En noviembre de 2014, Juan Ramos Álamo fue sentenciado a 84 años de cárcel luego tras resultar convicto de asesinar a Ivonne Negrón Cintrón de 26 puñaladas. 10 años después busca salir en libertad bajo palabra.
Luego de asesinar a Negrón Cintrón, Ramos Álamo desmembró el cadáver de la mujer de 36 años, para disponerlo en bolsas plásticas.
En una conferencia de prensa este lunes, la familia de Negrón Cintrón cuestionó contundentemente a las autoridades y agencias sobre el beneficio que se le podría otorgar al convicto, tras solo cumplir 10 años de su sentencia. El mismo se otorga bajo el amparo de la Ley 85 del 22 de octubre del 2022.
La familia no podrá emitir expresiones en la vista
La hermana de la víctima, Leila Negrón Cintrón, informó que el caso se ha retomado nuevamente, luego que su madre, Carmen Cintrón Cruz, recibió una carta de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), notificándole que Ramos Álamo tendría una vista el 22 de julio para atender su solicitud de libertad.
“Sentimos la pérdida de Ivonne y la forma despiadada en que fue asesinada, como si hubiera ocurrido ayer. Es un sufrimiento que siempre nos acompañará, pero se agrava al saber que Juan Ramos Álamo pronto podría estar en la calle, sin tener certeza alguna de una posible rehabilitación que nos permita sentir seguridad frente a una persona que demostró ser tan peligroso”, señaló Leila Negrón Cintrón.
Según detallaron en la conferencia de prensa, Cintrón Cruz y la hermana de la víctima acudieron a las oficinas del JLBP para obtener información en el cual se les entregó una copia del expediente del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Este se prepara para que la Junta evalúe el caso.
Se repite la historia: Irregularidades en el expediente del convicto del DCR
Entre sus denuncias, revelaron que la familia de la víctima no podrá emitir ningún tipo de expresiones antes o durante la vista, sino solo después.
“Contradictoriamente, la JLBP recibirá nuestra opinión a través de una funcionaria que se reunirá con nosotras, no antes o durante la vista, sino después. Ante tan restrictas oportunidades para la participación de las víctimas queremos denunciar las irregularidades que hemos encontrado en el proceso para referir al asesino de mi hermana a evaluación de la Junta”, manifestó.
Señaló, en primer lugar, que en los documentos que obtuvieron, no surge una evaluación sobre el nivel de peligrosidad del convicto ni sobre el potencial de riesgo a la seguridad que puede enfrentar el círculo familiar. Especificó que varios integrantes de la familia residen en el pueblo al que iría el feminicida y en pueblos vecinos.
En segundo lugar, levantaron bandera sobre contradicciones en los documentos considerados por el DCR, como hallazgos de la evaluación psicológica y conclusiones en los informes sobre el aprovechamiento del convicto en talleres de reeducación y rehabilitación.
Como una tercera denuncia, plantearon que hay una ausencia de un informe comunitario, en el cual se hagan indagaciones en la comunidad en la cual residirá el convicto.
Talleres provistos por Physicians Correctional
La licenciada Josefina Pantoja Oquendo, de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT), explicó que algunos de los talleres que recibió Ramos Álamo fueron provistos “por o el personal que los ofreció fue contratado por Physicians Correctional”.
”En las pasadas semanas, el escándalo y negligencia del DCR y de la compañía contratada para atender la salud de las personas privadas de la libertad sacudió al país. Se permitió que un feminicida y agresor sexual burlara el sistema para salir de prisión en ocasión de que se le dieran diagnósticos incapacitantes que no tenía y ello le dio la oportundiad de cometer otro feminicidio, el de Ivette Joan Meléndez. Nuestra desconfianza en cuanto a las evaluaciones e informes relacionados con las áreas psicológicas y conductuales de Ramos Álamo, llevadas a cabo por Physician Correctional, se justifica a la luz del precedente de Hermes Ávila Vázquez”, manifestó.
Agregaron, además, que la Ley 85 y la Ley 87 del 2020, “ha abierto la puerta para el privilegio de libertad bajo palabra sin que se tome en cuenta que la JLBP, el organismo que ejerce la discreción para concederla, no cuenta con los recursos ni el peritaje necesario para verificar de manera independiente y fiscalizadora la información que le provee el DCR”.
Pantoja Oquenda subrayó que tal realidad lo reconoció la presidenta del organismo, Aixa Pérez Mink, “en una entrevista que le concedió a Bonita Radio el pasado 23 de mayo”.
“Pobre fiscalización por parte del Estado”
Los portavoces señalaron que durante todo el proceso se defienden los derechos de las personas privadas de libertad, sin embargo, manifestaron que los de la víctima no son protegidos de igual manera.
“Es muy pobre la fiscalización por parte del Estado, como lo demuestra el caso de Ávila Vázquez […] Nuestra familia es firme defensora de los derechos humanos, incluyendo los que le corresponden a la población penal. Repudiamos la pena de muerte y no abogamos por la prisión perpetua. Pero, sí creemos que es muy difícil que en 10 años una persona que cometió un crimen tan atroz como el feminicidio de Ivonne esté rehabilitado para salir a la comunidad, sobre todo cuando existen deficiencias y contradicciones notables en sus informes y evaluaciones”, estableció el hermano de la víctima, Víctor Manuel Negrón Cintrón.
Hicieron un llamado al ejecutivo, a la Legislatura y las agencias involucradas en el caso para que revisen la legislación y “consideren los derechos de las víctimas actuales y potenciales“.
Asimismo, instaron para que se le otorguen los recursos necesarios a la JLBP para que pueda ejercer de forma autónoma, eficiente y transparente.
