zar” o comité para fiscalizar la empresa y así evitar el alto costo de la cancelación.
Para el exdirector de campaña de Wanda Vázquez, Jorge Dávila, no ha habido una propuesta más completa que la de la actual comisionada residente.
“(…) Jenniffer González ha sido consistente en el sentido de que ha denunciado la ineficiencia con la que ha trabajado LUMA. Desde un inicio y ciertamente cuando ella inició, vamos a decir, esa fiscalización, tú no veías ningún otro partido… o sea, ella entró en ese tema muy temprano en el cuatrenio, no estando en campaña, distinto a los otros candidatos que hubieran dejado silencio o no tomado acción. (…) Hay que entender que cancelar el contrato no necesariamente es la solución, sobre todo cuando no hay muchas compañías que estén dispuestas a hacerse cargo de una infraestructura que es sumamente ineficiente”, detalló Dávila.
Aunque evidentemente hubo un ajuste en la estrategia de González sobre LUMA, y para Colberg la comisionada tiene todo el derecho de haberlo hecho, sí cuestionó la especificidad con la que trae la nueva estrategia detallando que, para el presunto comité, se necesitará llevar a cabo un proceso legislativo.
“Tiene que ir a la legislatura primero porque tiene que crear esa posición, ese organismo y darle las garras a la autoridad que ella está planteando. Así que es un proceso que habría que iniciar a partir del año que viene porque ya no hay sesión en este año electoral”.
González, incluso, junto a su reafirmación de postura añadió que tras la debido fiscalización del comité incluiría una revisión e investigación del pacto que, posiblemente, podría llevar a una cancelación del contrato de la empresa privada.
“Según el contrato, la entidad gubernamental responsable de esa fiscalización es la oficina de la organización pública privada, porque en el contrato le reconoce la autoridad a esa entidad gubernamental como el organismo gubernamental que tiene el deber y la autoridad legal para fiscalizar al LUMA. Así que, sea que quieran cancelar el contrato ya como una decisión de política pública o darle un término de probatoria, la fiscalización es fundamental porque tú no puedes tampoco iniciar un proceso de cancelación de contrato que no esté fundamentado por incumplimiento contractual. Y esa es la parte donde yo veo una enorme debilidad del gobierno”, continuó Colberg.
Lo que para Dávila es más importante es que la gente vea un mejor servicio y un mejor costo de la red eléctrica, pero eso no vendrá fácil.
“Yo estoy convencido de que si al final del día la solución es cancelar el contrato, no debe hacer toda la impulsa a Jenniffer González de cancelarlo. Lo que pasa es que toma que ella llegue a la gobernación, sepa de primera mano cuál es la situación. (…) A mí me parece que Luma empezó desde el saque con el pie izquierdo. O sea, yo creo que no habían estado preparados. No tenían personas necesarias, no tenían el equipo necesario, aún habiendo estado un año en Puerto Rico previo a que se le traspasaran las facilidades a ellos. Y en ese sentido yo creo que el gobierno erró. Yo creo que entregarle las llaves sin estar seguro de que tenían la infraestructura humana y los equipos necesarios, para brindar un mejor servicio, creo que fue un error”, confesó el exdirector de campaña.
Asimismo, Colberg piensa que los candidatos reforzarán sus propuestas tan pronto estudien el contrato de la empresa, la cual tiene aproximadamente más de 300 páginas con anejos.
“En adición a eso hay lo que se llama un contrato suplementario y esto es importante que lo tengamos todos claros. Cuando se firmó el contrato de Luma la representación de las partes era que va a dar un servicio y el gobierno obviamente los recursos económicos y transferir la autoridad legal. Pero en el contrato se daba el escenario de que un número de años iba a estar estructurada la deuda. Eso no ha ocurrido porque estamos todavía bajo la revisión del Tribunal Federal. Por lo tanto, como el gobierno no ha cumplido o no ha terminado ese proceso, la Junta de Control Fiscal tiene un contrato suplementario que tiene disposiciones de naturaleza temporera o interina (…) que quiere decir que técnicamente las obligaciones contractuales de posible incumplimiento del contrato original no han entrado en vigor porque el contrato de 15 años no ha empezado”, detalló.
Aunque Dávila piensa que el presunto cambio de postura de González no la afectará, el exrepresentante piensa que es muy temprano para concluir algún cambio en la percepción de los electores.
“Si ella ve ahora o hizo un ajuste en su posición o rectificó o quiere abonar o lo ve de una manera un poco más diferente a lo que lo vio en la primaria, pues tiene derecho a hacerlo, pero debe explicarse a la gente y señalarlo de esa manera. Pero estamos en muy pocas semanas de las elecciones. Este es un tema que levanta pasiones. Todavía tenemos miles de personas sin luz, así que te puedes imaginar el contexto que se está dando este debate. Es muy complicado para todos los candidatos”, concluyó Colberg.
